COMENTARIOS SOBRE LA PROPUESTA ARDANZA

Luis Bouza-Brey, 15-3-98

Resulta muy difícil en estos momentos adoptar una posición definitiva sobre la propuesta Ardanza, pues hay diversos aspectos de la misma que aquí y ahora no resultan claros, además de que existen variables imprevisibles ---el comportamiento del sedicente MLNV, en primer lugar--- que pueden alterar el marco de diálogo y negociación previsto en la propuesta.

De todos modos, sí que parece llegado el momento de que nacionalistas y no nacionalistas definan de una vez sus objetivos finales referentes a la configuración de las relaciones de Euskadi con España. En ese aspecto, la propuesta de Ardanza puede resultar positiva, pues implica que el PNV se decide a dar un paso al frente y definir su concepción del "horizonte final", ante sus propias fracciones internas y su electorado.

Pero esta definición va a traer consigo, muy probablemente, la división de las fuerzas políticas vascas ya no entre demócratas y fascistas, como hasta ahora, sino una nueva división, entre nacionalistas y no nacionalistas. Lo cual será positivo si implica el abandono de las armas por parte del sector del nacionalismo que sigue utilizándolas.

Lo que resulta imprescindible es que el PNV se clarifique de una vez y haga propuestas concretas: si quiere cambiar el marco constitucional y estatutario porque no le satisface, que diga hacia dónde y que se lo explique a sus electores.

Ahora bien, lo que los partidos no nacionalistas no deben hacer bajo ningún concepto es renunciar a sus posiciones de defensa de la Constitución y el Estatuto en beneficio del consenso, ni aceptar vulneraciones procedimentales de los mecanismos de reforma de la Constitución y el Estatuto, que otorgan la última palabra al pueblo español y a las Cortes Generales en cualquier proceso constituyente.

En mi opinión, los partidos no nacionalistas deberían entrar en este proceso sólo en la medida en que ETA abandone inmediatamente la acción terrorista, y deberían tener muy claros los límites del consenso con los nacionalistas y el procedimiento de adopción de decisiones "resolutivas" ---¿elecciones vascas, más referéndum vasco, más referéndum español?---. Lo que es muy importante, sobre todo, es que si los nacionalistas optan por una salida independentista, o confederal, que su decisión tenga que ser convalidada en unas elecciones inmediatas. Hasta ahora, les ha resultado muy cómodo no aceptar la Constitución ---aprobada, aunque con una alta abstención, en Euskadi--- y negociar desde esa posición de acatamiento renuente. Pero ya es hora de clarificar la situación.

Y en la medida que la situación se clarifique en el ámbito nacionalista, forzando al nacionalismo democrático a definirse, y arrebatándole argumentos de descalificación de la democracia española al no democrático, posiblemente se desbloquee la percepción de los votantes de HB, incrementándose la capacidad de integración del sistema político.

Lo que resulta ya no sólo preocupante, sino incluso indignante, es el comportamiento de Izquierda Unida. No se puede argumentar, como se decía por parte de sus dirigentes en la prensa de hoy, que el derecho de autodeterminación es propio de todos los Estados federales.

Al contrario, ningún Estado federal lo reconoce. Los arts. V de la Constitución de los EEUU; 79 de la alemana, 123 de la suiza o 44 de la austríaca, establecen que la reforma de la Constitución se aprobará por mayoría cualificada del Parlamento del Estado federal y, en algunos casos (EEUU, Suiza) con la concurrencia además de la aprobación por parte de la mayoría de los Parlamentos de los Estados federados y referéndum del conjunto del pueblo del Estado federal (además de referéndum en cada Estado, en el caso suizo, pero aprobación por la mayoría de los Estados).

Es cierto que la autodeterminación se dio, en los que después habían de ser Estados federados, en el momento de transformarse de colonias o cantones independientes en miembros de la Federación, pero los pueblos de España nunca han sido independientes.

En fin, afirmar que se defiende la Constitución española y argumentar que no se está aplicando en múltiples aspectos, como hace IU, y al mismo tiempo pretender introducir el derecho de autodeterminación en ella, para transformar el país en un Estado federal me parece una enorme incoherencia.

En mi opinión, es mucho más coherente terminar el proceso de transición desde el Estado unitario mediante la federalización definitiva del Estado actual, reformando el Senado, clarificando el sistema de distribución de competencias y asumiendo abiertamente la lógica federal implícita en la Constitución.

Quisiera terminar este comentario urgente y por ello algo disperso, haciendo un apunte sobre el tema de la soberanía, que está latiendo en el fondo de toda esta situación.

El concepto de soberanía se refiere al poder que está por encima de los demás, que está "por sobre de" los demás. Cuando se hizo la transición desde el feudalismo al Estado moderno se utilizó este concepto para sobrepasar la poliarquía señorial, gremial y eclesiástica del medioevo.

En la actualidad, la idea de la soberanía del Estado, la idea del poder del Estado como un poder soberano sobre un territorio, está siendo cuestionada como irreal, frente a la cesión de fragmentos de poder, hacia arriba y hacia abajo, derivada del proceso de internacionalización. Al Estado actual le quedan residuos de soberanía, principalmente el militar y coercitivo, y en la medida en que Europa se constituya políticamente, una vez articulada económicamente, el proceso de cesión de parcelas de soberanía se va a acelerar.

En Europa, el poder se va configurando como una red de interrelaciones entre diversos centros regidos por el principio horizontal de federación, cooperación y subsidiariedad. Las relaciones jerárquicas, verticales y piramidales, propias del principio de soberanía, están desapareciendo.

Ahora bien, junto a la noción de la soberanía del Estado, como afirmaba Duverger ya hace años, se encuentra la de soberanía en el Estado, que se refiere a quién detenta el último poder de decisión en las instituciones, el poder constituyente. Y este, que corresponde al pueblo, ningún Estado lo ha fragmentado de momento. Ni siquiera lo han hecho los Estados federales, como señalaba líneas arriba, atribuyendo el poder constituyente a la mayoría del pueblo complementada, en algunos casos, con la voluntad de la mayoría de los parlamentos de los Estados miembros.

La soberanía del del pueblo español como conjunto es lo que está en cuestión en estos momentos.