EL FINAL DE ESTE PRINCIPIO

 Artículo de Carlos Martínez Gorriarán, Profesor de Filosofía de la Universidad del País Vasco,  en “ABC” del 25.02.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.

... La única declaración que cabe esperar de los terroristas, la de renuncia indefinida a la violencia, es una declaración muy remota porque los terroristas también están muy lejos de haber satisfecho sus pretensiones...

EL presidente del Gobierno habría estado mucho más acertado si, en lugar de referirse pomposamente al «principio del fin» del terrorismo nacionalista, se hubiera limitado a anunciar «el final de un principio». Lamentablemente, su política respecto a ETA ha sido informada desde el comienzo por una combinación infeliz: las prisas por pasar a la historia de todos lo que ocupan el cargo, la intención de aprovechar el éxito para hundir a la oposición, un entendimiento superficial y equívoco del nacionalismo, un guerracivilismo redentor improcedente -con la ya famosa historia del abuelo fusilado por rojo, al parecer intercambiable por las víctimas de ETA-, y el asesoramiento de ciertos líderes de su partido con el récord mundial absoluto de errores en materia de pacificación.

El rechazo de algo tan elemental como que la instauración de la normalidad democrática exige necesariamente y sin ambigüedad alguna un Estado de derecho vencedor y una banda terrorista vencida sólo es el síntoma más visible de esa profunda confusión general. Y los reveses gubernamentales en materia judicial, sea el auto del juez Grande-Marlaska o la sentencia del Supremo relativa a la condena de Henri Parot, también han dejado claro que, con fiscal general o sin él, cualquier gobierno tiene y tendrá muy restringido el margen de movimiento si pretende iniciar tratos del estilo «paz por presos». La verdad es que hemos asistido al fracaso del intento gubernamental de acelerar el fin del terrorismo nacionalista en su exclusivo beneficio, y ello mediante una combinación de promesas vagas a la banda y de peticiones de fe y esperanza irracional a las instituciones y a la ciudadanía, marginando de paso a los grupos de víctimas, a la oposición y a los socialistas disidentes. En resumidas cuentas, hemos asistido al final de un proceso, no al comienzo de otro.

¿Tenía derecho el gobierno a intentar ese peculiar «comienzo del fin»? Tanto el juez Garzón como el colectivo Basta Ya, para citar a dos agentes libres (supongo) de toda sospecha en esta materia, han insistido varias veces en que cualquier gobierno nacional legítimo, y el actual lo es, tiene derecho a tantear las posibilidades de conseguir un abandono pactado del terrorismo sin concesiones políticas. El escándalo montado al respecto por cierta gente airada pone más bien en duda sus convicciones constitucionales. Lo que ocurre es que el gobierno de Rodríguez Zapatero ha ido mucho más lejos de lo que admite ese obligado margen de confianza. Marginando sistemáticamente a la oposición, por ejemplo.

Si Rodríguez Zapatero hubiera escuchado a las voces que han demostrado conocer mejor la lógica de los terroristas y del nacionalismo asociado -no son demasiadas, así que no le habría costado demasiado tiempo-, habría dado la importancia que merecen a dos hechos evidentes: el primero, que ETA ha decidido dejar de asesinar (de momento) por el costo altísimo de hacerlo; el segundo, que ETA también intenta convertir esta retirada parcial y forzada en una victoria política, buscando enquistarse eternamente como un poder fáctico mafioso (algo que ya está haciendo el IRA en el Ulster). También debería tener en cuenta que, tras la experiencia de 1998-99, las posibilidades de que la banda declare una nueva tregua son remotas. Y ni falta que hace: que sea su gobierno el que necesite esa tregua, y casi la mendigue, ya es bastante sintomático de lo mal que ha gestionado este asunto. La única declaración que cabe esperar de los terroristas, la de renuncia indefinida a la violencia, es una declaración muy remota porque los terroristas también están muy lejos de haber satisfecho sus pretensiones, que son las de siempre: autoderminación e independencia de los siete territorios reclamados.

Como observó con toda sinceridad Otegi, el «proceso» -sea lo que sea- durará muchos años, quizás varias legislaturas. Tal como van las cosas, ETA no tiene prisa y prefiere jugar con los plazos. Y es esta perspectiva de chantaje permanente la que hace imperativo que gobierno, PSOE y PP lleguen a un acuerdo, sin dejarse distraer por otros frentes de choque inevitable. Una vez convertido en vergonzoso vodevil la anunciada tragedia del nuevo Estatuto catalán, no hay ninguna razón de peso, que no sea sectaria, para que gobierno y oposición no vuelvan a reunirse en el Pacto por las Libertades.

La verdad es que la actitud de la oposición es uno de los pocos regalos que el gobierno ha explotado a su gusto estos meses. Roy Jenkins compara la actitud jeremíaca de Churchill en los meses previos a la segunda guerra mundial como la de un despertador averiado que no paraba de sonar y molestaba, sobre todo, a los que ya estaban despiertos, metáfora que también sirve para algunos líderes del PP. El empeño de anticiparse a la calamidad dando por segura la victoria etarra y atribuyéndola a una traición del Gobierno, sentenciada con carácter preventivo, sólo demuestra que parte de la derecha española también se ha tragado el anzuelo del «proceso» diseñado por los estrategas del terror. Es una falacia que ETA ya no mate porque no lo necesita. Los hechos señalan en la dirección contraria: la banda no da tregua ni suspende la violencia porque no ha conseguido lo que pretende. Y lo que pretende ni siquiera está en manos del gobierno, como se ha visto en la reacción frustrada del independentismo catalán.

Es incomprensible que la oposición haya dejado pasar la ocasión de, primero, reclamar la gran parte que le corresponde en el declive etarra, obra en buena medida del último gobierno de Aznar, y, segundo, ocupar el papel de fiscal de la acción del gobierno trazando líneas rojas intraspasables. El verdadero «principio del fin» proclamado por Zapatero no es otro que el Pacto por las Libertades. Es un pacto congelado, pero por tanto descongelable, que es lo que debe hacerse cuanto antes, como hemos pedido en Basta Ya (sin mucho eco mediático, quizás porque es una petición sensata en vez de una acusación atrabiliaria). La inmensa mayoría de la opinión pública reclama esta política de Estado, la única irreprochablemente democrática y la única que ha tenido verdadero éxito contra el terror. La iniciativa le corresponde al gobierno: debe convocar el Pacto por las Libertades y tratar de llegar a un diagnóstico común con la oposición. ¿Que es muy difícil? Mucho más lo es tratar con ETA. Y sería imperdonable que los grandes partidos nacionales necesitaran el funeral de una nueva víctima, algo que no podemos descartar, para dejar de mirar al cielo, abandonar futiles querellas y poner los pies en la tierra.