UNA IDEA ANDALUZA DE ESPAÑA

 Artículo de MANUEL CHAVES GONZÁLEZ, Presidente de la Junta de Andalucía,   en  “ABC” del 28/02/05

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

Lo introduzco aquí con retraso porque se me había quedado oculto por la gripe. Muy importante: es la única idea viable de España, y refleja la opinión de la federación socialista más importante del PSOE y de la Comunidad Autónoma mayor del país (L. B.-B.)

A menudo nos referimos al Día de Andalucía, el 28-F, pero pocas veces, poquísimas, recordamos lo que realmente sucedió en aquel proceso político cuyo gozne fue el referéndum celebrado en el invierno de 1980, del que hoy se cumple un emblemático XXV aniversario, y que tantas cosas hizo cambiar en la España de las autonomías que entonces comenzaba a alumbrarse.

Que nadie se incomode, porque los hechos fueron los que fueron. El Gobierno de España en aquella época decidió abortar el proceso por el cual Andalucía aspiraba a acceder a la autonomía por el procedimiento más rápido y que garantizaba el mayor nivel competencial, el establecido en el artículo 151 de la Constitución Española, que por aquel entonces ya se hizo famoso entre los andaluces.

El artículo 2 de la Constitución Española garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre éstas, en el marco de la unidad de la nación española. Pero la CE establece, igualmente, un modelo de autonomía «a la carta» donde caben muy distintos regímenes competenciales y, en teoría, hasta territorios directa y únicamente vinculados a la Administración Central. Es decir, la Carta Magna, por aquel entonces aún sin desarrollar el llamado «bloque de constitucionalidad», admitía una interpretación profundamente asimétrica del régimen autonómico. A ello se agarró el Gobierno de UCD para tratar de conducir el proceso autonómico, distinguiendo entre Comunidades Autónomas y reservando la autonomía plena únicamente para aquellas comunidades que habían logrado el régimen de autogobierno durante la Segunda República: Cataluña, País Vasco y, con matices, Galicia. El Gobierno de UCD pudo haber optado por respetar la voluntad política de una Comunidad por incorporarse a la autonomía plena, supuesto contemplado en la Constitución en el marco de un sistema que garantizara la igualdad de todos los ciudadanos y la no discriminación de las Comunidades autónomas. Pero no lo hizo y levantó la indignación en la Andalucía de la época.

Desde el final de la dictadura, los andaluces habían dado muestras de una inequívoca voluntad de situar a Andalucía desde el primer momento en pie de igualdad a otras CC.AA. Las multitudinarias manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, el Pacto de Antequera de un año después, la adhesión masiva de los Ayuntamientos y Diputaciones al procedimiento autonómico del artículo 151 de la CE eran sintomáticos del sentir de la comunidad y reveladores de que el resultado del 28-F no fue ni casual ni flor de un día. Antes al contrario, reflejaba un estado de ánimo y una robustez política que algunos no quisieron o no supieron ver. En pocas palabras, los andaluces apostaron por una lectura de la Constitución muy distinta a la que repentinamente se trataba de imponer. Fruto de aquella concepción más amplia y más equilibrada del modelo autonómico fue el resultado del referéndum del 28 de febrero de 1980, sin el cual difícilmente se entendería la actual configuración del Estado de las Autonomías.

Gracias a aquella fenomenal sacudida cívica, que llenó las urnas de «síes», Andalucía no sólo logró un régimen autonómico equiparable al de las llamadas nacionalidades históricas sino que contribuyó a que el sistema autonómico constitucional se desarrollase en términos de equilibrio y solidaridad.

Todo esto supone un apunte muy notable de lo mucho que tenemos que decir los andaluces en el actual proceso de profundización y confiemos que mejora de nuestro modelo autonómico. En estos 25 años Andalucía ha superado buena parte de los tópicos injustos que la perseguían y la mayor parte de los cuellos de botella que lastraban su desarrollo. Pero yo me atrevería a decir que lo esencial de nuestro proceso autonómico es que ha consolidado nuestra voluntad política inequívocamente integradora, respetuosa con los hechos diferenciales pero a la vez sólidamente vinculada a una idea moderna y avanzada de la nación española.

Por eso nos negamos rotundamente a participar en una perspectiva que presentaría a los territorios de España enfrentados entre sí, como si los españoles quisiéramos robarnos los unos a los otros, como si la conciliación de los intereses de todos fuera una especie de juego de suma cero, en el que lo que ganan unos lo perderían otros. No podemos estar de acuerdo con esa visión porque estamos convencidos de que nuestro modelo nacional de convivencia nunca avanzará, o no lo hará en el buen camino, si el Estado de las Autonomías se presenta sistemáticamente en clave de confrontación territorial.

Por eso la reforma del Estatuto de Andalucía no puede ser un bólido más en una carrera, absolutamente desaconsejable, por restar competencias al Estado. No. Nuestra idea de España, la idea andaluza de España, pasa también por un Estado sólido, con instrumentos y recursos necesarios para cumplir su alta misión constitucional: garantizar la igualdad de todos los españoles y españolas, la cohesión y el progreso armónico de todos los territorios, el derecho a la autonomía, la unidad y la libertad. Por eso, si una Comunidad Autónoma exige algo que el Estado no debe ceder porque pudiera afectar negativamente al cumplimiento de esos principios constitucionales en los que se basa nuestra convivencia, la solución no puede ser «y para Andalucía también». Al contrario, la idea activa de España que tenemos los andaluces exige que, en esos casos, nuestra respuesta sea de respaldo a una concepción solidaria del Estado.

Por los mismos motivos, no podemos callar ante los intentos de condicionar, desde algunas de las partes, el futuro de todos. Hablo, por supuesto, de desafíos constitucionales como el extinto Plan Ibarretxe. Pero también me refiero a intentos de imponer criterios que obligarían a una futura reforma constitucional o que condicionarían seriamente el futuro sistema de financiación autonómica o la gestión de la Seguridad Social. Lo que es de todos habremos de resolverlo entre todos porque es posible hacerlo y porque así avanzaremos juntos en una idea activa de España, beneficiosa para los proyectos, individuales y colectivos, que legítimamente quieran desarrollarse, al amparo de nuestra Constitución, en España. Una España de la que Andalucía no es sólo parte inseparable, sino parte esencial.