CIU RALENTIZARÁ EL ESTATUTO PARA QUE EL PSOE LE ENTREGUE TAMBIÉN EL PRAT
Amenaza con prolongar el debate en el Senado para impedir que el referéndum se celebre en junio - El TC rechaza por 7 a 5 el recurso del PP contra la forma de tramitación
Informe de Fernando Garea en “El Mundo” del 16.03.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web.
Casi todas las parejas habituales cambiaron ayer en la Comisión Constitucional del Congreso que debate el proyecto de Estatuto de Cataluña en una larga sesión llena de sobresaltos y matices. Tanto, que PSOE y PP unieron sus votos para eliminar del texto la cesión del aeropuerto de El Prat (Barcelona), la creación de selecciones deportivas catalanas que compitan internacionalmente y la transferencia del pago de prestaciones por desempleo.
Enfrente de socialistas y populares estuvieron por un momento los partidos catalanes, y especialmente CiU, con quien el PSOE ha pactado el resto del articulado. Por un día, y durante un rato, se estuvo más cerca del pacto constitucional que del acuerdo del Tinell. Otro cambio de parejas se produjo cuando los diputados del PSC que representan al Parlamento de Cataluña votaron distinto que el PSOE en el rechazo a la cláusula sobre la cesión de El Prat.
El resultado es que esos tres asuntos desaparecen del Estatuto y CiU tiene decidido hacer lo posible para ralentizar el proceso en el Senado y acabar con el calendario pactado por Zapatero y Artur Mas para que el referéndum se celebre en junio. Salvo que el Gobierno cambie de opinión antes de mañana.
En teoría, si se consuma la amenaza a quien más perjudica es a José Luis Rodríguez Zapatero, que había previsto sacar en junio el Estatuto del calendario político. El malestar y la discrepancia de CiU no llegan al extremo de votar en contra del texto, pero sí sirven también para alejar casi definitivamente a ERC del sí. Viene a ser como un recurso al pataleo, dando por perdida la transferencia de El Prat.
El PP primero votó en contra de las enmiendas del PSOE que matizaban esos apartados del texto del Estatuto catalán y luego forzó a los socialistas a coincidir con ellos en la supresión de esos preceptos. Lo contrario hubiera sido aceptar la cesión de la gestión de El Prat y la creación de lo que el Estatuto originario llamaba las «selecciones deportivas nacionales». En esos dos temas, el Gobierno a día de hoy se ha plantado.
Los independentistas pidieron ayer a Alfonso Guerra que reabra la ponencia para discutir los asuntos sin acuerdos, pero el presidente de la Comisión Constitucional rechaza la solicitud sin que ni siquiera se haya planteado formalmente.
La situación es que el viernes se debaten y votan la financiación y las disposiciones finales. En estas últimas sería posible que se introdujera la cesión de la gestión del aeropuerto. El problema es que no hay casi negociaciones abiertas, porque las posiciones son de blanco o negro: el Gobierno no acepta ceder la mayoría del consorcio y los nacionalistas no admiten que el Estado lo controle.
Lo único que hizo el PSOE fue ofrecer a última hora una genérica disposición final que recoja un compromiso político y genérico, que no fije mayorías en el consorcio y que aplace el conflicto a una futura ley específica. Hoy volverán a hablar.
El martes será la última sesión, dedicada sólo al preámbulo, y la votación global y se llevará al Pleno del día 30 de marzo.En el Pleno no se pueden introducir más enmiendas, según aclaró ayer Guerra. Sería posible en el Senado, pero el PSOE se había conjurado con los partidos catalanes para no hacerlo, de forma que el texto no volviera al Congreso y pudiera someterse a referéndum en junio. CiU y ERC pueden unir sus fuerzas al PP en el Senado para frenar la tramitación y volver a debatir los aeropuertos.Si lo logran, el asunto seguirá castigando a los ciudadanos y la vida política hasta otoño. El más beneficiado sería el PP, que mantendría su filón de desgaste al Gobierno.
PSOE y CiU sí lograron pactar ayer otros asuntos pendientes; por ejemplo, para que la Generalitat participe en la gestión de los paradores y para que tenga competencias exclusivas en «la determinación de los requisitos y las condiciones de ejercicio de las profesiones tituladas». Estas discrepancias no solventadas fuera de la Comisión taparon, en todo caso, el intenso debate sobre la distribución de competencias.
Esta vez el PP, con Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, huyó del brochazo gordo de otros portavoces de su partido en favor de la pincelada jurídica fina, casi competencia por competencia, para sostener lo que para ellos es una clara inconstitucionalidad del proyecto.
Enfrente, el socialista Ramón Jáuregui y el independentista Joan Ridao respondieron con igual fineza y detalle, con profusión de citas y referencias a la jurisprudencia.
El debate transcurrió entre la «poda excesiva» que, según Ridao, se ha producido y el «maquillaje» que sostiene el PP. En medio, Jáuregui hizo una comparación con un ciruelo con ramas excesivas que hay que arreglar para que dé sus frutos que prendió en la sala, hasta convertirse en la metáfora más citada.
El socialista recordó que, de 63 artículos que traía este título, se han modificado 62, para dejarlo perfectamente constitucional.
Los populares, por contra, aseguraron que se refuerza la desigualdad entre Cataluña y el resto de comunidades, ya que se invaden competencias estatales, se ceden otras que afectan a derechos constitucionales y se reduce al Estado a la mínima expresión. En su opinión, se obliga al Estado a consultar a Cataluña para cada una de sus decisiones, lo que en la práctica dificulta su actuación. Más aún si se extendiera a todas las comunidades.