EL TC NO RESOLVERÁ SOBRE EL «ESTATUT»

 Artículo de Carlos Dávila en “La Razón” del 06.08.07

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

La dilación no es casual. El Gobierno de Zapatero ha exigido a sus representantes en el Tribunal Constitucional que aplacen lo más posible la resolución sobre el Estatuto de Cataluña. Los miembros socialistas del TC obedecen, con disciplina lanar, las consignas de sus jefes políticos y a estas horas, se puede aventurar que podemos llegar a las próximas elecciones generales sin que el Constitucional se pronuncie sobre uno de los grandes asuntos que afectan al porvenir mismo de España como nación. Ya se sabe que el PP ha pedido con urgencia una agilización de los trámites y que otras instancias judiciales y jurídicas han planteado idéntica apelación, pero no hay nada que hacer: el Estatuto de Cataluña se halla en el cajetín de los estancos donde habitan otros catorce mil recursos que ni se pueden sustanciar, no tienen esperanza alguna de ver salida los próximos años, ni siquiera meses.

Claro está que este recurso no es otro cualquiera; es más, si el poder político autorizara a sus monaguillos constitucionales, la sentencia «estaría lista en unos días», según aclara un jurista muy vinculado al tribunal. ¿En qué sentido resolvería el Tribunal? Tampoco existen dudas a este respecto: «no uno, sino varios artículos del Estatuto –en opinión de esta fuente– quedarían fuera de nuestra Norma Suprema».

El Gobierno tiene perfecto conocimiento de la situación y por eso ha ordenado la más larga dilación posible. Basándose en que antes del Estatuto catalán hay otros dos que esperan sentencia, el Tribunal aplaza y aplaza prácticamente «sine die» su decisión. En la primavera pasada ya se urdió una maniobra para ampliar el mandato de la presidenta actual, María Emilia Casas. La estrategia estaba pensada para propiciar que en una hipotética votación, los magistrados favorables al rechazo del Estatuto impusieran su mayoría. Ahora, la situación es aún más censurable:

se trata de que el Senado, la cámara que tiene que proceder a la sustitución de los miembros del tribunal que terminan su mandato en diciembre, ni siquiera pueda designar a los elegidos. Puede suceder lo mismo que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial: que no haya consenso entre los dos principales partidos para escoger a los candidatos. Esto es a lo que aspira el Gobierno y a ello encamina su táctica dilatoria. Para que la táctica obtenga el resultado apetecido Zapatero cuenta con la inestimable colaboración de la presidenta Casas, cuyo mandato debería concluir en el último mes de este año. Casas, extraordinariamente considerada en los ámbitos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco (su marido es asesor retribuido del Gobierno de Ibarreche), está decidida a escuchar, y en consecuencia a seguir, las presiones de Zapatero. Casas, con toda probabilidad y llegado el momento de la votación, tendría que imponer su voto de calidad, pero según fuentes próximas la tribunal, ella no es precisamente una heroína o una víctima que quiera pasar a la historia de la institución como el primer presidente, Manuel García Pelayo, que impuso por primera vez este «voto de calidad» en una decisión, la de expropiación por decreto de Rumasa, que todos los juristas españoles consideraron entonces y siguen considerando ahora como «indigna» y «bochornosa”. García Pelayo, avergonzado, volvió a marcharse a Venezuela, de donde procedía, no sin antes confesar apesadumbradamente al vicepresidente de entonces, Ángel Escudero del Corral, que «no había podido aguantar el cerco a que le sometieron el presidente del Gobierno, Felipe González, y su vicepresidente, Alfonso Guerra que, en una reunión dominical en la Moncloa, le instaron a que se pronunciara a favor de la constitucionalidad». Pelayo añadía entonces:  «Lo hice por un sentido de Estado muy equivocado».

En este momento, el recurso sobre el Estatuto de Cataluña es todavía más trascendente que aquel también presentado por los populares, porque afecta nada menos que al concepto de unidad de España, recogido como indisoluble en segundo artículo de la Constitución. Si el Tribunal Constitucional se pronunciara en contra del Estatuto ello supondría una varapalo histórico para un presidente como Zapatero que, con nocturnidad, pactó con Artur Más una redacción luego aprobada pírricamente en una consulta que apenas superó el cuarenta por ciento del censo. Zapatero no quiere acudir a las elecciones generales y ha perpetrado esta urdimbre de presiones que impiden al Constitucional publicar una sentencia que, hay que repetirlo, sería ahora mismo tan rápida como negativa para el propio Estatuto. Zapatero, en un acto de irresponsabilidad política clamorosa, no sólo está dilatando la sentencia, sino que además se muestra indiferente ante la violación que Gobierno de Cataluña, presidido por su ex ministro Montilla, está haciendo de un Estatuto actualmente recurrido. La Generalitat está desarrollando el Estatuto, incluso en sus artículos más polémicos, sin esperar a que el Constitucional se pronuncie. Y Zapatero mira a otro lado. Es una martingala perfectamente pensada que tiene un solo objetivo: impedir que el TC tome su decisión defi nitiva antes de las elecciones generales. Aunque éstas se celebren en marzo. Zapatero en estado puro.