MARAGALL Y EL PSOE

 Artículo de PATXO UNZUETA  en “El País” del 29.09.05

 Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

"El PSC no tiene miedo de poner en un compromiso a Zapatero en el Congreso; sólo teme fallarle colectivamente al pueblo de Cataluña", declaró el viernes pasado Miquel Iceta, viceprimer secretario del Partido de los Socialistas Catalanes. "El Estatuto -remachó- no es para hacer feliz al PSOE, sino a los catalanes" (EL PAÍS, 24-9-05). Sin embargo, cualquiera que sea el resultado de la votación de mañana, sus consecuencias políticas afectarán al conjunto del PSOE. Si hay un acuerdo in extremis con CiU merced a una cesión que desborde los límites de la Constitución, el PSC habrá pasado al PSOE el tizón ardiente de tener que corregir o rechazar en las Cortes un texto refrendado por la mayoría cualificada del Parlamento catalán. Y si no hay acuerdo, gran parte de la potencialidad que Zapatero atribuía a la reforma catalana como espejo de la España plural y modelo alternativo al plan Ibarretxe, habrá decaído.

Hace dos veranos, en Santillana, los socialistas hicieron un esfuerzo por integrar en su discurso general las propuestas de Maragall. Se acordó que las condiciones para aprobar reformas de los Estatutos serían su constitucionalidad, que contasen con un amplio consenso y que fueran "congruentes con nuestro propio proyecto político", identificado con el objetivo de "conseguir más cohesión social e igualdad de derechos". Esta última cautela fue decayendo luego. Sin embargo, fue recuperada, en el debate del pasado día 20 sobre el Estatuto valenciano, por la vicepresidenta Fernández de la Vega, que habló del "interés para la ciudadanía" -y no sólo para las clases políticas de cada autonomía- como tercer requisito de las reformas. La víspera, varios ministros habían advertido de que no es suficiente que el texto no incurra en inconstitucionalidad para contar con el respaldo del PSOE. "Lo que sea malo para España -dijo el de Administraciones Públicas- no lo apoyaremos, aunque sea constitucional". El del Interior criticó la definición de Cataluña como nación en el Estatut.

¿Resulta compatible con los objetivos de cohesión e igualdad el proyecto que se vota mañana? No, si se asumiera el criterio, al que no renuncia CiU, de que sea la Generalitat la que decida la aportación catalana a la Hacienda central. Ese criterio es contradictorio con la responsabilidad específica del Gobierno central como garante de la solidaridad interterritorial. No tiene lógica (ni fácil encaje en la Constitución) que sean las comunidades las que decidan el alcance de las políticas redistributivas del Estado. Es dudoso que el hecho de que la cantidad se negocie en la comisión mixta, como ahora plantea el tripartito, baste para esquivar esa dificultad. De otro lado, el paulatino vaciamiento de competencias del Estado (o de medios para ejercerlas) supone también limitar su función como responsable de garantizar la igualdad de derechos de los ciudadanos, con independencia de la comunidad de residencia.

Los socialistas dejaron claro que no admitirían la inclusión de la autodeterminación, pero han aceptado la definición de Cataluña como nación. Ya se verá si ello tiene o no efectos prácticos, o sólo de reconocimiento simbólico. Los inspiradores intelectuales del plan Ibarretxe han argumentado que, con independencia de que lo reconozca o no la Constitución, el "derecho a decidir" (eufemismo de autodeterminación) es inherente a cualquier comunidad que mayoritariamente se considere nación.

El nuevo Estatut establece también el deber de conocimiento del catalán, como la Constitución hace con el castellano. Pero si se considera un error esto último, no se corregirá extendiéndolo ahora al catalán en Cataluña. ¿Qué utilización de ese precepto podría hacer en el futuro un Gobierno presidido por un político independentista? Hay síntomas inquietantes. Las sanciones a comercios por infracciones lingüísticas fueron en 2004 cinco veces más que el año anterior, y se han intensificado las denuncias de ciudadanos contra otros ciudadanos (¿de tenderos contra tenderos, por no rotular en catalán?) en las oficinas establecidas al efecto por el actual Gobierno de la Generalitat, según criticaba F. de Carreras en La Vanguardia (5-5-05).

Es seguro que los socialistas no pensaban en algo así cuando aprobaron en Santillana promover reformas para "conseguir un Gobierno más cercano a la gente y capaz de proporcionar más justicia social y más igualdad de derechos".