JUECES Y JUSTICIA

Artículo de José María Carrascal en “ABC” del 15 de abril de 2010

Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web

Estamos en la semana de la Justicia, con mayúscula, y sólo pensarlo produce escalofríos. Porque la Justicia es la ley de la gravedad del Estado de Derecho. Si se desploma, sobreviene el caos. Un país puede vivir sin gobierno, sin parlamento, sin medios de comunicación. Pero no puede vivir sin Justicia. Sería devolverlo a la ley de la selva, a la sinrazón de la fuerza bruta.

El jueves, el juez Garzón declarará ante el Tribunal Supremo por el segundo delito que se le imputa, los 320.000 dólares que cobró por las conferencias en el Centro Rey Juan Carlos, de la Universidad de Nueva York, durante su estancia en aquella ciudad los años 2005 y 2006, en excedencia con sueldo, al haber declarado que no tenía otros ingresos. Mientras el Consejo General del Poder Judicial sopesa si apartarle o no de la magistratura, tras habérsele encausado por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, de lo que luego se retractó, cediendo la causa a los tribunales madrileños.

Coincide con lo que tendría que ser la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, tras años de deliberaciones, muertes de algunos magistrados, cumplimiento del término de otros y presiones de todas clases sobre ellos. La presidenta intenta sacar adelante una mayoría que dé dignidad al fallo y la libre de tener que usar su voto de calidad para producir una sentencia que sea un empate. Pero eso no es nada comparado con su último objetivo: contentar a los catalanes y respetar la Constitución. La cuadratura del círculo. De no encontrársele solución, habría que seguir esperando esa sentencia, aunque ya como se espera a Godot en la obra de Beckett: sin esperanzas de que llegue. Y si llega, será demasiado tarde.

Pero tampoco puede uno cruzarse de brazos en este momento crítico para la Justicia española, que es tanto como decir España, por lo que voy a reflexionar en voz alta sobre ella, invitándoles a acompañarme. Y lo primero que tengo que decir es que se necesita una madera especial para ser juez, posiblemente el más difícil de los quehaceres humanos. No basta la memoria, la aplicación y la inteligencia. Se necesita también capacidad de análisis, conocimiento de la naturaleza humana, valentía, prudencia, coraje y modestia, cualidades que no suelen darse juntas. De mi curso de bachillerato, como creo de todos, salieron muchos médicos, muchos abogados, pero sólo un juez, que no por nada era el mejor de la clase, no por la brillantez, sino por la madurez ya palpable en aquellos años mozos.

El juez necesita todo ello para ser, ante todo, imparcial. Y no se puede ser imparcial si no se es independiente. Independiente de todos los otros poderes del Estado, el Ejecutivo en primer lugar, siempre ansioso de más atribuciones sin dar cuenta de cómo las usa. E independiente de la moda, de la corriente que prevalece en cada momento, pues el juez tiene sólo una hoja de ruta, la ley, justo lo contrario de la moda.

Tan lejos va la independencia del juez que le obliga a ser independiente de sí mismo, algo bastante más difícil que la independencia de otro. Ha de liberarse de sus pre-juicios, para que no contaminen sus juicios. Prejuicios de todo tipo, personales, familiares, corporativos, ideológicos sobre todo. La ideología, mucho más que el dinero, es la gran corruptora de la Justicia, la causa de los mayores errores judiciales y de las mayores injusticias. De ahí que sea la gran tentación, el mayor escollo a salvar por los jueces. O para los que se creen jueces, pues para los verdaderos jueces no hay otra tentación que hacer justicia.

Defender a Garzón era la coartada para poner en solfa la legitimidad del Supremo, acusado de «cómplice de las torturas de la dictadura»

Generalmente, cuando los mortales juzgamos a otro, lo que solemos hacer es preguntarnos sin darnos cuenta: ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? Y si la respuesta coincide con lo que ha hecho el otro, lo juzgamos bueno, mientras si no coincide, lo juzgamos malo.

