LA MORDAZA CATALANA

 Artículo de José Javier Esparza en “El Semanal Digital” del 21.12.05

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

21 de diciembre de 2005.  Lo que le faltaba a Cataluña para ser una completa anomalía en Europa era una legislación contra la libertad informativa, una ley mordaza. Ya la tenemos con esa iniciativa que atribuye al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), institución designada por el parlamento autonómico, potestad para decidir cuándo una información es veraz y cuándo no, y para autorizar (o vetar) las modificaciones en el capital accionarial de los medios catalanes. Como corresponde a toda buena ley mordaza, la norma prevé severas sanciones económicas. Todos a callar.

Esta ley es una pésima noticia por muchos conceptos. Es mala para la libertad en Cataluña, porque pone un instrumento de control ideológico en las mismas manos que conceden, "administrativamente", las antenas y las frecuencias. Es mala para la libertad de expresión en general, porque atribuye a una instancia política el derecho a decidir sobre la verdad. Es mala para los periodistas, porque instituye una suerte de tribunal de honor al margen de (y en conflicto con) los tribunales ordinarios, donde hasta ahora se ventilaban estas cosas. Es mala para los demás consejos audiovisuales, que se idearon para defender a los ciudadanos, no para proteger a los poderosos. Y es mala, en fin, para la inteligencia: a partir de ahora, una información podrá ser veraz o mendaz según el territorio.

Seguramente se hablará mucho del alcance de esta ley y de las capacidades reales del CAC para decidir sobre tales o cuales cosas. Se adornará el muñeco con cintas de colores y alguien lo perfumará. Tampoco faltará quien desvíe el debate metiendo por medio la necesidad (bien real) de proteger a los espectadores ante los abusos de la televisión. Ahora bien, todo esto es secundario en el plano político. Porque, en ese plano, lo que tenemos es crudamente esto: por primera vez desde la caída del Muro de Berlín, una institución política europea adopta una ley deliberadamente encaminada a reducir la libertad de expresión.

Nadie en Cataluña –ni en ninguna otra parte- había sentido jamás la necesidad de ponerle colmillos al CAC. Nadie hasta que Carod pactó con ETA, hasta que se hundió el barrio del Carmelo por incuria municipal, hasta que Maragall hizo saltar el escándalo de las comisiones del 3%, hasta que la OPA de La Caixa se cruzó con las deudas impagadas de Montilla. Sólo después de todo eso, es decir, después de que los medios de comunicación hayan puesto al descubierto el lodazal político catalán, se ha sentido la necesidad de legislar la "veracidad" de las noticias. No hace falta decir que la información sobre todos esos escándalos ha sido estrictamente veraz: nadie se ha inventado nada. El poder catalán lo sabe, vaya que si lo sabe. Por eso legisla ahora en esta dirección: se trata de lapidar al mensajero. Ha nacido la lapidación preventiva.

Cataluña ya era una anomalía en Europa. Ahora esa anomalía empieza a adquirir tintes monstruosos.