ZAPATERO AFRONTA LA DIVISIÓN EN EL PSOE
Chaves y Montilla se coordinan para tranquilizar a los líderes territoriales sobre el Estatuto
Informe de LUIS R. AIZPEOLEA en “El País” del 23.10.05
Por su interés y relevancia, he seleccionado el Informe que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
El llamamiento del ex presidente Felipe González a los partidos para evitar un debilitamiento del Estado, pronunciado el 7 de octubre, una semana después de que el Parlamento de Cataluña aprobara el proyecto de reforma del Estatuto, revela la desazón generalizada en las filas del PSOE y la sensación de muchos socialistas de que el texto que ha entrado en las Cortes pone en riesgo el Estado de las autonomías y abre una crisis en el PSOE, especialmente con el PSC, el partido socialista que lo ha votado en Cataluña.
El PSOE, tras el desconcierto de los primeros días, trata de dar la vuelta a la situación y pasar a la ofensiva. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuenta en esa tarea con el apoyo activo del presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y del primer secretario del PSC, José Montilla, que trabajan conjuntamente en suturar el conflicto entre el PSC y el PSOE, tranquilizar a los barones socialistas y reafirmar su discurso territorial frente al PP.
El Gobierno y la Ejecutiva del PSOE admiten que el texto aprobado por el Parlamento catalán cogió desprevenidos a los cuadros del partido a los que alarmó su contenido, el apoyo del PSC y la actuación del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Éste, en el Comité Federal del PSOE, celebrado el 3 de septiembre, se comprometió a que el Parlamento catalán aprobaría un texto "políticamente realista y jurídicamente constitucional". A esta desorientación ha contribuido la "brutal campaña" del PP contra el Estatuto, centrada en el lema "se rompe España".
Una vez conocido el texto se abrieron tres posiciones en las filas socialistas: la del PSC, que lo apoyó en el Parlamento catalán; la de socialistas más centralistas como el ministro de Defensa y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono; el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el presidente de la Federación de Municipios, Francisco Vázquez; y una tercera, dónde se sitúa la visión moderna del Estado de las autonomías, y que tiene como principal valedor al presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, Manuel Chaves, entre los líderes territoriales.
Los socialistas más centralistas basan sus críticas al texto del Estatuto en la denominación de Cataluña como nación por su alcance populista. Eso les diferencia de las críticas que han dirigido al texto quienes representan una visión moderna del Estado de las autonomías, como la mayoría del Gobierno de Zapatero y de la Ejecutiva socialista; así como el presidente de la Junta de Andalucía y una mayoría de presidentes autonómicos socialistas, como el gallego, Emilio Pérez Touriño; el aragonés, Marcelino Iglesias, y secretarios regionales, como el vasco, Patxi López, o el valenciano, Joan Ignasi Pla. Son dirigentes socialistas que han asumido la cultura autonómica al hilo del desarrollo del Estado de las autonomías, en un partido de tradición centralista.
Para esta mayoría, el proyecto de Estatuto ataca el papel equilibrador y garante de la solidaridad y bienestar entre las comunidades autónomas que corresponde al Estado de las autonomías. Sus críticas concretas se dirigen al modelo de financiación, que pretende atribuir la capacidad de recaudación a la comunidad autónoma, en detrimento del Estado; al cuestionamiento de la unidad de caja de la Seguridad Social y a su excesivo reglamentismo en materia económica. En esta posición se sitúa también el veterano socialista y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra.
El propio Zapatero -que se mantuvo al margen del debate sobre el Estatuto mientras se produjo en el Parlamento de Cataluña, una posición muy discutida, pero que se corresponde con el respeto del presidente al funcionamiento institucional- rompió su silencio. Lo hizo en mayo para desautorizar la propuesta del Gobierno tripartito que atribuía a la Generalitat la competencia del Estado de recaudar impuestos.
El que el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña, con el apoyo del PSC, no tuviera en cuenta este aviso de Zapatero ni las reiterados advertencias del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, estos meses, sobre este extremo y otros, contribuyó, sin duda, a desorientar a los cuadros socialistas.
