ACUERDOS Y PACTOS
Artículo de Jaime Lamo de Espinosa, Catedrático UPM. Ex ministro UCD, en “ABC”
del 23 de febrero de 2010
Por su interés y relevancia he
seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web
En 1977
la situación económica y política no era la de hoy, era peor, con una economía
muy cerrada, aguda tasa de inflación, un paro en cifras desmesuradas, fuerte
caída de las inversiones, desarrollo insatisfactorio de la producción,
ayuntamientos muy endeudados, grave desequilibrio comercial exterior, un país
sin reservas... pero con una administración reducida y austera. Era necesario
hacer algo y urgente para cambiar la tendencia económica y política que nos
aislaba justo cuando España debía mostrarse ante el mundo como un actor
principal en el concierto internacional, bajo un Rey moderno y una democracia
recién instaurada.
Fuera
nos esperaba la Comunidad Europea -acabábamos de pedir el ingreso- y, más allá,
la Alianza Atlántica. Y los mercados de deuda nos miraban con interés. Al
tiempo estaba anunciada una Constitución que habría de llegar al igual que
acababan de culminarse las primeras elecciones democráticas del 15J.
Adolfo
Suárez comprendiendo la situación, hizo una finta maestra: llamó a su lado al
economista independiente, no político, más reputado del momento: Fuentes
Quintana nombrándole Vicepresidente Económico del Gobierno a los pocos días de
aquel 15J. Fuentes nombró sus ministros y pronto comenzó su tarea. Tras la
devaluación de la peseta - medida hoy inabordable por nuestra pertenencia el
euro- se plantearon los Pactos de la Moncloa que, en sus dos vertientes
«saneamiento y reforma económica» y «actuación jurídica y política», firmaron
los partidos, tras arduas negociaciones, en octubre. Fueron omnicomprensivos y
de extraordinaria utilidad. Y, al final, cediendo todos se llegó a algo que
satisfizo al mundo económico y devolvió la confianza de los mercados hacia el
Reino de España.
Entonces
nos jugábamos entrar en la CEE, hoy salir del euro. Las elecciones habían dado
el triunfo a dos partidos mayoritarios y los partidos nacionalistas no
gobernaban autonomía alguna porque éstas serían creadas con la naciente
Constitución. Hoy, todas las autonomías están gobernadas por los dos partidos
mayoritarios de ámbito nacional.
El Rey,
ahora, con abundantes razones y haciendo uso de la Constitución que le hizo
pasar de «Rey con plenos poderes» a «Rey árbitro y moderador», alzó hace días,
con razón y legitimidad, su voz sugiriendo «amplios acuerdos» o un pacto anticrisis. Esa voz llena de auctoritas
es algo que los mercados financieros habrán apreciado. El problema es que -como
hemos visto en el reciente debate- hoy es difícil que los dos partidos
mayoritarios compartan los costes del ajuste duro que nuestra economía precisa.
No se dan los elementos mínimos de consenso que hicieron posible cuanto de
bueno trajo la Transición -hoy en vía de desarticulación- a España.
Sin
embargo, nunca como ahora ha sido más imprescindible un gran pacto económico.
Padecemos un déficit del 10,4% y aumentando, nuestra deuda pública crece
aceleradamente, la de las familias, empresas no financieras y financieras suman
un 342% del PIB, debemos casi 4 billones de euros y tenemos casi 4,5 millones
de parados que no cotizan y que absorben un enorme gasto. Grandes economistas e
instituciones nos advierten con preocupación de nuestro problema. Y de no tomar
medidas rápidas sobre el déficit nuestra deuda se encarecerá y nuestra
permanencia en el euro puede ser cuestionada... y no es fácil reducir los 8,5
puntos necesarios antes de 2013.
Por eso
y porque las macromagnitudes y el comportamiento de
los sectores están mostrando la necesidad de un «cambio de modelo» son tan
necesarios pactos o acuerdos, como lo fueron los de la Moncloa o el ajuste duro
como fue el de Felipe González con la reestructuración siderúrgica y naval o el
de José María Aznar para alcanzar los objetivos de Maastricht sin los cuales no
se habría llegado al euro. Hoy la solución a «nuestra crisis», no a la
financiera internacional, está a nuestro alcance y todos sabemos bien cuáles
son las medidas y cuán incómodas y duras deben ser. De ahí la necesidad de
operar con cirugía agresiva, ya, cuanto antes.
