SÍMBOLOS DE CONVIVENCIA
Editorial de “ABC” del 28/11/2004
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
QUIEN
siembra vientos recoge tempestades. El Gobierno tripartito de la Generalitat
catalana y la necesidad de votos por parte del PSOE en el Congreso de los
Diputados otorgan a ERC un protagonismo que no merece. El noble ejercicio de la
política exige de quienes lo practican una alta responsabilidad moral, que no
está al alcance de ciertos líderes histriónicos y populistas. El sentido de
Estado y la búsqueda del interés general son conceptos incomprensibles para los
que practican una política de vía estrecha, miope y egoísta, orientada a
cultivar las pasiones de los sectores más radicales. Los intransigentes buscan
por todos los medios a su alcance motivos para la confrontación entre España y
una de sus partes integrantes. Así, la propuesta para prohibir las corridas de
toros a la española en una Comunidad Autónoma que cuenta con una larga y notable
tradición taurina se suma a otros episodios recientes, como la polémica
artificial sobre el idioma valenciano, cerrada hace días por Pasqual Maragall y
Francisco Camps. Ayer mismo, muchos miles de valencianos, aún heridos,
expresaron en la calle una firme defensa de su lengua, al tiempo que su
indignación por la agresión injustificada de que se sienten víctimas. Todo ello,
conviene subrayarlo, en una Comunidad en la que la convivencia de las lenguas en
la vida social puede calificarse de modélica.
La búsqueda de enfrentamientos provoca la discordia civil, conduce al conflicto
de unos territorios con otros y daña sin remedio la convivencia. Estos
planteamientos deben ser proscritos en nombre de la buena salud democrática. La
España constitucional ofrece un proyecto atractivo de vida en común, abierto a
todos por igual, con la única y elemental exigencia de respetar los derechos de
los demás y de ser leales a las instituciones. No hay que dar cancha, por tanto,
a los partidos antisistema, que promueven intereses mezquinos a costa del
bienestar colectivo. Está en juego nada menos que la subsistencia del sistema
constitucional vigente.
Nuestra Constitución reconoce, en el marco de la unidad indisoluble de la nación
española, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y la
solidaridad entre todas ellas. Existe, pues, una dimensión moral en la vida
colectiva, que exige compartir esfuerzos y apoyar los proyectos de todos, como
el conjunto de los españoles ha hecho con frecuencia respecto a Cataluña.
España es mucho más que un Estado: es una nación que constituye desde hace
siglos el único marco imaginable para la convivencia política de muchos millones
de personas. Es, además, un Estado fuertemente descentralizado que permite el
autogobierno de los diversos territorios y respeta plenamente su peculiaridad.
Nada más ajeno, sin embargo, al modelo constitucional que el «imperialismo»
linguístico, cultural o político que algunas Comunidades pudieran querer ejercer
sobre otras. En este marco, la estrategia de los radicales consiste en crear una
sensación de independencia psicológica con el resto de España, como paso previo
a una ruptura jurídico-formal. Por ello, es primordial que se mantenga el
entendimiento entre los ciudadanos de toda España, sin crear situaciones de
agravio o confrontación que dañan profundamente la moral colectiva. A la hora de
la verdad, la vida se rige por sentimientos y afectos compartidos y no sólo por
normas administrativas sobre la distribución de competencias. Ojalá los excesos
pasionales sean superados por la lógica del sentido común, que exige de los
responsables políticos el fomento de la paz social como expresión de la
convivencia.