ENTREVISTA A JOSEP PIQUÉ,
por María Jesús Cañizares en “ABC” del 30/01/05
«En el debate del Estatuto debe primar el interés ciudadano, no el modelo de Estado»
Por su interés y relevancia, he seleccionado la entrevista que sigue para incluirla en este sitio web. (L. B.-B.)
BARCELONA. -
El plan
Ibarretxe, ¿ha precipitado el acuerdo entre PP y PSOE sobre el modelo
territorial?
-Creo que la oferta de pacto se tenía que haber producido bajo cualquier
circunstancia. Lo que ocurre es que el plan Ibarretxe ha acelerado el cambio de
actitud del PSOE, que detecta una inquietud creciente en el seno de la sociedad
española, incluida una parte de su electorado y de su propia militancia, sobre
la necesidad de que el PP participara.
-¿Lo ocurrido en la
manifestación de apoyo a las víctimas del terrorismo es producto de una
crispación en la política española?
-Hay una crispación en la política española atribuible a ciertas actitudes del
PSOE. Su presidente entró en el Gobierno con alardes de un concepto ya casi
ridículo, que es el talante. Pero en la práctica hemos visto decisiones en
política exterior absolutamente bilaterales, muy perniciosas para España.
También actitudes sectarias frente a sentimientos muy extendidos en la sociedad
española, como los religiosos; frente a colectivos como el de los jueces. Se ha
intentado establecer una distinción maniquea entre víctimas del terrorismo de
segunda y de primera. Se han levantado expectativas de paz en el País Vasco sin
contar con la oposición. Todas ello ha generado un ambiente muy negativo
percibido como una agresión por parte de algunos sectores de la población.
Nosotros nunca acusamos a nadie de fomentar un golpe de estado en otro país, por
ejemplo.
-¿Puede verse reflejada esa
crispación en las elecciones vascas?
-La situación en el País Vasco provoca que la confrontación se produzca entre
sectores no iguales, entre aquellos cuya vida está amenazada y los que no. Hay
una lucha dramática por la libertad. Allí no puede haber un diálogo político
normal. No sé qué ocurrirá en las próximas elecciones. Espero que el PP mejore
sus resultados.
-¿Se habla de diálogo con ETA
con demasiada ligereza?
-Sin duda. Uno de los grandes logros de estos años ha sido poner todo el peso
del Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo. Perseguir a ETA no sólo
en el sentido estricto, sino contra el entramado que la rodea, transmitiendo a
los terroristas que deben perder toda esperanza de recibir alguna contrapartida
política a cambio del cese de la violencia. Es muy importante que en ningún
momento puedan llegar a pensar que pueden acabar obteniendo algo a cambio que
justifique largos años de terrorismo. Ése es el espíritu del pacto que hubo
entre el Gobierno del PP y el PSOE. Romper ese espíritu sería un retroceso
extraordinario. No es posible ningún diálogo con ETA ni con su entorno político.
-¿El plan Ibarretxe ha
contaminado el proceso estatutario catalán?
-Espero que no. Se trata de un plan ilegítimo, ilegal y no respetuoso con los
procedimientos y las reglas del juego. Es un plan que divide a la sociedad vasca
y que ha recibido los votos de los violentos. El proceso catalán es
completamente distinto. Nunca ha habido una voluntad de imponer un plan
basándose en la mayoría parlamentaria, siempre se ha planteado la necesidad del
consenso de todas las fuerzas políticas, sin exclusiones y con pleno respeto a
los procedimientos que se derivan del propio Estatuto. Mientras esto siga así,
me parecería incongruente que el PP no participara en un proceso de esas
características. Si a medida que se avanza en los trabajos surgen elementos no
aceptables para el PP, contradictorios con la Constitución o con los intereses
de los catalanes y del Estado español, ya tomaremos la postura que creamos
conveniente. Hasta ahora, lo que se ha discutido es importante, pero colateral.
Los textos recibidos son, en algún caso, de dudosa constitucionalidad, pero
discutibles.
-¿Se refiere, por ejemplo, a
la bilateralidad en las relaciones entre Cataluña y el Estado?
-La bilateralidad en sí misma no es anticonstitucional. La Constitución no
ordenaba la generalización del proceso autonómico, la hacía posible. La dinámica
política ha hecho que se produzca esa generalización del proceso autonómico y
que determinados temas sólo puedan resolverse en el ámbito multilateral.
Cualquier pretensión de volver a un esquema bilateral tal como existía cuando no
había Comunidades autónomas y sólo reivindicaciones autonomistas por parte de
Cataluña y País Vasco, me parece extemporáneo. Nuestra crítica no va tanto
dirigida a la inconstitucionalidad como a la falta de realismo que implica no
reconocer la realidad del Estado autonómico.
