LA MONCLOA PRESIONA PARA APLAZAR LA SENTENCIA DEL
ESTATUT
Por su interés
y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
web
Con una apostilla a pie de título:
VIOLACION DE LA CONSTITUCIÓN+PARALISIS
INSTITUCIONAL+HECHOS CONSUMADOS=GOLPISMO INSTITUCIONAL
Luis Bouza-Brey, 17-11-09 (22:00)
La
morosidad del Tribunal Constitucional en cumplir con su obligación de dictar
sentencia sobre el Estatuto de Cataluña no es razonable ni aceptable. Es, sobre
todo, sospechosa. Ayer se reunió para su enésimo debate y no consta que haya
avanzado gran cosa, pese a las presiones del Gobierno. Han pasado ya casi tres
años y medio desde que el PP presentara el recurso de inconstitucionalidad, plazo
más que sobrado para sustanciar un fallo sin excesivas complicaciones técnicas.
Por el camino, se han registrado toda suerte de situaciones excepcionales y
nada regulares, desde la muerte de un magistrado y la recusación aceptada de
otro, hasta la caducidad del mandato de varios magistrados, entre ellos el de
su presidenta, María Emilia Casas, que si sigue al frente de la institución es debido a una
ley hecha ex profeso. Al mismo tiempo, el Gobierno catalán ha legislado como si
el Estatuto estuviera libre de toda sospecha, de tal manera que ya han entrado en
vigor varias leyes fundamentales, como la de Educación. Los nacionalistas, por
su parte,
no han desaprovechado oportunidad alguna para zurrarle la badana a un
Tribunal con el prestigio herido de muerte.
¿Qué
está ocurriendo para que los magistrados hayan ignorado incluso los plazos
avanzados públicamente por la presidenta? ¿Hasta dónde llegan las presiones del
Gobierno para que una y otra vez se dilate el fallo? El motivo que
oficiosamente se esgrime para explicar la dilación es que Casas se niega a
utilizar su voto de calidad para romper
un empate que dividiría en dos al Tribunal, removiendo los viejos fantasmas de
la sentencia de Rumasa.
Lo
cierto es que desde el Gobierno se emiten señales de decepción y enfado con
Casas, a la que tachan de pusilánime y poco fiable, sobre todo a raíz de la
famosa bronca de Fernández de la Vega en un acto público. En La Moncloa
están a punto de tirar la toalla porque no creen que la presidenta sea capaz de
muñir una mayoría sólida a favor del Estatut; al contrario, salvo los
magistrados irreductibles de obediencia socialista, que son minoría, los
moderados se han
ido escorando hacia una sentencia que poda las veleidades bilaterales y nacionalistas
del texto catalán.
Llegados
a este punto, y tras fracasar con sus insistentes presiones, pese a los
redoblados esfuerzos del ministro Caamaño, al Gobierno de Zapatero sólo se le queda la baza de
aplazar el fallo hasta después de las elecciones autonómicas, de aquí a un año si
Montilla no las adelanta. Hasta entonces, los socialistas no quieren ni pensar
en una sentencia desfavorable porque el tripartito saltaría por los aires y,
con él, su presencia en la Generalitat. ¿Solución? Que el Estatut siga
durmiendo el sueño de los justos hasta que la sentencia, sea cual fuere, ya no
tenga relevancia política.