LAS POLÍTICAS DE ESTADO EN UN SISTEMA CASI
INSOSTENIBLE
Artículo de Ángel Expósito, Director de ABC, en “ABC”
del 1-2-10
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web
El
principal problema de España no es quién gobierna, ni siquiera cómo lo hace.
Para eso están las elecciones. Tampoco lo son nuestras relaciones exteriores,
la crisis económica o la ausencia de valores. El mayor problema de esta nuestra
España, que a su vez recoge todos los anteriores, es el casi insostenible
sistema político y territorial en el que nos hemos metido poco a poco, y del
que parece imposible salir a flote. Pero se tiene y se debe reconducir.
Lo
primero que a uno le sorprende cuando trata los asuntos que repercuten a las
políticas de Estado con presidentes autonómicos, alcaldes o dirigentes
territoriales de todos y cada uno de los partidos políticos que inundan
nuestras páginas, insisto, de todos, es que la inmensa mayoría de ellos tienen
un verdadero concepto del Estado. O al menos así lo expresan «off the record». ¿Qué ocurre entonces para que, sencillamente,
mientan o, por decirlo suavemente, no digan toda la verdad sobre su pensamiento
cuando hablan en público? La respuesta es muy sencilla: Hay elecciones en su
territorio.
Algo
falla y ese fallo es de enorme gravedad, si con demasiada frecuencia un
político dice una cosa y la contraria, en función de si lo expresa en público o
en privado. El fenómeno no es nuevo y resulta consustancial con la democracia y
el sistema de partidos, pero el abuso de dicho ejercicio y más aún si de lo que
se habla es de cuestiones de Estado, entonces, hace que el problema sea de
fondo. Y es que no se quiere decir la verdad porque se cree que los votantes
del terruño, pueblo, provincia, cabildo, diputación o comunidad autónoma no la
compartirían.
Las
finanzas públicas de nuestro descentralizadísimo mapa
de competencias resultan imposibles porque hacen aguas por todas partes y, lo
que es peor, por todos los libros de cuentas y balanzas de la Administración.
Pero una vez más, aunque se reconoce en privado, se niega abiertamente en
público y hasta con ostentación. En este sentido, la pregunta debería ser
nítida y sencilla: ¿Quién va a pagar la fiesta cuando se demuestre que es
imposible seguir costeando el guateque? Seamos sinceros: Nadie podrá abonar la
factura.
Ahora
bien, ¿quién da marcha atrás a este proceso sin fin? ¿Alguien se atreverá a
poner el cascabel al gato del despilfarro administrativo? ¿Quién tendrá el
valor político suficiente para plantear siquiera un recorte no ya competencial
-¡Dios mío, me van a mandar al mismísimo infierno!- sino tan siquiera un
control férreo del gasto? Casi todos a los que no puedo citar con nombre y
apellidos reconocen que esto, el sistema autonómico, se ha ido de las manos. Y
tienen razón.
Pero
a continuación asistimos a otro curioso fenómeno y es que, tras el cinismo de
la clase política territorial, nos enfrentamos a la identificación absurda y
hasta imposible de los términos ultraderecha y antiautonomista,
o lo que es lo mismo, si cuestionas cualquier punto de la España autonómica,
entonces eres, sencillamente, «un facha», por usar la terminología del señor
Carod-Rovira.
No
creo que compense dedicar un renglón más a tamaña estupidez porque resulta
evidente que si alguna tendencia debiera defender la unidad del Estado habría
de ser la izquierda, frente a altas burguesías autonómicas que suelen ser
nacionalistas. Dicho de otro modo, la aparentemente inexorable unión entre
partidos nacionalistas y formaciones de izquierda es antinatura,
a no ser que se entienda en términos de mera aritmética electoral. Entonces sí,
porque todo vale.
La
sucesión de dimes y diretes que hemos vivido en las últimas fechas en torno al
Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, aparte de suponer un
espectáculo inenarrable, ha mostrado todas las vergüenzas del sistema. Más allá
del debate energético en sí -eso es para otra tanda de Terceras- lo que ha
quedado patente es que aquí casi nadie piensa públicamente en el Estado, en
España, y la sociedad tan solo recibe mensajes nacidos tras pensar en las
elecciones territoriales de unos meses después.
Y al
manido almacén nuclear habría que añadir tantos capítulos como subsecciones tiene un periódico. O si no, planteemos un
ejercicio mental que a buen seguro hemos llevado a cabo en la práctica en
numerosas ocasiones.
Porque
seguro, segurísimo, que hemos hablado con infinidad de profesores y
catedráticos sobre el mapa educativo en España y el disparate, y a la vez el
dispendio, que suponen las decenas de campus universitarios por todo el
territorio nacional. O tienes una Universidad o no existes. Como se podría
decir de los aeropuertos. O construyes y gestionas un aeropuerto o tampoco eres
nadie en el mapa de las infraestructuras. Otra cosa es quién lo pague, quién
asuma el desastre presupuestario de su construcción, de la puesta en
funcionamiento, de los agujeros correspondientes o quién deba el dinero a la
caja de ahorros regional. ¡Ay! las cajas de ahorro...
Y
tras el ATC, la universidad, el aeropuerto o las cajas, nos asomamos al
insondable mundo de la sanidad. Resulta chocante, cuando no un insulto, acudir
a un centro de salud en determinada comunidad autónoma, proviniendo de otra, y
entrar por la ventanilla de «desplazados». Como es desolador la gestión para un
traslado en ambulancia o gestionar una diálisis para las vacaciones.
Incomprensible.
Preguntemos,
si no, a los embajadores españoles desperdigados por el mundo, cuando tienen
que explicar nuestro sistema político, su desarrollo y el reparto competencial.
Menudo papelón el de nuestros diplomáticos y empresarios cuando en sus
respectivos «road-shows» han de vender la marca
España y se convierten en explicadores de un mapa casi incomprensible.
O el
agua. ¿De quién es el agua? ¿Quién es el dueño del Ebro? -le oí preguntarse a
sí mismo a un político esta semana-. Por no plantearnos el bochornoso espectáculo,
inconcebible, de las lenguas co-oficiales y el
maltrato abiertamente anticonstitucional al idioma español mediante multas,
leyes y demás tonterías.
Seamos
francos, aunque escueza un poco, y aunque sea por una vez. La única salida a
este galimatías autonómico la tienen los dos grandes partidos estatales. El
Partido Popular desde una visión de toda España y el Partido Socialista Obrero
Español también desde una perspectiva estatal del asunto. Hasta que unos y
otros no se sienten de verdad, frente a frente, y se digan a la cara lo que se
ha hecho mal desde aquel pacto constitucional hasta hoy, no se podrá avanzar en
serio. Incluyendo en el debate, por supuesto, la ley electoral.
Y
tras repasar lo sucedido, habrá que gobernar y tomar decisiones. Desde el agua
a la dudosa implantación de campus universitarios, pasando por los almacenes
nucleares, los hospitales, las cajas de ahorro, el bochornoso espectáculo de
las multas por rotular en castellano y la desaparecida unidad de mercado.
Los
anteriores son ejemplos concretos de una realidad generalizada, por lo que
habrá que decidir cómo se paga la fiesta y detener la sangría de incongruencias
territoriales que cada día surgen en cualquier rincón
de España. Se debe hacer. Lo que está viviendo el País Vasco demuestra que si
se quiere... se puede. Antes de que sea demasiado tarde.