ELECCIONES, YA
Editorial de “El Confidencial”
del 14 de junio de 2011
Por su interés y relevancia he
seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web
Es una obviedad que no hay democracia sin soberanía popular. Y sólo este principio debería ser suficiente para convencer al presidente del Gobierno de la necesidad de convocar elecciones lo antes posible. Por supuesto, sin esperar a la llegada del otoño.
Se equivoca el jefe del Ejecutivo si piensa que las elecciones del 22-M significaron una simple derrota del PSOE derivada de la crisis económica. Los resultados ponen de manifiesto que el ciclo político de Rodríguez Zapatero se ha agotado, y esta realidad evidente no tiene nada que ver con una visión apriorística de carácter ideológico al margen de hechos probados. Se ha manifestado con toda crudeza tras las elecciones municipales y autonómicas, y hasta en la propia incapacidad del PSOE para convocar unas elecciones primarias.
Cuando un presidente del Gobierno recibe tal varapalo de los electores, sólo caben dos opciones: el camino de las urnas o la presentación de una cuestión de confianza ante el parlamento. Como establece, por cierto, el artículo 112 de la Constitución. Y la segunda de las opciones la ha desechado Zapatero.
El último episodio de este desgaste del Gobierno tiene que ver con la dimisión en bloque de tres magistrados del Constitucional. Un hecho que sólo tiene un precedente: la salida antes de tiempo de Manuel García Pelayo como presidente del TC. Estamos, por lo tanto, ante un escenario prácticamente inédito que simboliza el grado de descomposición de la vida política española. Cuando los dos principales partidos no se ponen de acuerdo sobre la renovación de las altas instituciones del Estado es que el sistema está agujereado. E incluso noqueado tras la legalización de Bildu, que no significa otra cosa que tirar por la borda una década de política antiterrorista.
Es ridículo pensar que el Ejecutivo tiene fuerza suficiente para agotar la legislatura. Máxime cuando carece de impulso y potencia política para controlar el gasto autonómico. Sobre todo después de esa reforma de la Constitución por la puerta de atrás que significó el Estatut
No es el momento de buscar culpables sobre las dimisiones en el TC, pero lo que está fuera de toda duda es que así no se puede seguir gobernando un país ni un día más. Y menos con un presidente en retirada que además tiene pendiente de hacer una crisis de Gobierno para sustituir al candidato Rubalcaba. Y que para más inri ha convertido el poder legislativo en una cámara que simplemente convalida los textos que le remite el Consejo de Ministros, pero sin iniciativa propia. No se puede gobernar a golpe de Real Decreto-ley, como hace este Gobierno.
La crisis económica y las renovadas presiones sobre la deuda pública española son, en este sentido, el corolario lógico a la debilidad política del Gobierno, que está utilizando los minutos basura de su mandato no para hacer reformas económicas de calado, como cabría esperar, sino para abonar el terreno electoral al ministro del Interior.
Un Gobierno inane
Se trata de un error de indudable transcendencia que sólo emponzoñará un poco más la vida política española y empobrecerá al país. El aumento del diferencial con Alemania, el incremento del desempleo, los problemas para elegir a los consejeros y presidentes de algunos órganos reguladores, la sangría de las cuentas públicas y el previsible retraso del proceso de reestructuración del sistema financiero por las dudas sobre la economía española, no son más que la consecuencia lógica de un Gobierno inane que ya sólo lucha por sobrevivir a cualquier precio. Y cuyos actos los están pagando los agentes económicos privados.
Es ridículo pensar que el Ejecutivo tiene fuerza suficiente para agotar la legislatura. Máxime cuando carece de impulso y potencia política para controlar el gasto autonómico. Sobre todo después de esa reforma de la Constitución por la puerta de atrás que significó el Estatuto de Cataluña. Ni las comunidades autónomas del PP ni, por supuesto, las del PSOE o de CiU tienen incentivo alguno para endurecer su política fiscal con unas elecciones a la vista. El Gobierno no está en condiciones de imponer nada. Sólo este argumento debería ser suficiente para adelantar las elecciones sin esperar un minuto.
Una dilación injustificada sólo dañará a la economía. Algo extraordinariamente grave en un país con casi cinco millones de parados. Como decía un catedrático de Derecho Político hace muchos años, estamos ante un fallo del sistema político “multiorgánico” que sólo se podrá superar con elecciones. Ya.