EL ESTATUTO DE LOS DESPROPÓSITOS
Artículo de MIQUEL PORTA PERALES, ensayista y crítico literario, en “ABC” del 06.10.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
«El Parlamento de Cataluña -advierte el autor- no ha aprobado un Estatuto, sino la Constitución y/o programa político de un nacionalismo que convierte al resto de España en una comunidad autónoma dotada de soberanía y competencias limitadas»
LA reivindicación de un nuevo Estatuto de Cataluña ha sido una suma de
despropósitos. Para empezar, el hecho en sí. Es decir, la propia existencia de
un proyecto que choca con el sentido común y el deseo de la ciudadanía. Choca
con el sentido común por tres razones. En primer lugar, porque el Estatuto de
1979 funciona correctamente. En segundo lugar, porque no tiene sentido reclamar
un nuevo Estatuto para aumentar el techo competencial cuando el actual aún no
está del todo desarrollado. En tercer lugar, porque un nuevo Estatuto en clave
soberanista es un factor de desestabilización política. Por lo demás, el
proyecto de nuevo Estatuto choca con el deseo de una ciudadanía escasamente
interesada en el asunto. El dato: la encuesta del oficial Instituto de
Estadística de Cataluña señala que sólo el 3,8 por ciento de los catalanes
consideran que el Estatuto debe ser una prioridad del Govern. De un despropósito
a otro: el de un Rodríguez Zapatero que -electoralismo de bajo vuelo- promete
apoyar la propuesta del Parlamento de Cataluña.
Con dichos mimbres, es decir, a partir de esos despropósitos, el proyecto de
nuevo Estatuto de Cataluña echa a andar. Para ser exactos, lo que se pone en
marcha es una subasta nacionalista entre los cuatro partidos que impulsan el
texto y que, como no podía ser de otra manera, se resuelve con el clásico «pues
yo todavía más». El resultado es otra serie de despropósitos que vulneran la
Constitución. Verbigracia: Cataluña es una nación; España es un Estado
plurinacional y federal; el autogobierno de Cataluña se funda en los derechos
históricos del pueblo catalán; el espacio político y geográfico de referencia de
Cataluña es Europa; la Generalitat no queda vinculada por las decisiones
adoptadas en los mecanismos multilaterales de colaboración con el Estado; el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es la última instancia judicial en
Cataluña; los magistrados y otros cuerpos deben conocer obligatoriamente la
lengua catalana; la Generalitat se arroga una larga lista de competencias
exclusivas y excluyentes; sistema de financiación insolidario en la línea del
concierto vasco.
Llegados a este punto, cabe preguntar: ¿por qué ocurre lo que ocurre? Respondo:
por una serie de motivos -suma y sigue de despropósitos- políticos, partidistas,
personales y psicológicos que se complementan entre sí. Motivos políticos: hay
quien persigue un Estado federal asimétrico que conduzca a un nuevo modelo de
Estado que otorgue determinados privilegios a Cataluña; quien desea rebasar lo
constitucionalmente permitido con la vista puesta en un nueva relación política
entre Cataluña y el Estado gracias a la cual la primera daría un salto adelante
en el proceso de la llamada reconstrucción nacional; quien -en palabras de un
jurista catalán de reconocido prestigio que no puede ser tildado de españolista
quejoso- utiliza el nuevo Estatuto para la «construcción de un sistema jurídico
separado, dotado de autonomía interna, que consiga en el futuro la
independencia, mediante la dilución en Europa de sus relaciones con España». Y
unos y otros desean diferenciarse de lo español para afirmar una supuesta
identidad propia que debe traducirse en concesiones y beneficios políticos y
económicos.
De los motivos políticos, a los partidistas y personales: hay quien, brindando
emociones nacionalistas a la parroquia, quiere mantener el electorado o
recuperar el voto perdido; quien apuesta adrede por un texto inconstitucional
con el objetivo de que en el Congreso sea rechazado para así dar rienda suelta a
ese victimismo tan característico del nacionalismo catalán; quien necesita el
nuevo Estatuto para pasar a la Historia como el president que consiguió una
mayor cuota de soberanía para Cataluña; quien, probablemente, acepta el nuevo
Estatuto a cambio de que no se adelanten las elecciones autonómicas y no se
modifiquen ni la ley electoral catalana ni la ley de financiación de partidos.
En medio de este embrollo de intereses -en medio de este pasteleo-, emerge la
figura de un Rodríguez Zapatero que, en su ingenuidad -aceptemos que se trata de
ingenuidad-, piensa que la vía catalana puede ser el modelo que inspire la
solución del llamado conflicto vasco. Y por eso le interesa el nuevo Estatuto.
Por eso, y porque tiene alguna hipoteca que pagar. Aunque también es posible que
a Rodríguez Zapatero le interese recortar el texto para así exhibir su
constitucionalismo. En cualquier caso, el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña
se parece a un pacto y/o sociedad de socorros mutuos. Pero en ello hay un claro
perdedor: la estabilidad y la cohesión nacionales. Queda por determinar el
último motivo, el psicológico. Hipótesis: en el origen del nuevo Estatuto de
Cataluña se encontraría la figura de la personalidad narcisista. Según la
psicología, quien posee dicha personalidad «tiende a exagerar su talento y
espera ser valorado como una cosa especial» al «pensar que, como consecuencia de
sus características especiales, sus problemas son únicos y solamente pueden ser
entendidos por otra gente también especial». En el caso del nacionalismo
catalán, la personalidad narcisista pesa lo suyo.
En el Parlamento de Cataluña se ha representado una tragicomedia. Tragedia, por
las consecuencias que puede conllevar. Comedia, por lo que tiene de farsa. De
hecho, el Parlamento de Cataluña no ha aprobado un Estatuto, sino la
Constitución y/o programa político de un nacionalismo catalán de derecha e
izquierda que convierte al resto de España en una comunidad autónoma dotada de
soberanía y competencias limitadas. El mundo al revés. Y uno, parafraseando a
Ortega, tiene la sensación de que el nacionalismo catalán está acampado en
España con la vista puesta en otro lugar. Ante esta tragicomedia, ante tamaña
suma de despropósitos que generará despropósitos similares en otras comunidades,
el Congreso no puede dimitir de su soberanía. Pero para ello se necesita una
mayoría responsable y sin hipotecas políticas que pagar.