Editorial de “El País”
del 11 de mayo de 2008
Por su interés y
relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio
web.
La política de cohesión de la UE enseña cómo objetivar el debate del dinero
autonómico
El debate sobre la revisión de la
financiación autonómica plantea qué nivel de cohesión debe garantizar el
Estado; en función de qué criterios; y qué dotaciones deben recibir la
Administración central y las autonómicas. Las respuestas las dará la
negociación. Y el imprescindible consenso.
Pero parece ya evidente que el nivel de transferencias
de solidaridad debe seguir siendo muy alto, pues las disparidades de bienestar
todavía son muy significativas, pese a la extraordinaria convergencia
registrada; obtenido ese nivel, no parece que la cohesión deba aplicarse
infinitamente a todas las partidas de gasto. Debe concentrarse en los servicios
esenciales que garantizan la igualdad de derechos básicos para todos los
españoles. Si éstos se acotan a educación, sanidad y dependencia (según postula
Cataluña) o abarcan más, es discutible. También deben afinarse los criterios de
cálculo: el principal debe ser la población (a ella es a la que se dirigen las
políticas sociales), incluidas las variaciones migratorias, pero habrá que
completarlo con otros (dispersión, edades...). Y habrá que establecer un
reparto más equilibrado entre la Administración central y las autonómicas,
cuyos gastos crecen necesariamente más, ya que aumenta más la demanda y el
coste de los servicios que prestan, sobre todo los educativos y sanitarios.
Ahora bien, la discusión se ha ceñido hasta
ahora al método (formato, calendario, transparencia, estilo, equilibrio), a
veces con pasión digna de mejor causa. No hay que tecnificar un debate que por
su propia naturaleza -la hacienda- entraña gran calado político. Pero sí conviene,
y urge, objetivarlo. Para ello, nada mejor que ilustrarse con la excelente
experiencia de la política europea de cohesión.
Así, el formato negociador será al tiempo
bilateral y multilateral. Lo exige el Estatuto catalán. Más: así funciona, y
bien, en la UE, donde la Comisión prenegocia con los
grandes protagonistas, alemanes y españoles, aunque no sólo ellos. Y, al fin,
el pacto implica a todos.
Así, el calendario debe respetar lo
establecido por ley (acuerdo para el 9 de agosto), igual que Bruselas respeta
los septenios de sus paquetes financieros. Cierto que la crisis introduce
incomodidades en las prioridades económicas. Pero éstas pueden solventarse con
técnicas europeas como las periodificaciones de
aplicación o los aterrizajes suaves. Y, además, la política de cohesión es anticíclica: los "paquetes Delors"
que duplicaron los fondos destinados a la cohesión reactivaron la economía
frente a la atonía de 1985, cuando se iniciaron.
Así, la transparencia debe ser total. Las
balanzas fiscales (lo que aporta a la caja común y lo que recibe de ella cada
uno, el saldo neto resultante) constituyen un elemento evidente del debate,
como ocurre en la UE. No hay por qué ocultarlo. Pero debe ponerse en relación
con otros factores, como las balanzas comerciales, las de bienestar relativo,
las de colectivos más necesitados. Obviar estos elementos también
desnaturalizaría el debate.
Así, el estilo debe soslayar la demagogia. Y
su lenguaje. Conviene un ajuste entre territorios contribuyentes netos y receptores
netos, los conceptos utilizados en la UE. Pero perjudicaría a todos una guerra
entre comunidades ricas y pobres, conceptos esquemáticos: también hay
ciudadanos pobres en aquéllas y ricos en éstas. La riqueza territorial relativa
es un dato muy relevante, pero nunca unívoco.
Así, la discusión debe obedecer al imperativo
de alcanzar un equilibrio habitable por todos, pues todos aportan y todos
reciben. Alemania es el primer contribuyente al presupuesto de la UE, pero
también los alemanes figuran en tercer lugar en la lista de los 27
beneficiarios de la política europea de cohesión.
De modo que sigue vigente, también en esto,
la añeja máxima orteguiana. Si España es el problema, Europa es la solución.