EL LABERINTO DE 2006

  Editorial de   “ABC” del 02.01.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

EL Gobierno de Rodríguez Zapatero se enfrenta al nuevo 2006 con la presión de quien tiene que salir de un laberinto antes de perderse definitivamente en él. En 2007 empieza la temporada electoral. No hay otro responsable de esta situación que el propio Gobierno y su política de selección de aliados, porque nunca antes un Gobierno en minoría, como el de Zapatero, había negado tan absolutamente al principal partido de la oposición cualquier posibilidad de acuerdo, incluso en materias en las que sus bases electorales comparten criterios fundamentales. La exclusión del PP, solemnizada en el Pacto del Tinell y aplicada a rajatabla por el PSOE, aísla al Gobierno en su responsabilidad exclusiva por tener que abordar este nuevo año como una prórroga para deshacer los entuertos del anterior. Por lo pronto, la despedida económica de 2005 contrasta con la excelente autocalificación que se dio el propio presidente del Gobierno. Incurriendo en lo que él mismo criticaba hace apenas un par de años -la complacencia de Aznar con la macroeconomía y el desinterés por las economías familiares-, Rodríguez Zapatero inaugura el año con una inflación muy alta, superior al crecimiento económico, y coincidente con un incremento de los tipos de interés que se suma a los anunciados aumentos de luz, gas, agua y transporte. El «patriotismo social» es un eslogan vistoso para un acto de partido -aun haciendo cuentas de becas y pensiones, que las han hechos todos los Gobiernos, en todo tiempo-, pero es corto para tapar la realidad cuando ésta no se deja disfrazar. Las familias están al límite de su capacidad de endeudamiento y nuevas cargas económicas, sin un correlativo control de precios, pueden ser el anticipo de un colapso financiero. Pese a que los indicios negativos vienen de largo, el Gobierno no ha aprovechado este primer tiempo de su mandato para hacer reformas estructurales en el mercado laboral o en aumentar la competencia de servicios. Reformas que deben hacerse en coyunturas de bonanza económica, para anticiparse a un cambio de ciclo cuya llegada es una seria amenaza.

En el terreno político, el laberinto es más complicado para Rodríguez Zapatero porque a cada paso que da, cambia el trazado y pierde el camino de vuelta. El Gobierno socialista ha abierto en canal la Constitución desde el momento en que la alianza con los ultranacionalistas catalanes permitió llevar a las instituciones del Estado propuestas, como el nuevo Estatuto de Cataluña, que no pretenden un desarrollo del modelo autonómico, sino una suplantación pura y simple del régimen constitucional por otro en el que los principios serán la confederación, la soberanía y la autodeterminación. El caldo ideológico que alimenta el cambio impulsado por Rodríguez Zapatero al calor de sus peligrosas alianzas no puede ser más dañino para el interés nacional. El proyecto de Estatuto para Cataluña es el síntoma de todo un cambio histórico en la izquierda española -o, al menos, en una buena parte de ella-, que ha decidido rehacer la Transición con grupos e ideas que eran y son incompatibles con los valores constitucionales. Por eso, 2006 empieza como acabó 2005, anegado de las incertidumbres que provoca la falta de definición del presidente del Gobierno ante asuntos esenciales que ya habrían merecido un pronunciamiento público y decisivo por cualquier gobernante europeo que se preciara de su función. España no se merecía llegar al 2006 con un horizonte plagado de dudas, sin confianza -lo dice el CIS- en su futuro económico y político, con un Gobierno desvinculado de la defensa constitucional -en sus alianzas políticas, en sus propuestas partidistas, en la inaplicación de la legalidad frente al terrorismo no armado de ETA- y, menos aún, en manos de la insolencia reivindicativa de minorías separatistas, que hoy parecen más de lo que son gracias a las credenciales socialistas.

En este contexto de ruptura de amarras con los mejores valores de la vida constitucional de España, no extraña que la actitud del Gobierno ante ETA -roto el Pacto Antiterrorista y muerta la Ley de Partidos- carezca ya de imperativos éticos, y sea un peón táctico de la estrategia general de crisis constitucional; tampoco que la relación que el Gobierno quiera imponer a la Justicia sea de sumisión, ni que la sociedad y sus principales fundamentos, como la familia o la educación, se hayan convertido en el campo experimental de prejuicios progresistas, más atentos a eliminar todo aquello que, según el manual izquierdista, connote valores cristianos o tradicionales, que a ofrecer soluciones sensatas para problemas reales. Un laberinto, en definitiva, en el que PSOE ha metido a toda España.