UNA PROPUESTA PARA QUE SE CUMPLA LA CONSTITUCION EN CATALUÑA
Editorial de “El Mundo” del 05.12.05
Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.
Pasqual Maragall se desplazó ayer a San Sadurní, la capital del cava, para pedir que los españoles no boicoteen los productos catalanes. Estamos de acuerdo con su planteamiento. Un boicot de este tipo sería arbitrario, injusto y contraproducente.
Pero jamás hemos escuchado a Maragall y sus socios de Gobierno denunciar la discriminación que sufren los castellanoparlantes en Cataluña, que se traduce en multas a los comercios que rotulan su mercancía en español, fomento de denuncias anónimas desde la Generalidad y progresiva postergación de la lengua común en la enseñanza.
El PP va a presentar en el Congreso en los próximos días una proposición no de ley, en la que insta al Gobierno a «garantizar que no se persiga a ningún ciudadano español por la lengua que utilice». El PP recuerda en esta proposición que el artículo 3 de la Constitución declara al castellano como «la lengua oficial del Estado» y señala que todos los ciudadanos tienen el derecho a usarla y el deber de conocerla.
Es evidente que la política lingüística de la Generalidad ha roto el equilibrio que establece la Constitución y el propio Estatuto vigente, que indica que las dos lenguas son cooficiales y se pueden utilizar de forma indistinta.
El nuevo Estatuto aprobado por el Parlamento catalán sigue proclamando la cooficialidad de las lenguas, pero ello se queda en mero enunciado retórico cuando se lee su articulado. El Estatuto dice que el catalán será la única lengua a utilizar por las instituciones y la administración de la Generalidad, que tendrá primacía en el aspecto cultural y en los medios de comunicación y que todos los funcionarios deberán hablarlo. Igualmente se apuesta por el catalán como vehículo educativo, relegando al castellano en la práctica a segunda lengua.
Lo que el Estatuto marca es lo que la Generalidad lleva haciendo desde hace dos décadas con la llamada política de normalización lingüística -intensificada por el tripartito- eufemismo que encubre la marginación del castellano en favor del catalán.
La propuesta del PP no va a servir para paliar esta situación, pero merecería ser aprobada para evitar, por lo menos, que nadie pueda ser multado o censurado por utilizar el castellano en Cataluña.
Es muy probable que los nacionalistas reciban esta proposición como una agresión del PP, al igual que reaccionaron ayer ante la manifestación del sábado en defensa de la Constitución. El consejero Huguet, dirigente de ERC, afirmó que «el PP juega con fuego al excitar los resortes del franquismo».
Este es el problema. La simple reivindicación de los valores que consagra la Constitución es vista como un ataque y ello a pesar de que no hubo en el acto del sábado ni un solo grito ni un solo insulto contra el nacionalismo catalán. Si Maragall y sus socios quieren que se les respete, deben empezar por respetar a quienes no son nacionalistas, que ven pisoteados sus derechos todos los días.