POR CATALUÑA CON LA CONSTITUCIÓN
Artículo de Mariano Rajoy, Presidente del Partido Popular, en “ABC” del 05.01.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
La propuesta de reforma del
Estatuto de Cataluña entrará en pocas semanas en un nuevo escenario de debate,
esta vez en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. De este
modo sigue su tramitación, cubriendo etapas parlamentarias que exigen al Partido
Popular la defensa de su posición en cada una de ellas con firmeza y coherencia,
aunque adaptándose, como es lógico, a los diferentes momentos procesales por los
que discurre una reforma estatutaria que es contraria a la Constitución española
de principio a fin.
Como anuncié en noviembre, nuestro partido estará en la Comisión Constitucional.
Lo hará para defender lo que ha venido diciendo desde que comenzó el debate del
Estatuto de Cataluña: que estamos ante una reforma encubierta de la Constitución
que modifica aspectos fundamentales de ella, exigiendo de nuestro partido el
empleo de todos los resortes legales y parlamentarios que eviten su aprobación
tal y como está redactada y concebida.
La posición que venimos defendiendo es la misma desde el principio. Es de sobra
conocida. La expuse en el pleno del pasado 2 de noviembre y la reitero ahora, ya
que marcará nuestra actuación en la citada comisión. Nos oponemos al texto
remitido por el Parlament de Cataluña porque defendemos que la soberanía está en
manos del conjunto de los españoles. Por eso, afirmamos que la única nación
posible es la Nación española; que es imprescindible la conservación de un marco
institucional y competencial que haga efectivo un Estado viable; que todos los
ciudadanos españoles son iguales en derechos, deberes y oportunidades, y que la
cohesión social y la solidaridad son conquistas irrenunciables por parte del
Estado social y democrático de Derecho que es España desde que se aprobó la
Constitución de 1978. Finalmente, defendemos un marco de libertad para Cataluña,
ajeno a cualquier voluntad intervencionista que lastre el futuro de la sociedad
catalana en el siglo XXI.
Y así, en cada trámite procesal por el que ha discurrido la propuesta de reforma
estatutaria catalana hemos sostenido estas ideas. Venimos dando una rigurosa
batalla jurídica y política a todos los niveles y así seguirá siendo. Nuestra
responsabilidad institucional exige que defendamos estas ideas con todos los
instrumentos que permite la Ley. Por eso, nos hemos opuesto a la tramitación de
la reforma en la Mesa del Congreso, la hemos debatido luego en el Pleno y ahora
lo haremos en la Comisión, sin olvidar que hemos interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad contra la misma porque entendemos que vulnera la
Constitución ya que la modifica sin acudir a los mecanismos que establece
nuestra Carta Magna.
En ningún momento, hasta ahora, el Gobierno ha prestado atención a nuestros
argumentos. Se empeña más bien en excluir sistemáticamente al Partido Popular de
los contactos que, con absoluta falta de transparencia, está manteniendo en los
días previos al inicio de los trabajos de la Comisión Constitucional.
Creo, sin embargo, que este esfuerzo de debate que ha asumido el Partido Popular
está dando sus frutos. Es más, considero que nadie puede discutir que son cada
vez más las voces que reclaman, incluso en las filas del PSOE, que la reforma
del Estatuto catalán se ajuste escrupulosamente a la Constitución. Si estas
voces aumentan cada día es porque el Partido Popular viene insistiendo en
descubrir a la opinión pública en Cataluña y el resto de España la
inconstitucionalidad de esta propuesta de reforma. De ahí la importancia de
participar activamente en el seno de la Comisión Constitucional y defender
nuestra tesis en ella. Estamos ante un debate en el que la voz de nuestro
partido debe escucharse dentro de las instituciones. Manteniéndonos de brazos
cruzados no evitaremos la inconstitucionalidad de la propuesta. Sin embargo,
discutiendo y defendiendo nuestra posición conseguiremos, al menos, que quede
denunciada de forma pormenorizada la inconstitucionalidad de la propuesta de
reforma.
El PSOE tendrá que decidir si respalda a sus socios o al PP en la defensa que
haremos de los siguientes principios a través de nuestras enmiendas: que la
soberanía corresponde al pueblo español en exclusiva; que el Estatuto de
Cataluña debe respetar la Constitución; que ha de preservar siempre la igualdad
entre los ciudadanos; y que debe garantizar la libertad de éstos frente a los
poderes públicos y eliminar el intervencionismo que impregna todo el texto de la
propuesta de reforma.
