EL CONSTITUCIONAL ULTIMA UNA
SENTENCIA QUE CERCENA ASPECTOS CLAVE DEL ESTATUT
Informe de José María Brunet , Madrid, en “La Vanguardia” del 09 de octubre de 2008
Los jueces ya han
deliberado el 80% de la sentencia, y pueden publicarla en breve
La resolución puede salvar el concepto ´nación´, pero rebajará
financiación y lengua | La palabra 'nación' se subordinará a la existencia de
una sola soberanía, la española | Los magistrados se
resisten al deber de conocer el catalán en Catalunya | El Gobierno duda entre
dejar que el actual TC resuelva el Estatut o renovarlo | Los
candidatos propuestos por el PP para el TC dificultan los cambios
El Tribunal Constitucional (TC) está ultimando estos días la sentencia sobre el Estatut, con la idea de que imponga fuertes limitaciones a algunos de sus aspectos clave, como la financiación y la lengua. La deliberación ha superado ya el listón del ochenta por ciento de los artículos recurridos.
Hay cientos de folios de borradores de la resolución, guardados bajo siete llaves, y falta lo principal, que es la votación de los textos que se van redactando y negociando palabra por palabra, punto por punto, en busca de un consenso difícil de lograr.
La presidenta del TC, María Emilia Casas, querría que la sentencia gozara del
respaldo de una amplia mayoría entre los magistrados. En parte, porque eso le
daría mayor legitimidad a la resolución, pero también porque ella nunca ha
ocultado que jamás decidirá sobre el Estatut con su voto de calidad, en caso de
empate.
Pero la búsqueda de ese acuerdo añade cada día más agua al vino de la
resolución. El Gobierno lo sabe, pero de momento deja hacer. El proceso de
renovación del TC -que debe suponer el cambio de cinco magistrados, entre ellos
la propia Casas- ha quedado bloqueado en el Senado.
En el Ejecutivo está abierto el debate sobre la conveniencia de precipitar la
renovación, aun a costa de aceptar total o parcialmente la propuesta de
candidatos del PP, o bien permitir que los plazos se dilaten y sea el actual TC
el que falle sobre el Estatut. Como es lógico, la decisión se tomará al final
al máximo nivel, según el análisis que se realice sobre qué solución supondrá
un menor coste.
El Gobierno se siente, en todo caso, relativamente tranquilo, porque cree que
el debate sobre el Estatut ya no constituye una amenaza electoral -como habría
ocurrido si el TC lo hubiera dinamitado en la anterior legislatura-, y porque
considera que la sentencia que se dicte puede incluso permitirle encauzar la
cuestión autonómica, sobre todo en lo relativo a la financiación.
Las noticias que proceden del TC sobre la discusión del Estatut señalan que la
sentencia dejará muy bien sentado que Catalunya no puede fijar su financiación
en una negociación exclusivamente bilateral con el Gobierno, y que el modelo
que se establezca en cada pacto deberá garantizar la solidaridad entre
territorios, con el fin de garantizar la igualdad básica de derechos de los
ciudadanos, sea cual sea su comunidad autónoma de origen o residencia.
La bilateralidad, por tanto, no quedará excluida como método de diálogo, pero
sí enmarcada en un deber de negociación y acuerdo globales, con inexcusable aplicación
de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que
remite al Consejo de Política Fiscal y Financiera como foro de encuentro de las
autonomías de régimen común, que son todas menos el País Vasco y Navarra. De
nuevo quedará claro, en suma, que el modelo de Catalunya se mantiene lejos del
sistema de cupo de las comunidades forales.
Igualmente, la sentencia restringirá el concepto de cooficialidad lingüística
previsto en el Estatut. El objetivo perseguido es asegurar el bilingüismo en
Catalunya, ante el temor de un progresivo arrumbamiento del castellano en la
vida institucional y pública catalana. Para ello, la deliberación está
decantada en estos momentos a favor de suprimir el deber de conocer el catalán
para los ciudadanos de Catalunya.
El argumento es que la Constitución determina que la lengua oficial del Estado
es el castellano, si bien otras lenguas son cooficiales en las comunidades
donde existan.
