¿POR QUÉ NO FUNCIONA NUESTRO SISTEMA
POLÍTICO?
Artículo de Juan Manuel Blanco en “El Confidencial.com” del 12-2-09
Por su interés y relevancia
he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
La política española sufre unas evidentes carencias en todos
los órdenes: escasea la confrontación de ideas y el debate racional mientras
avanza la corrupción, la pérdida de credibilidad de las instituciones y la
tendencia a la adopción de medidas llamativas y cortoplacistas, sin que existan
proyectos serios de largo plazo ¿Cuáles son las causas de este deterioro? Creo
que la clave se encuentra en un erróneo diseño de nuestro sistema político.
Para que un sistema democrático funcione correctamente no basta con que los
ciudadanos puedan votar y exista un régimen multipartidista. El voto constituye
un control último de los electores a los gobernantes contra la tendencia al
abuso y a la arbitrariedad, pero este control resulta muy indirecto y su
ejercicio demasiado dilatado en el tiempo. Una democracia necesita, además,
otros elementos que impongan unos límites claros al ejercicio del poder y
establezcan unos mecanismos de control permanentes: a) una Separación de
Poderes efectiva entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que
establezca unos sistemas eficaces de vigilancia mutua y control entre ellos, b)
un sistema directo de representación y exigencia de responsabilidades a los
representantes, c) unos mecanismos adecuados de selección de los políticos,
obligándoles a someterse previa e individualmente al escrutinio público y d)
una prensa libre e independiente que proporcione la información veraz con la
que los votantes puedan elegir.
Resulta bastante discutible que el sistema político español cumpla alguno de
estos cuatro requisitos. La separación de poderes ha desaparecido en la
práctica y los mecanismos de control del poder político hace tiempo que no
funcionan correctamente, el principio de representación apenas existe, los
sistemas de selección de los políticos resultan perversos y la prensa es cada
día más dependiente del poder.
En España no existe un poder legislativo independiente. Las decisiones
importantes las toman las direcciones de los partidos políticos y las trasladan
al Parlamento a través de la disciplina de voto. El Legislativo no lleva a
cabo, en la práctica, ninguna de las funciones que tiene encomendadas: ni
controla al Gobierno, ni hace las leyes, ni ejerce la representación de los
ciudadanos. No controla al Gobierno, pues el voto de cada parlamentario no
depende, en absoluto, de cual haya sido la acción del Gobierno. Las leyes las
hace en realidad el Ejecutivo y ordena a sus diputados votar a favor. Si el
partido del Gobierno no tiene la mayoría, el Ejecutivo suele comprar a otros
partidos minoritarios los votos que le faltan, a cambio de generosas y
arbitrarias concesiones.
Tampoco existe la representación directa. El sistema electoral se ha
caracterizado por la total ausencia de una relación directa entre elector y
elegido: no se vota al candidato sino a listas cerradas que elaboran las
direcciones de los partidos políticos. No hay control de los ciudadanos hacia
su representante pues, por lo general, nadie sabe quien le representa en el
Parlamento (nacional o autonómico). El parlamentario individual no puede tener
criterio propio, se convierte en una maquina de votar lo que le ordenan: ya no
ejerce como representante de sus electores sino de la dirección de su partido.
También es explicable que los debates en el Parlamento carezcan casi por
completo de argumentos, ya que no hay que convencer a nadie: todos actúan por
disciplina de voto. En conclusión, debido al sistema de elección por listas
cerradas, el Parlamento deja de representar la soberanía popular para
representar la voluntad de las cúpulas de los partidos.
Partitocracia es el nombre que describiría mejor el funcionamiento del sistema
político español. Se trata de una estructura política en la que son las
direcciones de los partidos (y no los ciudadanos) las que deciden quiénes serán
los representantes y las que ejercen un control estricto sobre los miembros del
Parlamento, de manera que éstos no pueden tener criterio ni decisión propia.
Dado que gran parte de los órganos de decisión del Estado se
"nombran" por el Parlamento, esta preponderancia de las direcciones
de los partidos se traslada a muchos otros órganos. Así, la partitocracia acaba
vaciando de contenido una buena parte de los órganos del Estado, porque las
decisiones que estos órganos toman formalmente ya se han adoptado previamente
en otros ámbitos. La separación de poderes desaparece de hecho pues suele ser
el jefe del partido mayoritario (generalmente también jefe del Ejecutivo),
quien las toma realmente, aunque estas instituciones sean formalmente
independientes. Además, debido a que los partidos políticos carecen de
democracia interna, el Estado queda dominado por unas estructuras burocráticas
sin control interno y un control democrático externo demasiado débil. Ante esta
falta de mecanismos de control, la corrupción y los abusos tienden a
generalizarse sin que haya forma de ponerles freno.
El sistema español también produce una selección perversa de los representantes
y gobernantes, ya que los criterios que acaban contando para ser diputado
(nacional o autonómico) o concejal no son necesariamente la valía personal o
profesional ni la confianza de los votantes en esa persona, sino otros como la
lealtad al líder o una larga permanencia en el partido. Se fomenta así la
creación de una casta de políticos que hacen del cargo su forma de vida. El
mantenimiento en el poder se convierte en el objetivo primordial de la acción
política y la discusión entre proyectos políticos se sustituye por una lucha
encarnizada por el reparto de los puestos. Finalmente, la lucha partidista se
extiende a una buena parte de la sociedad civil a la que los partidos intentan
controlar. En el caso de la prensa, el control se ejerce a través de la
publicidad institucional y de las concesiones administrativas a los medios
audiovisuales. En definitiva, la independencia de la prensa y de los
medios se ha ido reduciendo de forma alarmante en los últimos años.
No son pocos los motivos para plantear, de forma urgente y sin complejos, la
necesidad de acometer unas reformas que fomenten una representación más directa
de los ciudadanos, garanticen una efectiva separación de poderes, provean un
eficaz sistema de selección de los políticos, establezcan eficaces mecanismos
de control del poder y eviten la influencia de los gobernantes en los medios de
comunicación.
*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad
de Valencia