Pero el juez no puede permitirse ese lujo. Tiene que saltar sobre su sombra, superarse a sí mismo, y en vez de preguntarse ¿qué hubiera hecho yo en su lugar?, preguntar ¿se ajusta o no a la ley lo que ha hecho? ¿Tenía o no derecho a hacerlo? Independientemente de lo que hubiera hecho él o de lo que le hubiese gustado hacer. Sólo así su juicio será imparcial, es decir, justo.

El juez tampoco tiene que dejarse deslumbrar por las intenciones. Todas las intenciones son buenas mientras sus consecuencias no resulten malas. Todos los acusados encuentran excusas para su proceder, no importa los daños que hayan causado. Todo el mundo es inocente ante sus propios ojos y ante los que simpatizan con él, por una razón u otra. Lo que ya no son tan inocentes son los males que causan muchos hechos bienintencionados. Ya dice el refrán que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Siendo el juez el encargado de proveer la reparación y el castigo correspondiente. Una justicia blanda, complaciente, es una invitación a seguir delinquiendo. Aunque tampoco debe olvidarse que una justicia cruel puede hacer del condenado un mártir e incluso un héroe. Algo que nunca debe ocurrir.

Los «tempos» son también importantes. Una justicia rápida invita a la precipitación, con riesgo de error, al no haberse analizado y sopesado todos los factores. Pero una justicia demasiado lenta, una justicia que se pospone una y otra vez, origina tantos o mayores daños. Y el último cinismo es el aplazamiento indefinido, el lavarse las manos, el no emitir sentencia. No porque el juez no tenga opinión sobre el caso, sino para evitar ser juzgado por su sentencia, por miedo a «retratarse». Aunque lo peor de todo es una sentencia ambigua, ambivalente, «interpretativa», de la que puede sacarse todo tipo de conclusiones, incluso contradictorias. Las consecuencias son claras: en vez de resolver un problema, crearía varios.

Un acusado es culpable o es inocente. Como los cargos de que se le acusan se ajustan a no a la ley. Un juez que no responde a estos planteamientos, que no lo plasma en su sentencia está traicionando a la Justicia y, a la postre, está dejando sin castigo a un delincuente o manteniendo las sospechas sobre un inocente. En otras palabras, está abdicando de la tarea que se le ha encomendado. En ese sentido, se hace cómplice pasivo de un delito.

El objetivo de esta exhibición de extremismo incivil es asegurar un estado de conflicto permanente a través de la algarada de barricada

Podría uno seguir hablando horas y horas de la Justicia y de los jueces, la más difícil y fascinante de todas las actividades humanas. En su «Ética a Nicómaco», lo resume en la frase: «Todas las virtudes se resumen en actuar justamente». Y nadie tiene el deber de actuar más justamente que los jueces. Dicho esto, sólo me resta decir que estoy convencido de que la inmensa mayoría de los jueces españoles lo hacen. Pero no se habla de ellos, precisamente por ser buenos jueces.

Su principal problema es un ordenamiento constitucional que no sólo no facilita su labor, sino que les pone toda clase de trabas, desde sus nombramientos, escandalosamente politizados, hasta su funcionamiento, con menos recursos que cualquier otra rama de la Administración. Si el Estado ganase dinero con la Justicia, seguro que los juzgados funcionarían como las delegaciones de Hacienda o los servicios de multas de tráfico. Pero lo único que quieren los políticos de los juzgados es controlarlos y que no les controlen a ellos, para que no se descubran sus chanchullos.

No va a ser fácil salvar estos escollos. Pero tengo la esperanza de que la gravedad en que se encuentra la Justicia española, el peligro que corre de ser absorbida por los demás poderes del Estado e incluso por las masas en la calle, haga reaccionar a los verdaderos jueces, que olvidando sus diferencias ideológicas, se pongan de acuerdo para limpiar toda la basura que han arrojado a su patio los que quieren quitarles la máxima dignidad en una monarquía o república: ser los intérpretes de la ley.