ACUERDO EN CATALUÑA PARA APROBAR UN ESTATUT CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN

Maragall y Mas pactan que la Generalitat recaudará todos los impuestos y entregará una parte al Estado como sucede en el País Vasco - Aprueban que Cataluña tenga su propio sistema judicial y establecen el blindaje de éstas y otras competencias arrebatadas al Estado - «Sabemos que esto es inasumible para el Gobierno, pero nos da igual», reconoció Maragall a Piqué

 Informe de LEONOR MAYOR  en “El Mundo” del 30.09.05

 Por su interés y relevancia, he seleccionado el  Informe que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

BARCELONA.- Hay Estatut. Un costoso pacto alcanzado a última hora de ayer entre CiU y el tripartito sobre la financiación permitirá la aprobación en Cataluña de la que será su nueva Carta Magna.

Se trata de un texto que según los expertos es inconstitucional, pero poco o nada parece importar al tripartito. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le reconoció ayer al líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, que sabía que el modelo de financiación pactado con CiU «es inasumible para el Gobierno, pero nos da igual».

La de ayer fue una jornada de infarto, la más intensa vivida nunca en el Parlament. Las idas y venidas a los despachos fueron incesantes, los rumores se disparaban en sentidos opuestos. Ahora parecía que sí, que había Estatut, al rato se daba por sentado que no...

Al final, todas las fuerzas políticas menos el PP se mostraron dispuestas a secundar un modelo de financiación para Cataluña que se basa en la relación bilateral con el Estado, en la creación de una Agencia Tributaria catalana que recaudará todos los tributos de esta comunidad, en la cesión de los impuestos estatales a la Generalitat y en el pago de una cuota de solidaridad.

El PSC amaneció con la última propuesta de CiU sobre la mesa, la tercera que presentaba la federación nacionalista desde que se inició el proceso de reforma estatutaria. La llamada cuota de retorno y la aportación inicial del nuevo modelo eran los principales puntos de controversia. La cuota de retorno, ideada por CiU, era una cantidad que Cataluña pagaría al Estado después de haber recaudado todos los impuestos. Su montante, la suma de dos conceptos: el precio de los servicios realizados por el Estado en Cataluña y la contribución para solidarizarse con las autonomías menos desarrolladas.

Los socialistas no estaban dispuestos a aceptar que estos dos conceptos se paguen de forma conjunta. Al final se alcanzó una decisión salomónica: la cuota por los servicios estatales y la de solidaridad se calcularán de forma independiente y luego se sumarán para entregárselas al Estado como una sola con el nombre de «cuota catalana a la Hacienda Pública estatal».

La negociación

El asunto de la aportación inicial fue mucho más conflictivo.Para CiU, es la base de todo el modelo, ya que considera que un error de cálculo en el primer ejercicio de aplicación podría ser fatal en años posteriores y llevaría al fracaso del nuevo sistema.

Al final se impuso la tesis de los nacionalistas, quienes proponían que esta aportación se calculara a partir de la diferencia entre los coeficientes de población y el esfuerzo fiscal de los catalanes.Según sus cálculos, la aplicación del porcentaje resultante reduciría el déficit fiscal catalán del actual 8,5% del PIB al 3,5% el primer año.

Los socialistas Ernest Maragall, Miquel Iceta y Antoni Castells, y el ecosocialista Joan Saura analizaban este tema tan complejo por la mañana cuando llegó al Parlament, procedente de Miami, el primer secretario del PSC y ministro de Industria, José Montilla, quien se reunió con ellos y con el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, hasta mediodía.

A las 16.00 horas se reemprendió el Pleno, pero la tensión informativa y el futuro del Estatut no se estaban dilucidando en el Hemiciclo, sino en el despacho de CiU, donde Quico Homs (CiU), Miquel Iceta (PSC) y Joan Boada (ICV) mantenían una nueva reunión, a la que se sumó Josep Antoni Duran (CiU) pasadas las 17.00 horas.

Daban las 18.00 horas y María Angeles Solano, del PP, hacía su intervención en la tribuna. Su tiempo había concluido, pero el presidente del Parlament, Ernest Benach, no le llamaba la atención.Algo se estaba cociendo en los despachos. De repente, se anunció la suspensión del Pleno. A esa hora tenía que haberse iniciado el debate sobre la financiación, pero la falta de acuerdo lo impidió.

Al poco, Iceta, Manuela de Madre y Ernest Maragall salieron de las oficinas de CiU para dirigirse a las de su partido. Media hora después, los convergentes Felip Puig, Quico Homs y Núria de Gispert se encaminaron hacia las dependencias socialistas, mientras en los pasillos aumentaba la tensión.

A las 21.00 horas, sólo quedaban por cerrar algunos flecos del acuerdo de financiación, la cuestión de la laicidad en la escuela y la redacción final del preámbulo del Estatut. Pero el presidente de CiU, Artur Mas, se dirigió al despacho de Maragall y todos dieron por hecho que el acuerdo se había materializado. Media hora después, Mas y Maragall salieron de la oficina, entre aplausos, se hicieron una foto que pasará a la Historia y el Pleno se retomó con la idea de dejarlo todo atado para que hoy se pueda aprobar el texto final y mandarlo a Madrid, donde iniciará una nueva andadura.

Ya de madrugada, pasadas la 1.30 horas de hoy viernes, el Parlament aprobaba el preámbulo del nuevo Estatut con un decálogo de principios que es el que Pasqual Maragall quiere que se enseñe en las escuelas y en el que se asegura, entre otras cosas, que «Cataluña es una nación». El preámbulo, que EL MUNDO ya publicó íntegro en su edición del miércoles, contó con el apoyo de los 120 diputados del tripartito y de CiU y los votos en contra del PP.