ESTATUT: UNA «CONSTITUCIÓN» CONTRA LA CONSTITUCIÓN
Editorial de “ABC” del 09.10.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Gobierno y PP han asociado
al proyecto estatutario objetivos y estrategias que desbordan por completo los
márgenes que ofrecen simples enmiendas a un proyecto articulado. Las diferencias
no están fundamentalmente en lo escrito, sino en los principios que cada cual
defiende en este debate estatutario. Por eso el PP dice que el proyecto aprobado
por el Parlamento de Cataluña es una reforma constitucional encubierta y que,
como tal, ha de ser tramitada, lo que haría imprescindibles sus 148 escaños en
el Congreso. Por su parte, el Gobierno y el PSOE anuncian retoques y ajustes en
un proyecto que consideran plenamente legítimo, para lo que siempre tendrá
dispuestos a sus socios minoritarios.
La valoración conjunta y política del proyecto de Estatuto catalán será lo que,
en el momento de fijar posiciones parlamentarias, decida la actitud del PSOE y
del PP, porque, aparte del masivo rechazo ciudadano que suscita la propuesta del
tripartito, cada vez que los defensores del Estatuto lo glosan, se hace más
evidente su desencaje en el sistema actual. Sin temor a exagerar, puede decirse
que el texto aprobado por el Parlamento catalán es estructuralmente
inconstitucional, o «anticonstitucional», como ha matizado el ex presidente del
Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga. Habría que recordar que la
crítica más contundente al proyecto de nuevo Estatuto se contenía en un dictamen
emitido por expertos constitucionalistas para el Ministerio de Administraciones
Públicas. Según estos juristas, «la ampliación de competencias es masiva,
injustificada y claramente contraria a la Constitución por lo que se refiere a
muchas de las técnicas que se utilizan y al resultado a que conducen». Desde que
este informe se dio a conocer -finales de agosto pasado- hasta ahora, la
afirmación de los expertos ha cobrado aún más fuerza.
El texto estatutario representa la voluntad de crear una organización política,
sustentada sobre un poder soberano, sin necesidad de reconocimiento estatal, y
blindado frente al Estado mediante una aparente relación de bilateralidad entre
iguales, que no es tal en la medida en que la mayoría de las intromisiones de la
Generalitat en las instituciones del Estado no tienen reciprocidad. Este
problema no se resuelve trasladando la palabra «nación» desde el artículo 1º al
Preámbulo -trampa leguleya para dificultar el recurso de inconstitucionalidad-,
ni retocando un poco las normas sobre Poder Judicial, o blanqueando el sistema
de financiación. El problema no es de ornamentación sino de arquitectura, como
queda de manifiesto en el análisis del texto estatutario que ABC ofrece hoy a
sus lectores en la sección de Nacional.
El propósito soberanista impregna todo el texto del nuevo Estatuto, porque está
diseñado para servir a una transformación de mayor calado que la meramente
autonómica. En su contenido puramente normativo, la constitucionalización del
texto será más fácil si se hace otro nuevo que si se pretende un reajuste
interno. El preámbulo y el artículo primero definen a Cataluña como nación, y a
España como un Estado federal y plurinacional, e invocan los derechos históricos
-previos a toda legitimación democrática, por supuesto- como fuente única de la
libre determinación que ejercerían los catalanes a través del nuevo Estatuto.
Luego, como preceptos de corte constituyente, el nuevo Estatuto regula para
Cataluña el territorio, las instituciones, los derechos y las libertades
ciudadanos y las competencias exclusivas; establece por sí y para sí su poder
judicial, así como el estatuto singular de jueces y fiscales destinados en
territorio catalán; decide que haya en el Estado otra realidad nacional, la del
Arán; y somete a órganos constitucionales del Estado a una modificación forzosa
que dé cabida a la relación confederal que alumbra el proyecto. Además, la
difícil convivencia entre castellano y catalán se rompe y da paso a la
conversión del catalán en ariete de la sociedad nacionalista que se refleja en
el texto, con efectos en las relaciones públicas y privadas, medios de
comunicación y enseñanza. El sistema de financiación, en un marco de
intervencionismo obsesivo, secunda el propósito de asentar un nuevo poder capaz
de sostener la relación paritaria que se le propone al Estado. La tarea de
enmendar este Estatuto es compleja, porque su inconstitucionalidad no está
localizada en uno u otro artículo, sino que vertebra un proyecto que apenas deja
algo de España en Cataluña.