ESPAÑA, PENDIENTE DE CATALUNYA
Artículo de Francesc de Carreras en “La Vanguardia” del 10/03/05, 09.45 horas
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo siguiente para incluirlo en este sitio web (L. B.-B.)
En estos años de democracia, nunca la política catalana había condicionado tanto como hoy a la política española. Hasta el año pasado las noticias sobre lo que sucedía en Catalunya ocupaban -al contrario de lo que sucedía en el País Vasco- un lugar muy secundario en los periódicos, las radios y las televisiones de ámbito nacional.
Quizás se pueda decir, con razón, que los disparates acumulados últimamente en Catalunya, o la entrevista de Carod-Rovira con ETA hace un año, tienen en sí mismas el suficiente morbo político como para ser objeto de múltiples informaciones y comentarios.
De acuerdo. Pero también es cierto que,
objetivamente, lo que sucede en Catalunya desde hace un año tiene una decisiva
repercusión en la política general española.
Ello es así por dos motivos: primero, porque el nuevo estatuto que se está
elaborando condiciona, en cierta manera, el futuro del Estado de las autonomías;
y, segundo, porque de la estabilidad del Gobierno catalán depende también la
estabilidad del Gobierno español.
Estos motivos no son independientes el uno
del otro sino que están estrechamente imbricados: muy probablemente el
desacuerdo entre las fuerzas políticas catalanas para aprobar un Estatut
conduciría a nuevas elecciones en Catalunya y plantearía un serio problema de
estabilidad al Gobierno de Madrid.
Este maldito embrollo tiene su origen en lo sucedido hace ahora un año: en el
inesperado y complejo resultado de las pasadas elecciones generales del 14 de
marzo y en los apoyos parlamentarios que respaldaron al Gobierno de
Zapatero.
Con un triunfo del PP la situación hubiera sido muy distinta. En ese supuesto, el Parlament estaría elaborando un proyecto de Estatut con la seguridad de que no pasaría el trámite de las Cortes: el PP sería el responsable del fracaso.
Pero ganó el PSOE y necesitó
el apoyo de otros grupos para que Zapatero obtuviera la
investidura: con gusto se lo prestaron ERC e IC, socios de Gobierno en
Catalunya.
Con ello Maragall quedó convencido de que, por fin, se había
convertido en el eje central de la política española: ya mandaba en Catalunya y
pasaba a mandar en España.
Zapatero, por su parte, pensó que el presidente catalán era, en el fondo, un hombre inteligente y sensato aunque, para asegurar la jugada, hizo entrar a Montilla en su Gobierno creyendo que así integraba al PSC. Grave error.
Maragall es, por naturaleza, como se está viendo, un descontrolado compulsivo: enseguida empezó a proclamar que con su gran amigo Zapatero en el Gobierno estaba despejada la vía hacia un Estatut que establecería un trato especial para Catalunya y unas nuevas relaciones con España.
En Madrid,
incomprensiblemente, hasta después del verano no empezaron a darse cuenta del
lío en que les estaba metiendo Maragall. Ahí Montilla
debe asumir su responsabilidad.
En efecto, en Catalunya el nuevo Estatut se plantea desde un punto de vista
predominante nacionalista, lo cual implica indiferencia respecto a sus
repercusiones en el resto de España.
Esta perspectiva es lógica en partidos como ERC, IC y CiU, partidos nacionalistas que actúan sólo en el ámbito catalán, pero no es lógico que la adopte el PSC, a menos que se quiera desligar del PSOE.
En todo caso, la filosofía de fondo que inspira el nuevo Estatut es nacionalista y, por tanto, es más confederal que federal y, en consecuencia, difiere radicalmente de la política de igualdad sustancial de competencias entre comunidades autónomas que viene propugnando el PSOE desde el referéndum de Andalucía de 1980 hasta el documento de Santillana del 2003.
Por otro lado, no puede ser muy distinto al que se está elaborando si quiere ser pactado con ERC. El nuevo Estatut con el que puede estar de acuerdo el partido socialista no es, pues, el que están intentando pactar los partidos del Gobierno catalán.
Puede ser cierto que buena parte de los dirigentes de ERC hayan cambiado bastante desde que comenzaran a pisar las mullidas alfombras del poder.
Es natural, tanto por la erótica que éstas
desprenden, como porque empiezan a darse cuenta de la complejidad que supone hoy
un Estado, realidad muy alejada de la que plantean habitualmente en su
demagógico discurso. Pero la demagogia tiene sus costes: ERC no
puede desdecirse tan deprisa de las cosas que han prometido.
Y ahí está su problema y, a su vez, de rebote, el problema de Zapatero. ERC está
prisionera de sus promesas y Zapatero necesita los votos republicanos en el
Congreso.
¿Cómo satisfacer JAVIER AGUILAR al partido de Carod-Rovira sin entrar en contradicción con sus propios postulados? Ahí Zapatero contaba con la complicidad, la lealtad y los conocimientos jurídicos que debía aportar el PSC. Todo ello estaba implícito en su compromiso de aprobar en el Congreso el nuevo Estatut que previamente hubiera aprobado el Parlament de Catalunya.
Pues bien, todo esto le ha fallado: la desconfianza entre el PSOE y el PSC está aflorando a la superficie. Puestas así las cosas, el choque de trenes se hace cada vez más inevitable si no se toman decisiones drásticas.
Aunque quizás sea demasiado tarde, se haya
llegado demasiado lejos y estas decisiones comporten una crisis de Gobierno en
Catalunya que afecte de forma decisiva al Gobierno de Madrid.
En ese caso, el desencadenante de la crisis no habrá sido ni el Carmel,
ni el tres por ciento, ni las últimas meteduras de pata de Maragall.
El origen del problema está en un
malentendido que empezó hace un año: Zapatero fue investido
presidente con los votos de ERC. El Gobierno de España
pende de un maltrecho hilo: del Gobierno de Catalunya.
FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.