A LA ESPERA DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1978
Por su interés
y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
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La sentencia del TC
sobre el Estatuto de Cataluña será eso, el certificado de defunción de una
norma jurídico política que es papel mojado y deshecho.
Hace
ya un tiempo que la Constitución de 1978 feneció. Valdría la manida frase de
"entre todos la mataron y ella sola se murió" como epitafio de tan
luctuoso suceso. Ahora es difícil saber incluso cuando se produjo con exactitud
tan desgraciado hecho, porque la larga enfermedad de la finada, su lentísimo
deterioro hacía difícil distinguir en sus últimos días si aun existía un soplo
de vida, o si su aparente vida debíase únicamente al funcionamiento artificial,
aunque penoso, de las instituciones, y a que nadie ha perdido aun ni sus
poltronas ni sus prebendas. Tales parecen ser las únicas constantes vitales de
la actual Constitución.
Esperamos ahora el certificado de defunción de un cadáver insepulto, de un
cuerpo inerte, que ha tiempo que despide desagradables efluvios y provoca
malestar e incomodidad en la sociedad española.
La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña será eso, el certificado de
defunción de una norma jurídico política que hace ya mucho que es papel mojado.
Salvo sorpresa mayúscula, la sentencia no tumbará el Estatut con contundencia,
dando esperanzas a la sociedad española. Probablemente tampoco le dará la razón
completa a la pléyade de separatistas y necios que la alumbraron. Será con toda
probabilidad algo mucho peor que todo eso; una sentencia larguísima,
inextricable como la selva amazónica. Intelectualmente inexpugnable incluso
para los ciudadanos formados, interpretativa a gusto del consumidor y
desastrosa para España. Pero será, lo quiera el TC o no, el certificado de
defunción de la Constitución de 1978.
Hace ya demasiados años que los valores superiores del ordenamiento jurídico;
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político son carcomidos
por unas instituciones débiles frente al hecho secesionista que ostenta gran
parte del poder del Estado. Hace ya mucho que la soberanía nacional no reside
en el pueblo español sino en los grupos dirigentes de las comunidades
autónomas; que la igualdad ante la ley es una figura retórica; que hay más
naciones, y realidades nacionales que la española. Podíamos seguir pero ¿para
qué?
Ya solo nos queda saber qué tienen en la cabeza, cuáles son los planes de
quienes repiten últimamente la cantinela de la aceptación de la sentencia del
TC sea la que sea, como buenos ciudadanos demócratas de una democracia que está
dejando de existir. Porque España, con el certificado de defunción de la
Constitución de 1978 que expedirá el alto tribunal, dejará de ser un Estado
constitucional; social, democrático y de derecho, para ser solo un ente, ni
siquiera Estado, difícilmente social, aconstitucional, sin derecho y solo
formalmente democrático.
Si quienes están dispuestos a acatar pastueñamente, a recibir encogidos de
hombros, la sentencia del TC sobre el Estatut, tienen entre sus planes la
reforma constitucional, para resucitar mejorada la presente Constitución, o
pretenden engendrar una nueva, aun quedará una esperanza. Porque ése habrá de
ser el único dilema de los hombres políticos que además sean hombres de Estado.
Lo demás; la servil aceptación de lo aparentemente inevitable, la renuncia a
las grandes reformas, y la avidez por recoger la fruta, no madura sino podrida,
de la alternancia política, no serán más que zarandajas, traiciones y ganas de
tener entre las manos una cartera ministerial o sentar las posaderas en una
secretaría de Estado.