MONTILLA, PERDIDO EN SU LABERINTO
Editorial
de “ABC” del 21 de abril de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web
La pretensión
de los socialistas catalanes de convertir la imposible renovación del TC en el
argumento con el que paliar el fracaso de su apuesta por un Estatuto de
autonomía con taras de inconstitucionalidad sólo demuestra el estado febril de
ansiedad e inseguridad con el que José Montilla encarará la campaña electoral.
Durante la tramitación del Estatuto, fueron muchas las veces que el PSC
demostró soberbia en la convicción de que el control político del TC anularía
sin problemas cualquier discusión jurídica de fondo. Ahora, cuando el TC ha dejado
entrever por fin la derrota del proyecto territorial más desintegrador e
insolidario para cuantos el PSOE ha regalado irreflexivamente su voto, la
rabieta del PSC le desnuda. Primero, porque el PSC reconoce que el suyo no es
un fracaso individual, sino una derrota colectiva de los socialistas que ha
retratado con toda crudeza la endeblez de Zapatero en el manejo de los resortes
del poder. Segundo, porque deja traslucir en su rabieta que Zapatero no tiene
intenciones de asumir su propia responsabilidad -mayor aún que la del PSC- ni
el menor reparo en fagocitar a Montilla. La irritación del PSC con Zapatero es
perfectamente comprensible -se suma al nutrido colectivo de personas y partidos
que se dicen engañados o defraudados por él-, pero antes debió medir mejor sus
pasos. El precio pagado para no dañar irreversiblemente la Constitución y
mantener la credibilidad de las instituciones está siendo brutal.
Ahora,
el PSC se enfrenta a una estrategia peligrosa para sus intereses porque
distanciarse del PSOE le puede suponer un desgaste de imprevisibles
consecuencias que sólo favorecerá a CiU. Recusar ahora a los magistrados del TC
con mandato en prórroga sería una irresponsabilidad abocada a otro fiasco. Más
allá del oportunismo político y la desesperación, Montilla debería recordar que
la recusación es un instrumento jurídico tasado, sometido a circunstancias
jurídicas objetivas y a plazos. Cualquier recusación hoy sería absolutamente
extemporánea, e incluso cabría imputar mala fe a los socialistas catalanes. El
ventajismo político, los caprichos electoralistas y la manipulación jurídica de
la realidad, por cruel que sea para el PSC, no son motivos de recusación.
Tampoco el PSOE tiene legitimidad hoy para presumir de pulcritud política o
higiene institucional negando que vaya a alterar las reglas del juego. Ya las
alteró en 2007 con la «enmienda Casas», viciando de origen el debate. Es
natural que CiU observe con deleite el laberinto en el que se han encerrado los
socialistas y que, incluso, se permita el lujo de fingir liderar una campaña de
defensa del Estatuto mientras ve hundirse a Montilla, convertido en la enésima
víctima de Zapatero.