ZAPATERO NO PUEDE ACEPTAR UN 'ESTATUT' SOBERANISTA
Editorial de “El Mundo” del 13.06.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
La cumbre de todos los partidos catalanes sobre la reforma del Estatuto, convocada el sábado por Maragall con gran despliegue publicitario, no fue precisamente un éxito. Hubo pocos avances -por no decir ninguno- sobre los temas más espinosos y sólo se llegó al acuerdo, con el rechazo del PP, de que Cataluña sea definida como «nación». El presidente de la Generalitat, ocupado hasta la obsesión con la reforma del Estatuto, sigue empeñado en que el texto esté listo antes del 31 de julio. Pero será muy difícil que pueda lograrlo porque los planteamientos soberanistas con los que se está debatiendo el nuevo Estatuto hacen imposible que Zapatero y el PSOE puedan aceptarlos.
Hasta Maragall están llegando advertencias, procedentes incluso del propio PSC, para que no siga por ese camino. En este sentido se pronunció ayer Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional a la que corresponde debatir el texto del Parlamento catalán.Guerra se opone a que Cataluña sea definida como «nación» porque «dentro de cinco, diez o quince años, puede haber alguna fuerza política que quiera convertir» a la nación catalana «en un Estado».El Gobierno socialista y sus soportes doctrinarios han sostenido que no hay que perderse en debates nominales porque, en el fondo, que Cataluña se defina como nación es una concesión sentimental sin trascendencia.
Alfonso Guerra, nada sospechoso de derechista ni de defender la España imperial, se lo ha explicado con claridad. Aunque el ex vicepresidente quizá peque de optimista. Las complicaciones no llegarán en el futuro. Ya están aquí, en el contenido de los debates de reforma y en las exigencias de los independentistas de ERC, de los nacionalistas de CiU, de Iniciativa y de una parte de los socialistas catalanes.
El blindaje de las competencias exclusivas que Cataluña ejercerá de forma «íntegra y excluyente», la exigencia de que esta comunidad se relacione de forma «bilateral» con el Estado -rompiendo la igualdad entre las comunidades-, la insolidaria propuesta de financiación o la necesidad, impuesta, de reformar leyes orgánicas como la del Poder Judicial son planteamientos inasumibles por el Gobierno central. Un examen detallado de los debates permite comprobar que la única discusión entre los partidos catalanes, a excepción del PP, es si esos planteamientos soberanistas se explicitan con descaro, como quieren ERC, CiU e IC, o se enmascaran con una redacción ambigua, como persigue el PSC pensando que así el Congreso podría, atolondradamente, darle el visto bueno.
Las diferencias estratégicas entre los partidos catalanes hacen que sea muy difícil lograr el acuerdo sobre cuestiones tan medulares en poco más de un mes. CiU defiende una posición de máximos y no parece muy dispuesta a recortar sus exigencias para ayudar a los socialistas a aprobar el texto en el Congreso. En todo caso, conviene que Zapatero y el PSOE dejen suficientemente claro ante la opinión pública que nunca van a aceptar las demandas soberanistas. Para que la rerforma fuera medianamente viable, los planteamientos tendrían que cambiar de la cruz a la fecha.