CRISIS DE ESTADO

La crisis del Constitucional se suma a una parálisis generalizada que afecta a toda la arquitectura del Estado

Artículo de Ignacio Camacho en “ABC” del 14 de junio de 2011

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

Lo que el Tribunal Constitucional necesita con urgencia no es una renovación de sus miembros sino de sus bases. Una reforma legal que revise el sistema de elección de los magistrados, perfile sus requisitos de excelencia jurídica y los dote de rango vitalicio —como en el Supremo de los Estados Unidos—para atornillar su independencia y alejarlos en lo posible del vaivén de los partidos. Hasta que no se rectifiquen sus problemas estructurales carecen de sentido pataletas como la de los jueces dimisionarios que bien habrían podido renunciar antes de prestarse a la letal pantomima de Bildu, cuyo asalto al poder debería de producirles cierto remordimiento. A buenas horas llegan los escrúpulos; el incuestionable desgaste del TC tiene como causa primera al TC mismo, tan incapaz de resolver en tiempo y forma el pleito del Estatuto de Cataluña como susceptible de dejarse permeabilizar por el poder político.

La crisis del Alto Tribunal se suma, en cualquier caso, a una parálisis institucional generalizada que afecta a toda la arquitectura del Estado ante la prolongación artificial de una legislatura prematuramente agotada. El Gobierno está exánime desde hace tiempo y el descalabro electoral lo ha rematado. El anuncio de retirada de Zapatero no sólo no tuvo ningún efecto de recuperación del Partido Socialista sino que ha provocado un serio vacío de poder agravado por la concurrencia de intereses que supone la bicefalia del presidente y el candidato. Cada minuto que resista el primero liquida un puñado de expectativas del segundo. Entre rumores de elecciones adelantadas, la sensación de provisionalidad se ha instalado en toda la vida pública, desde la economía al Parlamento, y ahora también empieza a hacer mella en el aparato de la justicia. El país se hallaba desde hace tiempo a la deriva por el síndrome de aturdimiento que aqueja al responsable de la gobernanza desde el comienzo de la recesión, pero ahora la confusión se ha transformado en incomparecencia. En un visible vacío de poder agravado por la creciente confrontación de voluntades entre Zapatero y Rubalcaba. Ya no importa tanto saber la fecha de las elecciones como quién va a tomar realmente la decisión sobre el final de un mandato que a efectos prácticos ya ha caducado.

Así las cosas, el órdago de los magistrados constitucionalistas es como una gota de lluvia en el océano de una agenda política en suspenso, aunque simbólicamente viene a rematar el estado de desmantelamiento institucional en que ha acabado sumida la herencia del zapaterismo. Nada funciona en medio de un síncope general de estancamiento que tiene inmovilizado al país cuando más necesita de un impulso. El colapso terminal del Gobierno ha terminado por provocar una crisis de Estado.