LA CLASE POLITICA CATALANA 

 Artículo de Francesc de Carreras  en “La Vanguardia” del 15-9-05

 Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

Si este proyecto de Estatut fracasa la responsabilidad no será de los catalanes, sino de una clase política incompetente. Por tanto, tranquilos. Algunos políticos cesarán en sus funciones y vendrán otros. Esto es una democracia. Parece que el Estatuto debe aprobarse para salvar a la clase política que lo ha elaborado. Perversa inversión de los términos.

Este verano han sonado todas las alarmas por la suerte que podía correr el proyecto de nuevo Estatut. Bru de Sala sostenía el martes en estas páginas que si el texto no se aprueba en el Parlament autonómico será "una catástrofe" que sumirá a Catalunya en "el peor de sus fracasos políticos en siglos". Decir que exagera es ser muy suave: si no recuerdo mal algunos catalanes de una cierta edad todavía se acuerdan de una Guerra Civil y muchos más recordamos la dictadura franquista. ¿O es que Catalunya -lo que Bru entiende por Catalunya- no tuvo alguna responsabilidad en tales hechos? ¿No fue aquello una catástrofe y un fracaso de Catalunya y para Catalunya? Todas las opiniones son posibles en este disparatado momento de la política catalana.

En todo caso, si el proyecto no se aprueba en el Parlament el fracaso será, únicamente, de la actual clase política, no será un fracaso de los catalanes: demos, por favor, a cada uno lo suyo. Y en la clase política deben incluirse, por supuesto, unos columnistas que durante el último año y medio han presentado de forma triunfal un proyecto que desconocían y unos juristas que han hecho unas propuestas contrarias a la generalidad de la doctrina y de la jurisprudencia. Un país en el que se descalifica alegremente a los críticos, se les arrincona para que no molesten, casi se les despoja de su condición moral de ciudadanos, se enfrenta a la corta o a la larga con problemas, con serios problemas.

Esto es lo que ha sucedido. Lo patriótico era decir que todo iba bien y que con el nuevo Estatut seríamos todos felices y que una nueva etapa comenzaba en Catalunya. Pues nada, adelante, hasta el fracaso final. Los políticos que sólo consultan a aquellos que saben que les dirán lo que ellos quieren escuchar son, simplemente, unos malos profesionales de la política. Cuando se estrellen no deben dar pena alguna.

Por tanto, si este proyecto de Estatut fracasa la responsabilidad no será de Catalunya ni de los catalanes, sino de una clase política que habrá demostrado su incompetencia. Y punto. No dramaticemos más de la cuenta ni busquemos responsables allí donde no los hay. La sociedad catalana seguirá regida por el actual ordenamiento jurídico -entre otras normas, por el buen Estatuto vigente- que le ha suministrado una época de crecimiento económico, bienestar social y libertades públicas como nunca había tenido a lo largo de su historia. Por tanto, tranquilos. Algunos políticos cesarán en sus funciones y vendrán otros. Esto es una democracia. No hagamos catastrofismo. La sensación de estas últimas semanas es que asistimos al patético espectáculo de que el proyecto de Estatuto debe aprobarse para salvar a la clase política que lo ha elaborado. Perversa inversión de los términos.

Que algunos ahora se den cuenta de que el abismo puede estar cerca denota su escaso o nulo conocimiento de lo que se estaba tramando. Porque el problema central del proyecto de Estatuto no son preceptos concretos, fácilmente enmendables en el proceso parlamentario, sino su filosofía de fondo, conocida desde hace tiempo. Se ha partido de la vieja idea de que en la Constitución no había un modelo de Estado autonómico. Ello podía ser cierto en 1978, cuando sólo existía el texto constitucional, sin desarrollo ni interpretación ninguna. Pero 25 años después la Constitución ya no es el simple texto inicial sino un conjunto de preceptos que han sido interpretados por la jurisprudencia constitucional, la práctica legislativa y la doctrina. Es decir, una norma muy distinta a la de 1978.

Los juristas que han ideado este proyecto de nuevo Estatuto han practicado el adanismo constitucional: con nosotros empieza todo, podemos prescindir de lo ya establecido y consolidado. Así no se construye un sistema jurídico estable. La prudencia es un requisito imprescindible del buen jurista, del jurisprudente. Esa virtud ha faltado. El resultado está a la vista, pero ya lo estaba también cuando todo empezó, hace más de un año. El punto al que hemos llegado ya era entonces previsible: las ideas fuerza estaban escritas y publicadas.

El profesor Joaquín Tornos, un jurisprudente, presidente del Consell Consultiu, recomendó al entregar el dictamen elaborado por esta institución que los políticos "leyeran con calma sus argumentaciones". Fíjense: sus argumentaciones. Los políticos no han seguido el consejo: sin calma alguna han ido directos a leer sólo las conclusiones y, en el mejor de los casos, modificarán algunos de los preceptos allí señalados como inconstitucionales.

El dictamen establece en su primer fundamento una doctrina sobre el alcance y la función de los estatutos en nuestro sistema constitucional que tiene capacidad suficiente como para demoler todo el proyecto. Ciertamente, en el resto del dictamen esta doctrina no se aplica con el debido rigor ni se lleva hasta sus últimas consecuencias. Mediante interpretaciones forzadas se intentan salvar demasiados muebles. Pero leído con atención, sus argumentaciones dicen mucho más de lo que reflejan las conclusiones finales. Había que leerlo con calma y esta tarea no se ha hecho. Se expurgarán los flecos más groseros, pero quedará el tronco, la estructura básica, aquello que el dictamen desmantela en su fundamento primero.

Al fin y al cabo, si hay acuerdo político en Catalunya, el texto pasará a Madrid. La clase política catalana se habrá salvado por unos meses: la patata caliente habrá pasado a otras manos. La incompetencia nunca cesa.


Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.