LA REFORMA CONSTITUCIONAL, UN DEBATE DELICADO PERO NECESARIO
Artículo de Luis Míguez Macho en “El Semanal Digital” del 25.10.07
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
Cinco organizaciones cívicas
presentan este jueves un proyecto digno de consideración, con muchos elementos
interesantes y alguno que podría haberse incorporado también.
25 de octubre de 2007. Hoy se presenta públicamente en Madrid un documento que
no tiene precedentes en la actual etapa democrática: una
propuesta articulada de
reforma parcial de la Constitución de 1978. Igualmente singular resulta el que
no se trate de una iniciativa de partido, sino promovida por un
conjunto de organizaciones cívicas que se pueden
considerar el núcleo del movimiento de opinión que se ha dado en
llamar, justamente, "constitucionalista": Convivencia
Cívica Catalana, Foro Ermua, Fundación Concordia, Fundación DENAES (Defensa de
la Nación Española) y Fundación Papeles de Ermua.
El contenido de la propuesta
En parte por mi cercanía a algunos de esos grupos y en parte por
interés profesional, no he dejado de echarle un
vistazo a la propuesta. Y debo decir que me ha sorprendido su
carácter ambicioso, porque aborda prácticamente todos
los aspectos en los cuales desde el movimiento constitucionalista se venían
denunciando las insuficiencias y los incumplimientos prácticos del texto
constitucional vigente, y alguno más.
No es posible en un
artículo de estas características entrar a fondo en el
análisis de la propuesta y ni siquiera me va a ser posible enunciar todos los
puntos que toca. Mencionaré, sin ánimo exhaustivo, la consideración expresa de
nuestra pertenencia a la
Unión Europea; la
garantía de la libertad lingüística en todo el
territorio nacional y en todos los ámbitos, incluida la enseñanza; la
constitucionalización de la Ley de Partidos Políticos; el cambio del orden
sucesorio de la Corona para eliminar la precedencia de los varones sobre las
mujeres; la modificación del sistema electoral del Congreso de los Diputados
para prever, al estilo alemán, la elección de parte de los diputados en
circunscripción nacional única; la reforma del Senado para adaptarlo al Estado
autonómico; la elección de más de la mitad de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial por los propios
jueces y magistrados; la reformulación de las competencias exclusivas del Estado
y la eliminación de la posibilidad de transferencia o delegación de competencia
a las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica; la exigencia de mayoría de
dos tercios en los Parlamentos autonómicos para la reforma de los Estatutos; o
la supresión del recurso de amparo con el fin de
evitar los conflictos entre el Tribunal Constitucional
y el Supremo y la actual sobrecarga del primero.
Yo estoy básicamente de acuerdo con todas estas reformas. Sin embargo, echo de
menos una mejora de la garantía constitucional de la autonomía local, a la que
habría que dotar de un contenido sustantivo del que hoy carece. Considero,
asimismo, un error que no se hayan seguido las sugerencias del Consejo de Estado
sobre la conveniencia de que las Comunidades autónomas asuman directamente todas
las competencias no reservadas al Estado por la Constitución, porque cortaría de
raíz la fiebre de las reformas estatutarias y resolvería de un plumazo la mayor
parte de los problemas que plantean las ya aprobadas.
Así y todo, el mero hecho de que se abra el debate y, no en abstracto, sino
sobre la base de un texto articulado, merece el más caluroso de los aplausos.
Posibilidades políticas de la reforma constitucional
Una parte de la doctrina jurídica con la que me identifico lo ha repetido hasta
la saciedad: la vía de la reforma constitucional apócrifa, que es la que se ha
seguido en casos como el del nuevo Estatuto catalán, es un fraude democrático y
jurídico. Así lo demuestra la propia inoperancia de esa norma, que parecen haber
descubierto ahora sus promotores, pero que no ha evitado que haya dejado
sembrada la semilla de la deslegitimación social y política del texto
constitucional.
En definitiva, si alguien, sean los nacionalistas, sean los no nacionalistas o
constitucionalistas, no está de acuerdo con la Constitución vigente, el único
camino democráticamente aceptable que puede tomar es el de plantear su reforma,
de manera leal y transparente, en vez de buscar subterfugios para tratar de
sortearla. Otra cosa es que los nacionalistas, coherentes hasta el fin en su
impugnación de la nación española, actúen como si la Constitución de que la
misma se ha dotado, y a la que deben las
cuotas de poder que en la actualidad ocupan, no
existiese.
Siendo realistas, desde el
punto de vista político la única posibilidad que hay
de que se ponga en marcha el procedimiento de la reforma constitucional es que
en marzo de produzca un cambio político que obligue a reflexionar al PSOE
(porque el PP tendrá que asumir por fuerza la necesidad de la reforma si no
quiere resignarse a llegar al poder para administrar el caos institucional). La
decisión, como no podía ser de otra forma en una democracia, está en manos de
los electores, que en estas elecciones generales van a decidir algo más que el
Gobierno.