-En materia de financiación
todo parece indicar un principio de acuerdo, pero existe esa propuesta de
relación bilateral de CiU y ERC.
-CiU se ha pasado muchos años negociando con el resto de Comunidades y con el
Gobierno el resultado final de cada modelo de financiación. Si alguien sabe cómo
se hacen estas cosas, es CiU. Por eso pienso que es una posición de cara a la
galería que no responde a una convicción profunda.
-¿Cree ambigua la posición del
presidente de la Generalitat sobre el concepto de nación?
-Creo que se están empezando a modular los discursos. Muchos planteamientos se
hicieron cuando se daba por segura la continuidad del PP en el Gobierno. Las
elecciones del 14 de marzo cambian ese escenario y ya no se puede suscitar la
confrontación con fuerzas políticas afines; ése es el caso de los socialistas.
El énfasis de todas las fuerzas políticas respecto a que es más importante la
financiación que conceptos como nación, va por ahí. Veo diferencias de discurso
entre Maragall y el PSOE. Esta última semana hemos asistido a afirmaciones muy
claras respecto al artículo segundo de la Constitución, que define España como
una nación formada por nacionalidades y regiones. Maragall plantea una
modificación y recibe una respuesta del PSOE contraria. Este dato, que afectó en
su momento al posible reconocimiento al derecho a la autodeterminación, está
marcando los límites.
-¿Qué le parece el término
comunidad nacional?
-Ha sido muy utilizado por Maragall, pero fue rebatido por su propio inspirador,
el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, que separó
completamente el contenido cultural de cualquier traslación territorial,
política o institucional. No estamos ante un debate para cuestionar la
naturaleza del Estado que hemos construido en estas dos últimas décadas, sino
ante un debate en el que prima el interés de los ciudadanos. Es una evidencia
irrebatible que en estos 25 años han pasado muchas cosas que no podían prever
los constituyentes del 78 y los estatuyentes del 79. Si la aproximación a esas
reformas es sincera y honesta, sin romper el pacto del 78, estaremos prestando
un buen servicio.
«La pugna nacionalista entre ERC y CiU beneficia al PP catalán»
—En esa búsqueda del consenso entre los partidos políticos catalanes para acordar un nuevo Estatuto, ¿quién puede adoptar una postura más radical, ERC o CiU?
—Si ERC intenta trasladar al Estatuto su ideario político, es lógico que sea imposible llegar a un consenso. Si ERC, en aras al posibilismo político, plantea mejoras dentro del marco constitucional, entonces no tiene por qué haber obstáculo. No sé si dentro de esa pugna nacionalista que mantiene con CiU puede poner un freno. Pero sí que es verdad que ERC quiere mantener un apoyo estable al PSOE en el Gobierno español y desea mantenerse en el de la Generalitat. Cualquier planteamiento inasumible por parte de ERC complicaría esos objetivos de consenso. Por su parte, CiU está en la oposición y puede hacer planteamientos más marginales, sobre todo ante la posibilidad de que exista un Estatuto bajo el Gobierno de Pasqual Maragall.
—¿Esta pugna nacionalista beneficia al PP catalán y a su estrategia para hacerse con la centralidad política catalana?
—Nuestra estrategia persigue que el PP sea un partido de gobierno, no un simple partido de defensa o de oposición. Eso sólo se consigue desde la centralidad, incrementando nuestro espacio. Tenemos dos fronteras, CiU por un lado y PSC por otro. No nos podemos centrar sólo en un aspecto. En anteriores procesos electorales, nuestro incremento de voto vino en gran parte del espacio socialista. Hasta ahora nos ha sido difícil penetrar en el espacio electoral de CiU. La sociedad catalana irá percibiendo esa radicalización de CiU, que ha cambiado su estrategia secular de buscar posiciones responsables para convertirse en un referente de la política catalana. Esa parte del electorado que buscaba ese ejercicio pragmático del poder y confiaba en un liderazgo que nunca hizo del Estatuto un instrumento político, lógicamente debe ser recogido por el PP.
—Es inevitable la recurrente pregunta sobre un posible pacto entre UDC y PP.
—No hay en estos momentos ninguna posibilidad. Es cierto que cada vez destaca más la diferencia de discurso entre CiU y el propio Artur Mas. Pero no veo de momento la posibilidad de que la federación pueda desmoronarse. No veo nada en las actitudes de UDC que se pueda interpretar como una disposición a un acuerdo del centroderecha catalán. Nosotros no estamos trabajando con esa hipótesis. Siempre tengo la incógnita de saber con qué activos cuenta UDC, que lleva mucho tiempo sin contrastar su posición política ante el electorado.