EL
GOBIERNO ADELANTA LAS CONDICIONES PARA APOYAR LA REFORMA DEL ESTATUTO DE
CATALUÑA
Informe de LUIS
R. AIZPEOLEA - Madrid en “El País” del 13/02/2005
Por
su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo
en este sitio web. (L. B.-B.)
Con un muy breve comentario al final:
¡EXISTE! (L. B.-B., 13-2-05, 09:00)
El
Gobierno ha adelantado las condiciones para respaldar la reforma del Estatuto
de Cataluña que debate la ponencia parlamentaria de la comunidad. El presidente
del Ejecutivo se había limitado a señalar que la reforma de los Estatutos
deberá contar con un amplio consenso e inscribirse en el marco de la
Constitución. En la perspectiva de que el debate del Estatuto se acelere en la
ponencia a partir de abril, el Gobierno ha dado a conocer al presidente de la
Generalitat, Pasqual Maragall, las condiciones que
debe cumplir para contar con su apoyo. Zapatero se comprometió a apoyar en las
Cortes lo que el Parlamento catalán decida. Por ello el Ejecutivo ha adelantado
los obstáculos que constata.
El Gobierno socialista ha precisado, por vez primera, las
condiciones para su apoyo a la reforma del Estatuto de Cataluña y se las ha
hecho saber a la Generalitat de Cataluña. Exigirá que el Estatuto reformado no
sirva como instrumento para modificar leyes orgánicas, como la del Poder
Judicial, la del Régimen electoral, la de Financiación de las Comunidades
Autónomas o la reforma del Senado, que deben materializarse a través de leyes
generales y, en el caso del Senado, de la reforma constitucional.
Tampoco aceptará que se desvinculen los ingresos de la
Generalitat de las competencias del Gobierno autónomo, esto es, la creación de
un nuevo Cupo como fórmula de financiación. Rechazará que la Generalitat se
"blinde" en materia competencial, es decir, impedirá la pretensión
del texto de asumir todas las competencias no atribuidas expresamente al
Estado, así como un uso generalizado del artículo 150,2 de la Constitución, que
permite la cesión a las comunidades autónomas de las competencias exclusivas
del Estado.
Estas condiciones las expuso el martes el ministro de
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en su encuentro
en Barcelona, y también las está dando a conocer a los partidos catalanes.
Rodríguez Zapatero se comprometió en noviembre de 2003, en la
campaña electoral catalana, a respaldar la reforma del Estatuto que salga del
Parlamento catalán. Este compromiso obliga al Gobierno socialista a acordar los
aspectos más conflictivos del Estatuto con los partidos implicados en la
reforma en breve plazo, entre febrero y marzo, pues Maragall pretende que la
ponencia parlamentaria del Estatuto acabe sus trabajos para el verano.
El Gobierno socialista concede especial importancia al resultado
de la reforma del Estatuto de Cataluña porque será el referente de las demás
reformas estatutarias que llegarán a las Cortes desde, al menos, diez
autonomías, entre finales de 2005 y 2006. En esas condiciones, el Gobierno ha
decidido plantear sus reservas en aquellos aspectos del borrador con el que
trabaja la ponencia parlamentaria, el texto enviado por el Institut
de Estudis Catalans, que le
parece que cuestionan su constitucionalidad.
La primera de las reservas del Gobierno socialista procede de la
pretensión del Estatuto reformado de ser un instrumento para modificar leyes
orgánicas del Estado. El texto que manejan los ponentes modifica, entre las más
importantes, la ley del Poder Judicial, la Ley de Financiación de las
Comunidades Autónomas, la del Régimen Electoral, la del Derecho de petición y
la del referéndum. También modifica el artículo 3 de la Constitución, al
proponer el deber de conocer el idioma catalán. La Constitución reconoce
el derecho, no el deber.
"Si estas pretensiones salieran adelante, el Parlamento de
Cataluña estaría diciendo al español lo que tiene que hacer. Las Cortes no
pueden aceptar que no les dejen opinar y que les quiten competencias",
señalan fuentes gubernamentales.
"No todo cabe en el Estatuto, a riesgo de hacerlo
inabarcable", dijo el ministro de Administraciones Públicas en una
conferencia en el Círculo de Economía de Barcelona, tras reunirse con Maragall.
Se refería a que materias que serán reguladas por leyes orgánicas, como la del
Poder Judicial, no deben figurar en el Estatuto. Tampoco debe figurar la
reforma del Senado, que es un compromiso alcanzado por el Gobierno socialista
para materializarlo a través de una reforma constitucional. O el modelo de
financiación autonómica, que tendrá que pactarse entre todas las comunidades
autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En cuanto al modelo de financiación autonómica, el Gobierno
socialista "no aceptará que se desvinculen los ingresos de la Generalitat
de las competencias que tiene". Dicho de otro modo, rechaza la pretensión,
adelantada por CiU y ERC, de vincular los ingresos de la Generalitat a la
capacidad fiscal de Cataluña, esto es, de "crear un Cupo a la vasca".
"Las autonomías, por su cuenta, no pueden poner límites a la solidaridad.
Son todas las que deciden" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La tercera reserva importante del Gobierno socialista a la
propuesta de reforma del Estatuto procede de la pretensión de la Generalitat de
asumir todas las competencias que no aparecen atribuidas expresamente al
Estado, esto es, las compartidas.
También se opone el Ejecutivo socialista al uso discrecional por
la Generalitat del artículo 150,2 de la Constitución, que permite la cesión de
competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Este artículo
sólo se ha utilizado en tres ocasiones en los 26 años de vigencia de la
Constitución. "Estas cesiones a la Generalitat romperían el principio de
igualdad de todos los españoles".
El Gobierno aún no se ha definido sobre otra de las cuestiones
más debatidas: la denominación de la comunidad catalana. El ministro de
Administraciones Públicas, en su intervención en Barcelona, identificó
"nacionalidades" con "naciones sin Estado".
Muy breve comentario final:
¡EXISTE! (L. B.-B., 13-2-05, 09:00)
¡Aleluya!, ¡Existe!, ¡El Gobierno existe!
Uno no dispone hoy de tiempo para despacharse
este "informe--globo-sonda" más que con un muy breve
comentario, pero debo decir que es la primera vez en un año que me siento
obligado a felicitar al Gobierno. Creo que por fin ha cumplido con su
obligación de encarrilar el proceso de reforma estatutaria y poner coto a esta
huida hacia el vacío que se viene produciendo desde hace un año.
Pero el aterrizaje va a ser agitado, así que
¡vayan poniéndose los cinturones ! Acaba de
producirse un cambio de estado cualitativo del proceso político, y habrá que
ver como reaccionan los actores, pero es previsible
que este posicionamiento del Gobierno desate una tempestad política de
envergadura.
Habrá tiempo para debatir el contenido de este
globo-sonda, el Gobierno y la sociedad civil catalana deben explicar claramente
este posicionamiento, pero creo que Sevilla ha acertado con su decisión.
¡Aunque le llamarán Aznar!