LA ALTERNATIVA DEL TC

Editorial de “ABC” del 13 de abril de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web

EL Tribunal Constitucional decide a partir de mañana no sólo el futuro del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino también la solidez del sistema constitucional español para asegurar la continuidad del pacto constituyente de 1978, por encima de los compromisos partidistas y de las coyunturas de los gobiernos. Sería dramático para España que el TC aplicara a su resolución condicionamientos derivados de los posibles perjuicios políticos que su decisión causaría en la estabilidad de tal o cual ejecutivo. Lo que está en juego no es un pacto de conveniencia entre partidos, sino la continuidad constitucional de España como un Estado unitario organizado en comunidades autónomas o su suplantación por una confederación entre Cataluña y el resto de España. Cada poder del Estado debe asumir sus propias responsabilidades, y al TC no le incumbe tapar las chapuzas cometidas contra la Constitución en el Estatuto catalán, sino depurarlas del ordenamiento jurídico, porque cualquier otra opción, por ejemplo, por vía interpretativa, sólo sería una fuente de conflictos latentes para los próximos años. Si de alguna forma el TC se desliza por el terreno de las funciones legislativas es mediante el empleo de las nefastas sentencias interpretativas. Mejor será para el Estado saber qué es constitucional y qué no, según esté escrito en la sentencia, y no según decida en cada momento el Gobierno catalán de turno.

Tampoco debería ser un gravamen para la libertad de criterio de los magistrados del TC el cúmulo de leyes de desarrollo estatutario aprobadas por el Parlamento catalán, con el aliento del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el primer interesado en intimidar al TC con la magnitud de las consecuencias de una sentencia de inconstitucionalidad. Mucho más importante que la tranquilidad de Zapatero en La Moncloa es la estabilidad constitucional de España. La responsabilidad de aprobar una ley inconstitucional siempre es de la Cámara que la aprueba y del Gobierno o los partidos que la impulsan.

Sí es responsabilidad del TC la asombrosa dilación que ha sufrido este proceso constitucional, causa directa del desprestigio de la institución y de la presión política sobre sus magistrados. Más que problemas de valoración jurídica, el TC ha sido presa de una excesiva atención hacia el exterior, hacia los efectos políticos de sus decisiones. El empeño de la presidenta del TC en lograr una mayoría que evite su voto de calidad ha invertido las prioridades de esta institución, sustituyendo la recta defensa de la Constitución de 1978 por la comodidad de un consenso exculpatorio. Mañana tienen una oportunidad para enmendar este error.