Las enmiendas que hemos presentado están al servicio de los ejes básicos de
nuestra posición en este asunto. Conforme a ellas reclamamos el mantenimiento
del Preámbulo y el Título Preliminar del Estatuto catalán de 1979, porque afirma
que la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles, que España
es una nación y que Cataluña es una nacionalidad, no una nación aparte de ella o
cualquier otro sinónimo que nazca de la transacción entre partidos. Proponemos
la supresión de todos los artículos de la propuesta en los que se evidencia la
pretendida relación bilateral entre la Generalitat y el Estado. En el texto
propuesto, se le atribuye a la Generalitat competencia exclusiva sobre
prácticamente todos los asuntos que afectan a los catalanes, al tiempo que la
sitúa en una situación privilegiada para codecidir lo que afecta a todos los
españoles. Exigimos que el reparto de competencias que fija la Constitución sea
rigurosamente respetado, salvaguardando así lo relativo a la legislación básica,
las competencias exclusivas del Estado y la unidad jurisdiccional, entre otros
asuntos.
Es además imprescindible la conservación de un entorno competencial e
institucional que haga posible y efectivo un Estado viable, capaz de cumplir con
eficacia y diligencia operativa las funciones de un Estado moderno.
Por otro lado, planteamos un amplio paquete de enmiendas con el fin de preservar
la igualdad entre los ciudadanos. Las más significativas son la supresión del
Título I de la propuesta de reforma, el relativo a los derechos y deberes, y el
Título VI, el relativo a la financiación. Cualquier modificación del modelo
vigente de financiación debe abordarse de forma multilateral y entre todas las
Comunidades Autónomas. Asimismo defendemos que la lengua no sea un factor de
discriminación, reclamando la vigencia de la redacción del Estatuto de 1979 ya
que hace compatible la defensa y promoción de la lengua catalana con la igualdad
de trato que deriva de un auténtico bilingüismo.
Finalmente hemos presentado otro grupo de enmiendas que defienden la libertad de
los ciudadanos frente a los poderes públicos y suprimirán el intervencionismo
que impregna el texto de la reforma de una manera abusiva y antiliberal. Nos
encontramos ante una reforma que presenta un fuerte componente ideológico, cosa
inédita en un texto normativo que debe ser, al margen de la ideología de sus
proponentes, un marco neutral. Así, la propuesta recurre a fórmulas económicas
obsoletas que atribuyen a la Administración un papel desmesuradamente
interventor, tanto en la economía como en la sociedad. Promueve un modelo
económico inútil para el entorno globalizado del siglo XXI en el que vivimos ya
que incrementa el peso del sector público y potencia el establecimiento de
trabas y burocracia.
Por poner un ejemplo, los términos promover, fomentar, intervenir y planificar
que aparecen 20 veces en la Constitución se usan en la propuesta de reforma del
Estatut de Cataluña en 127 ocasiones. De hecho, el verbo «intervenir» se emplea
dos veces en la Constitución y 22 en la reforma, mientras que «planificar»
aparece en dos ocasiones en la Constitución y en 50 en el texto de la propuesta.
Con esta línea de acción pretendemos hacer constitucional una propuesta de
reforma que es contraria a nuestra Carta Magna. Enmendamos su articulado
volviendo a la redacción del vigente Estatuto de 1979, aunque incorporando las
transferencias y los cambios legislativos que han sido reconocidos por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De este modo queremos mostrar
nuestra disposición constructiva a hablar con el PSOE, tal y como venimos
haciendo en materia territorial desde la Transición, pero recordando a los
socialistas que sólo llegaremos a acuerdos si se respeta la Constitución.
Soy consciente de que hasta ahora el presidente Rodríguez Zapatero ha desoído
los llamamientos de consenso que le he planteado desde el pasado 14 de enero.
Sin embargo, albergo la esperanza de que esta vez anteponga -como hacemos en el
Partido Popular- el interés de la inmensa mayoría de los españoles al de quienes
desde su partido le animan a buscar un acuerdo que, sobre todo, satisfaga las
expectativas del tripartito que gobierna en Cataluña y, en especial, a sus
socios de ERC. Esperemos que el compromiso con España prime sobre los
compromisos personales del presidente del Gobierno. De lo contrario a buen
seguro que el pueblo español se lo recriminará muy pronto.