LA LENGUA EN EL NUEVO ESTATUT

 Artículo de Francesc de Carreras  en “La Vanguardia” del 18.05.2006

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

La política lingüística de la Generalitat ha sido una de las materias polémicas de los últimos años. El nuevo Estatut regula ampliamente el uso de las lenguas, ampliando la escasa regulación contenida en el Estatut vigente: de un solo artículo se pasa a nueve, algunos de ellos de una gran extensión.

Los principios generales que aparentemente los inspiran son dos: la no discriminación de las personas por razón de lengua y el derecho de opción lingüística ante los poderes públicos. Parecen unos buenos principios para llevar a cabo una política bilingüista adecuada a la realidad social.

Sin embargo, en el articulado estatutario no se respetan estos principios que se proclaman ni se desprende del texto una situación razonablemente igualitaria entre ambas lenguas.

Así, el nuevo Estatut recoge, en buena parte, los elementos básicos de la actual regulación lingüística y le añade nuevos elementos que empeoran la situación y que examinaremos en un próximo artículo. El resultado es la desigualdad clara entre el uso del catalán y del castellano en la esfera pública fundada en una interpretación, a mi modo de ver inconstitucional, sobre el concepto de lengua propia.

En efecto, si bien se reconoce al catalán y al castellano como lenguas oficiales en Cataluña, una de ellas -el catalán- lo es por ser la lengua propia y otra -el castellano- lo es, simplemente, por ser la oficial en todo el Estado. De ahí deduce el legislador estatutario que el catalán es la "lengua de uso normal y preferente" en la Administración, en los medios de comunicación públicos y en la enseñanza. Como sabemos por la experiencia actual, "uso normal y preferente" se traduce en la práctica por "uso habitual y único". El nuevo Estatut, por tanto, se orienta claramente hacia el monolingüismo en lugar de propugnar el bilingüismo en coherencia con lo establecido en la Constitución. Así pues, discrimina y no integra. Aparte de su más que probable inconstitucionalidad, este precepto (el art. 6.1 del nuevo Estatut) hace algo todavía peor: olvida la situación social. Veamos.

Las lenguas, como es obvio, no las hablan los territorios sino las personas. En Catalunya, si bien la casi totalidad de la población entiende perfectamente las dos lenguas y la mayoría se expresa en ambas de forma suficientemente correcta, los ciudadanos tienen como lengua propia -materna, habitual, primera lengua, como se le quiera llamar- tanto el catalán como el castellano, más o menos a partes iguales. El legislador debe tener en cuenta, antes que nada, la realidad social y nuestra realidad social indica que las lenguas de los catalanes -ojo, no de una imaginada Catalunya metafísica y esencialista sino de los catalanes, de los ciudadanos catalanes realmente existentes- son para unos el catalán y para otros el castellano. Para comprobarlo sólo hace falta salir a la calle y darse un paseo. Yno es el catalán sino el castellano el que hace que Catalunya pueda seguir siendo una tierra de acogida, algo absolutamente necesario, tanto cultural como económicamente, en el globalizado mundo de hoy.

Pues bien, el nuevo Estatut parece que sólo ha legislado pensando en la mitad de estos catalanes y, en realidad, ni siquiera ha legislado para esa mitad, ya que somos muchos los que, siendo de lengua materna catalana, consideramos como propias a ambas lenguas y creemos que el bilingüismo es un bien positivo, una realidad que debemos aprovechar y que dilapidarlo empobrece nuestras posibilidades culturales y económicas.

Una Catalunya con instituciones políticas y administrativas que sólo utilicen el catalán aleja a muchos catalanes de la cosa pública, es decir, discrimina a una parte de la población: la Generalitat es vista como algo ajeno, una institución "para los catalanes de lengua materna catalana", no la institución de todos. Y, por otro lado, una Catalunya en la que se enseñe sólo en catalán -a excepción de los elitistas colegios extranjeros, en los que no hay plazas libres precisamente por este motivo- nos perjudica, además, económicamente, porque los inversores no quieren establecer aquí sus empresas dada la dificultad de atraer a buenos técnicos con hijos en edad escolar exclusivamente por esta circunstancia. También por este mismo motivo, muchos jueces que han ganado su plaza en Barcelona piden el traslado y así se empeora la calidad de nuestra justicia.

Hay una gran parte de la sociedad catalana que es consciente de los problemas que causa la política lingüística y permanece callada, no se atreve a decir lo que piensa por miedo a indisponerse con el poder político o con su entorno social y familiar. Lo resuelve llevando a sus hijos al Liceo Francés o a los colegios en lengua inglesa que tanto han proliferado. Sus hijos quedan a salvo y además aprenden una tercera lengua. Pero deberían comprender que la situación perjudica a la sociedad en su conjunto, es decir, a la larga, también a ellos. La decadencia de Catalunya ha empezado, lentamente, hace ya unos años; y sin un cambio de dirección no superaremos la actual deriva.

Catalunya es una sociedad bilingüe y ello es bueno y enriquecedor. Es más, el catalán sólo sobrevivirá si este bilingüismo se practica también en las instituciones, en la escuela, en los medios de comunicación públicos. La competencia fortalece, el proteccionismo debilita. El nuevo Estatut consolida una mala política lingüística y la empeora. Se ha perdido una ocasión de rectificar.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB