URNAS Y DESPACHOS
Para evitar los
enjuagues de mercado negro sólo hay dos vías: reformar la ley electoral o
reformar la ley electoral
Artículo de Ignacio Camacho en “ABC” del 11 de junio de 2011
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
Sólo hay dos maneras de evitar los enjuagues y pactos espurios en ayuntamientos y autonomías, típicos de días como hoy: reformar la ley electoral o reformar la ley electoral. No es un juego retórico porque la posible reforma admite variantes de procedimiento; permitir que gobierne de manera automática el candidato de la lista más votada o establecer una segunda vuelta entre los dos mejor situados. Cualquiera de las fórmulas sería mejor que entregar las alcaldías y las presidencias regionales al mercado negro de la política. En esas componendas habituales reside una parte de las causas de corrupción y de la deslegitimación de la actividad pública. Son demasiados los casos en que pequeños partidos bisagra, a veces creados con exclusiva vocación de rapiña, obtienen por amaño parcelas desmesuradas de poder que convierten sin tapujos en cajas registradoras.
Este año va a haber menos cambalaches porque el PP ha obtenido numerosas mayorías absolutas que hacen inviables los tejemanejes de costumbre. De hecho, para el partido de centro-derecha español ya funciona en la práctica la ley del ballotage; está condenado a ganar en una primera vuelta. Quizá por eso le da igual la idea de reformar el sistema de elección salvo que se trate de primar la mayoría relativa. La segunda vuelta, sin embargo, tiene mayor legitimidad democrática porque obliga a pactar los apoyos antes de las urnas y no después. Su principal inconveniente es que provoca una alta abstención en la jornada inicial, pero no hay reglas perfectas. Se trata de encontrar la que suscite menos reparos.
Y de impedir los amaños que tuercen el sentido de la voluntad popular y del sufragio universal. Los acuerdos de estabilidad entre la fuerza más votada y una minoría de respaldo son irreprochables, mientras que las alianzas de perdedores subvierten el espíritu de la competición democrática y permiten en demasiadas ocasiones la concurrencia de coaliciones encubiertas, cuando no sobrepriman a candidaturas forjadas desde el oportunismo mercantil. El precio suele ser una moneda sucia. Aunque la corrupción, por desgracia, es transversal, no hay caso de partido bisagra que no se haya visto afectado por esta plaga. En Baleares, en Canarias, en Andalucía, en todas partes. Con una recurrencia excesiva para admitirla como un fenómeno eventual.
Luego está la cuestión de los fundamentos. La democracia es un régimen de diálogo pero también de transparencia, y lo que expresan las urnas no se debe modificar en los despachos. Los acuerdos de intenciones, mejor a la luz pública, antes de votar, para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Si se adultera por sistema la voluntad de los ciudadanos no cabe extrañarse de que éstos pierdan la confianza. Y este principio vale para toda la política. Incluida —y sobre todo— la nacional, en la que alguien está empezando a jugar con varias barajas.