¿PUEDE UN CHARNEGO PRESIDIR CATALUÑA?

 Artículo de Patxo Unzueta en “El País” del 03.02.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. 

Habrá Estatut, pero el experimento que lo hizo nacer, la alianza de izquierdas con un componente independentista, ha fracasado. La prioridad otorgada a la elaboración de un estatuto radicalmente nuevo fue consecuencia de la necesidad de dotar al tripartito de un programa unificador. El consenso interno entre los tres partidos se logró sobre una base nacionalista y al precio de imposibilitar el consenso externo (con España como un todo y con las demás comunidades), sin el que no hay autonomía posible. La voz de alarma de las encuestas sobre el alto precio que estaba pagando Zapatero, condicionó el desenlace.

Es comprensible la sorpresa de los de Carod ante ese desenlace tras el apoyo del 90% del Parlamento catalán al anteproyecto. Esquerra ya había planteado resistencias a la aceptación del principio de que el Congreso (o sea, Madrid) tuviera derecho a intervenir en la discusión del texto. Pedía, de acuerdo con la lógica soberanista, que se limitase a convalidarlo. Y ahora anuncia su participación, el día 18, en una manifestación convocada bajo el lema "somos una nación y tenemos derecho a decidir".

Maragall declaró la semana pasada que había percibido una "comunidad de planteamientos en cuanto al derecho a decidir" entre Ibarretxe y Patxi López, lo que obligó a este último a salir para desmentirle. Se desconoce qué pudo decir López para que se le interpretase de esa manera, pero lo que parece seguro es que a Maragall le parecía muy bien la coincidencia sobre ese punto. El presidente de la Generalitat ya había provocado el estupor entre los socialistas vascos, en plena batalla contra el plan soberanista de Ibarretxe, cuando, tras entrevistarse con éste, dijo que dicho plan y la entonces incipiente reforma catalana coincidían "en el fondo". Tampoco les ayudó mucho cuando firmó en el Pacto del Tinell el compromiso de convocar una consulta, al modo de Ibarretxe, sobre la "adhesión al texto estatutario aprobado en el Parlament" si éste era recortado sustantivamente a su paso por las Cortes.

A la izquierda le costó bastante interiorizar, a la salida del franquismo, que el principio autonómico y el soberanista (que entonces se expresaba como derecho de autodeterminación) eran incompatibles. En Nacionalidades y nacionalismos en España (Alianza Editorial. 1985), Jordi Solé Tura recuerda cómo se planteó el asunto en las Cortes constituyentes, a la altura del verano de 1978. El diputado Letamendía había presentado una enmienda proponiendo introducir el derecho de autodeterminación. Los nacionalistas catalanes y los diputados del PSC se ausentaron para no tener que pronunciarse. El representante del PNV, Marcos Vizcaya, votó a favor de la enmienda, pero explicando que lo hacía en relación al "derecho teórico", pero que no deseaba su inclusión en la Constitución. Miquel Roca declaró luego que, de haber votado, no lo habría hecho a favor. Solé Tura, diputado entonces del PC, se negó a abstenerse o a hacer un voto testimonial, como le sugerían otros diputados catalanes. Votó en contra argumentando que "no estamos haciendo una Constitución testimonial, sino una capaz de recoger las aspiraciones compartidas por la inmensa mayoría de la población española".

La incorporación de ERC al tripartito era una ocasión para la plena integración del independentismo pacífico en la política institucional. Pero todo el programa se ha supeditado al Estatut, y éste se ha planteado en una clave demasiado unilateral: un consenso interno que no pueda compartir la inmensa mayoría de los españoles, es estéril. También se consideraba que un Gobierno de izquierdas era la oportunidad para incorporar a la gobernación de Cataluña a sectores no pertenecientes a la burguesía de origen, lengua y apellidos catalanes que llevaba 23 años en el poder. Algo se ha avanzado, pero al precio de que se conviertan en avalistas de políticas nacionalistas autoritarias como la simbolizada por las oficinas de garantías lingüísticas. Y con el balance, de todas formas, de que un ministro considere que "es pronto para que un charnego presida la Generalitat". En ese sentido puede decirse que el experimento ha fracasado.