Búsquese
al independiente de hoy, nómbrense los técnicos que se crean mejores, créense
las comisiones de expertos necesarios, hágase lo que unos y otros dicten... y
busquen el consenso sobre los pactos. ¿Cuáles y para qué? Hay muchas reformas
estructurales que abordar. Permítanme unas sugerencias -nada exhaustivas- de
temas que podrían ser acordados. En lo sectorial: a) reformar la agricultura
cuyas renta per capita en euros constantes es hoy,
similar a la de mitad de los 90, acabando con los inconstitucionales taifas del
agua y ... negociar la PAC de 2013...; b) ir hacia «otra» industria, muchos de
cuyos sectores muy intensivos en mano de obra - mueble, calzado, textil, etc.-
y otros menos intensivos, están desapareciendo o cayendo -como los de consumo o
bienes de equipo- y que deben ser sustituidos por biotecnologías, alta
velocidad, nuclear, etc ; c) posibilitar la vida de
los autónomos y el pequeño comercio cuyas puertas cierran día a día sin visos
de recuperación; d) apoyar la energía nuclear por sus bajos coste de producción
y de emisión de CO2, sin perder tiempo, como están haciendo todos los países,
pues si no queremos ser una economía altamente intensiva en trabajo deberemos
serlo en energía muy barata -las renovables no lo son... son subvencionadas-;
e) impulsar la investigación (I+D+i) para lo que hay
que potenciar no recortar el presupuesto; f) crear la nueva construcción, sin
demonizarla, pero sabiendo que nunca volverá a ser la sexta parte del PIB; g)
potenciar la obra civil (aquí no caben recortes de gasto) con los sistemas PPP
y el muy necesario apoyo del sistema financiero; h) resolver el grave agujero
de crédito que provoca en la banca y cajas la voluminosa deuda de inmobiliarias
y promotores, etc.
En el
ámbito público: a) corríjase la gobernanza de las cajas de ahorro sacándolas de
la política para posibilitar fusiones no virtuales entre cajas de diferentes
autonomías; b) congélese el gasto público de las administraciones -todas- ,
reduciendo fuertemente el gasto corriente (asesores, boato, publicidad...); c)
liquídese la enorme deuda de las administraciones con sus proveedores; d)
vuélvase al mercado único pues diecisiete sistemas de intervención para cada
cosa (ascensores, tauromaquia, cooperativas, etc.) sólo aleja la inversión
extranjera, aumenta el intervencionismo y acrecienta el número de funcionarios;
e) recupérense ciertas competencias ahora que las diecisiete autonomías están
en manos de los dos grandes partidos, y póngase orden en algunas «casas
autonómicas», aquellas que han pasado del «uso» de la Constitución y sus
Estatutos al «abuso», etc.
Y en lo
laboral: a) vayamos a un modelo que favorezca la contratación, las
cotizaciones...y sobre todo el empleo de los jóvenes pues una mitad está en
paro; b) abordemos en el marco del Pacto de Toledo las pensiones; la edad de
jubilación de hoy no se acomoda ni a la esperanza de vida ni al sistema de
reparto; vayamos al modelo sueco, rápido, porque es mejor dar empleo que
subsidios; c) y comiencen los gobiernos central y autonómicos y los
parlamentos, todos, por dar ejemplo recortando severamente sus emolumentos y
privilegios. Ello hará creíble todo lo demás.
En
definitiva la llamada del Rey -que no hace sino sugerir lo que dos de cada tres
españoles responden en las encuestas- debe ser atendida. No hay que buscar al
enemigo anterior o al exterior, sólo nuestras amenazas interiores, las
actuales, sobre todo déficit y deuda, y corregirlas. Y saber que sólo bajo
pactos/acuerdos cabe impulsar un cambio de rumbo que permita un ajuste duro,
con «tijeras de acero», que anticipe dos años la salida de la crisis. El temor
a las consecuencias será siempre peor que la inacción.