FICCIONES NACIONALISTAS

 Artículo de Fernando Fernández  en  “ABC” del 07/05/05

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

 El debate sobre financiación autonómica ha nacido viciado de poder. No se trata de determinar un modelo racional que permita una financiación suficiente para los distintos niveles de gobierno y un grado de autonomía política que obligue a cada uno a asumir el coste de sus decisiones. Ése es el debate en los Estados federales modernos. Aquí en esta España que ha pasado de ser el milagro al puzzle de Europa, se ha planteado de una forma más castiza: yo me quedo con lo mío y a ti te doy lo que me sobra. Un planteamiento que se atiene mucho a la imagen de la España pasional que tenían los viajeros ingleses del XIX, y que curiosamente ha echado raíz en Cataluña.

Bien pensado no es tan sorprendente, porque el nacionalismo ha sido históricamente una respuesta al miedo a perder privilegios con el cambio social producido por la revolución industrial. No hay mejor política social que el crecimiento económico, como demuestra hoy China. Pero también produce grandes desequilibrios e importantes pérdidas de influencia. Algo de eso, me temo, le ha pasado a la burguesía catalana, que ha reaccionado como la Castilla miserable ayer dominadora de Machado cuando culpa al sistema de financiación de su decadencia económica relativa. Y cae en el victimismo, sin aceptar siquiera como hipótesis que se ha podido hacer mal uso de una capacidad de gobierno sin precedentes. Que la industria cultural, por ejemplo, se haya trasladado fuera de Cataluña no es culpa de las insuficiencias del Estatuto, sino consecuencia de una política lingüística empobrecedora que confunde idioma con cultura. Que el argumento sea falaz, da igual. Porque las buenas novelas son mucho más eficaces que los mejores ensayos parra propagar ideas y creencias.

No se trata por tanto de una cuestión de financiación, sino de poder. De la ambición de los caciques locales por recuperar el control de un mundo que se les escapa irremediablemente de las manos. El problema no está en el porcentaje de impuestos que se transfieren, lo que podría discutirse racionalmente comparando el coste de las competencias asumidas y las que permanecen en la administración central o local, asegurando incentivos adecuados para que las Autonomías tengan que asumir también el coste político de sus decisiones. Sino en la presunta relación bilateral con el gobierno central y en la Agencia Tributaria propia. Porque supone aceptar la tesis identitaria de una soberanía original. Aunque las encuestas del CIS digan insistentemente que los españoles no consideren una prioridad la reforma de los estatutos. Cuestión que sólo motiva a los políticos locales que ansían aumentar su poder, fortalecidos por una ley electoral que les concede capacidad decisoria a la hora de formar gobierno y a un ejecutivo en minoría que ha hecho de la necesidad modelo de estado. Sin reparar en las consecuencias.