Eliminando el deber de conocer, se consigue entre otras cosas que los jueces no
tengan esa obligación en Catalunya. Los magistrados del TC que proceden de la
carrera judicial son muy sensibles a este argumento.
El empleo del término nación, a su vez, podrá salvarse por formar parte del
preámbulo, siempre y cuando quienes insisten en mantenerlo admitan que la
sentencia subraye que sólo existe una nación, la española, como titular de la
soberanía, que ejerce el pueblo español en su conjunto. Esta filosofía está ya
muy desarrollada en la reciente sentencia contra la consulta impulsada por el
lehendakari Ibarretxe.
El sector conservador del TC insiste mucho en que, por deber de coherencia, debería suprimirse el concepto de nación,aunque esté sólo en el preámbulo del Estatut. Pero el sector progresista se resiste a que se derribe incluso el contenido simbólico del texto. La decisión puede depender de un solo voto.
EL INTENTO DE PACTO INTERNO
La presidenta del TC intenta que conservadores y progresistas aparezcan
unidos en la sentencia
Un sector del Gobierno aboga por cortar por lo sano y que un nuevo TC
resuelva el Estatut
Informe de José María Brunet , Madrid, en “La Vanguardia” del 09 de octubre de 2008
La presidenta del TC, María Emilia Casas, está tratando de conseguir que los dos sectores de la institución, conservador y progresista, aparezcan unidos, o al menos sin grandes discrepancias, en la sentencia sobre el Estatut. El Gobierno siempre ha creído que es un vano empeño, porque el sector conservador del TC es muy refractario a la reforma catalana y porque el PP ha gastado muchas energías en toda la tramitación de su recurso, demasiadas como para favorecer ahora un cambio de clima.
El Ejecutivo estima que al proponer a Francisco Hernando y a
Enrique López para el TC, el PP ha confirmado su deseo de mantener bloqueada la
renovación de la institución, porque se trata de dos magistrados que han expuesto
con claridad su rechazo al Estatut. Esta circunstancia les haría fácilmente
recusables en cuanto accedieran al TC, según han subrayado el ministro de
Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el portavoz del PSOE, José Antonio
Alonso.
En todo caso, el hecho es que con la renovación encallada, el Constitucional
vive literalmente volcado en el debate sobre la sentencia del Estatut. Y no
falta en el Gobierno quien piensa que habría que cortar por lo sano, renovar
con los dos candidatos del PP, luego recusarlos, y permitir que un TC con mayor
peso del sector progresista resolviera sobre el Estatut.
Casas, a su vez, transmite en las últimas semanas la impresión de que el TC ha
recuperado pulso, y que sus miembros salientes quieren terminar esta etapa con
la cabeza alta, demostrando que entre todos se ha conseguido restablecer la
autoridad moral de la institución. Pero el intento llega después de dos años de
continuos enfrentamientos, a partir de la decisión, jaleada desde el exterior,
de aceptar la recusación del magistrado Pablo Pérez-Tremps, por un estudio para
una fundación vinculada a la Generalitat.
Empezó entonces una guerra sin cuartel que incluyó varias recusaciones y que
sólo se frenó tras las elecciones, seguidas de la terrible noticia de la muerte
de uno de los magistrados, Roberto García-Calvo, del sector conservador.
Todo ello abrió un periodo de reflexión en el TC, con pocos resultados. La
sentencia por la que se declaró constitucional la pena más elevada para los
hombres que para las mujeres en los casos de violencia doméstica puso de nuevo
de relieve la ruptura interna del TC. Hubo varios borradores, y ninguno
consiguió el ansiado consenso. Tuvo que ser la consulta de Ibarretxe el pleito
que permitiera, por primera vez en mucho tiempo, una sentencia unánime.
Pero nada permite alentar la expectativa de que se produzca algo similar con
respecto al Estatut. El Gobierno da por hecho que habrá votos particulares muy
duros contra la reforma catalana, pero que tanto con este TC como con el que
pudiera venir la sentencia será digerible con dosis más o menos altas de
bicarbonato, sobre todo para los partidos catalanes.