El debate sobre la denominación de Cataluña como nación, lo sitúa la mayoría socialista en el terreno de los sentimientos y no en el ideológico. "El Estado no puede renunciar a su papel como garante de la igualdad y la solidaridad. Ésa es la clave y es la seña de identidad del socialismo en política territorial", suele decir Chaves. En cuanto al debate sobre el término nación, la mayoría socialista estima que hay que buscar una fórmula que compagine el sentimiento nacional de muchos catalanes con el de muchos españoles que creen que sólo hay una nación, que es la española.
Para esta mayoría, que ha asumido la cultura autonomista en el PSOE, el Estado de las autonomías es una de las obras más estimadas de la etapa democrática. Fue introducido en la Constitución de 1978 por iniciativa del socialista, Gregorio Peces-Barba, el entonces comunista Jordi Solé Tura y un nacionalista, Miquel Roca, con la oposición de AP, el partido predecesor del PP. Sus principales cimientos los echó el Gobierno de Felipe González. Y tanto él como ahora Zapatero alaban su papel de motor de progreso y equilibrio entre los territorios.
El debate interno en el PSOE ha experimentado un cambio en la última semana, amparado en el discurso de la mayoría, con el anuncio reiterado de sus líderes de que el proyecto de Estatuto será enmendado a su paso por las Cortes para adaptarlo a la Constitución y al interés general de los españoles. No ha sido ajeno el papel personal de Zapatero, con entrevistas públicas con los líderes socialistas más descontentos, como Rodríguez Ibarra, y conversaciones discretas con otros, y el apoyo activo que ha tenido del presidente andaluz.
Chaves, que dispone de la autoridad, junto con Maragall, de ser el promotor del proceso de reformas estatutarias y goza en el PSOE de una confianza que ha perdido Maragall, ha tranquilizado a los secretarios territoriales del PSOE, y ha conversado, especialmente con el primer secretario del PSC, José Montilla. "No queremos que Cataluña, donde reside un millón de andaluces, se convierta en un problema para España", suele decir Chaves.
Por su parte, Montilla insiste en que la reforma debe servir para integrar los sentimientos catalanes de más autogobierno con el interés general de España, que resume en el lema de campaña del PSC: "Visca Catalunya, Visca España". Para ello considera necesario que las Cortes enmienden el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña.
Tanto Zapatero como Chaves y Montilla han recuperado el discurso de la Declaración de Santillana del Mar, de agosto de 2003, para afrontar el Estatuto a su paso por las Cortes. "Las reformas de los estatutos son necesarias porque se hacen para modernizar el Estado de las autonomías y, en el caso de Cataluña, estamos ante la oportunidad de mejorar la convivencia en España", dicen en La Moncloa. Y esa modernización no pasa por debilitar el papel del Estado como garante de la solidaridad, añade en alusión al Estatuto de Cataluña.
El primer movimiento importante, con el que el PSOE pretende dar la vuelta a la situación, ha procedido del PSC, con su desmarque de Maragall, y su decisión de corregir el Estatuto en las Cortes, recuperando las enmiendas que había presentado en el Parlamento de Cataluña. Aunque el conflicto entre Maragall y el PSC se suscitó por la crisis de Gobierno que pretendía el presidente de la Generalitat, esa "fue la gota que colmó el vaso de un malestar gestado en la tramitación del Estatuto en Cataluña".
Un hito clave en ese malestar fue la declaración de Maragall a favor de que no se enmendara el texto al día siguiente de que Montilla anunciara lo contrario. La decisión del PSC de enmendar y negociar el proyecto en las Cortes ha supuesto la superación de su quiebra con el PSOE y ha venido acompañada de otra decisión del Gobierno tripartito de Cataluña -PSC, ERC e IU-IV- en la misma dirección.
El siguiente paso lo dará este lunes la Ejecutiva del PSOE que aprobará un documento político, en el que establecerá las líneas en que basará sus enmiendas al texto del proyecto de Estatuto. Y el 2 de noviembre será el propio Zapatero el que, en el debate sobre la admisión a trámite del Estatuto en las Cortes, fijará su posición sobre la reforma, sus "líneas rojas" y su visión del Estado de las autonomías. "El proceso de negociación en las Cortes será complicado. Pero el PSOE volverá a jugar el papel de moderador, que ha jugado siempre en la vertebración territorial de España", señala Chaves.