INCREIBLE PERO CIERTO: ASI SE PISOTEAN LOS DERECHOS
CIVICOS DE MILLONES DE ESPAÑOLES
Editorial de “El Mundo” del 18 de mayo de 2008
Por su interés
y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este
sitio web.
Parece increíble y habrá quien piense que se trata de una exageración, pero la
realidad es que los casi 15 millones de ciudadanos que residen en Cataluña, el
País Vasco, Galicia y Baleares no pueden educar a sus hijos en español, la
lengua oficial del Estado, que ha sido expulsada de las Administraciones
autonómicas y del sistema escolar.
Así lo testimonian los representantes de cuatro plataformas cívicas de esas
cuatro comunidades, que han denunciado en el Foro de EL MUNDO la persecución
del español en sus lugares de residencia y el acoso que están sufriendo de las
autoridades por defender el derecho de sus hijos a recibir enseñanza en su
idioma materno.
De las cuatro comunidades, la única en la que se puede estudiar todavía en
español es en el País Vasco. Pero el Gobierno que preside Ibarretxe aprobó un
decreto en octubre pasado -sin pasar por el Parlamento vasco- que elimina el
castellano a partir de septiembre del sistema educativo e instaura un único
modelo de enseñanza en vasco.
Los responsables de Educación alegan que no hay demanda en español, lo cual
es absolutamente falso porque la inmensa mayoría de los 220.000 habitantes de
Vitoria habla exclusivamente en castellano y quiere que se eduque a sus hijos
en esta lengua.
Es el mismo pretexto que se utiliza en Cataluña para no aplicar tres
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que establecen
que las autoridades tienen que garantizar el derecho a la escolarización en
castellano. La Generalitat se niega a cumplir esta obligación legal con el
pretexto de que ello significaría dividir a los niños y no da opción en sus
impresos a que los padres puedan elegir.
De la amenaza a la
subvención
La situación en Galicia es similar tras la política de inmersión que está
impulsando el Gobierno de coalición entre los socialistas y los nacionalistas
del BNG. La profesora gallega Gloria Lago da testimonio de que el español ha
desaparecido de la enseñanza y de que, incluso, el mero hecho de hablarlo
suscita rechazo entre la población adolescente que lo identifica con la extrema
derecha.
La paradoja es que, sin embargo, el 80% de los padres gallegos se declara a
favor de la libre de elección de lengua para educar a sus hijos, al igual que
sucede en Cataluña, Baleares y el País Vasco, donde la gente se muestra
partidaria de lo contrario de lo que se está haciendo.
En el caso balear, el Gobierno que preside el socialista Antich, coaligado
con nacionalistas radicales como el PSM, está aprovechando el bilingüismo
consagrado por el Estatuto de 1983 para imponer el catalán y borrar todos los
rastros del español en la vida pública y en las escuelas.
Jorge Campos, presidente de Círculo Balear, denuncia las cantidades masivas
de dinero que han recibido las asociaciones nacionalistas que defienden el uso del
catalán, convertido también en instrumento de ideologización de los escolares.
El panorama es desolador porque en estas cuatro comunidades lo que hay es
una política de inmersión lingüística, diseñada desde sus respectivos
Gobiernos, para que el español sea una lengua sin presencia en la vida pública
e institucional. El Gobierno de Antich ha llegado a prohibir la señalización
bilingüe de las calles y la traducción al castellano de los documentos
oficiales. En un reciente folleto editado por el Ejecutivo balear, se dice
incluso que el español es una lengua para hablar en casa.
Estamos sencillamente ante un deliberado y planificado intento de utilizar
la lengua como instrumento de construcción nacional, dejando de lado los
derechos de los ciudadanos que sólo piden que se respete lo que dice la
Constitución y lo que pedían los propios nacionalistas cuando, hace 30 años, se
lamentaban de la hegemonía del castellano.
Movilización en la calle
Rosa Díez, invitada a nuestro Foro, subrayó la naturaleza política de esta
discriminación y abogó por una reforma de la Constitución. En concreto, propuso
la modificación del artículo 3, que señala que las lenguas cooficiales deben
ser objeto de «especial protección», y la retirada de las competencias de
educación a las comunidades.
Carmen Iglesias, presidenta de Unidad Editorial, aseguró que el uso de la
lengua por los nacionalistas es «una perversión de la democracia» y una
agresión a las libertades. Y afirmó que el problema no se resolverá hasta que
los ciudadanos salgan a la calle, como sucedió con las víctimas de ETA.
La cuestión es cómo se puede luchar contra estas políticas, fuertemente
subvencionadas por los Gobiernos nacionalistas, que, como resaltó el vasco
Pablo Gay-Pobes, obligan al ahorcado a tejer su propia soga.
Gay-Pobes incidió en el dramático problema que van a tener que sufrir
decenas de miles de estudiantes castellano-parlantes, a los que se les va a
obligar el curso que viene a esa inmersión lingüística en vasco a pesar de que
su lengua familiar y habitual es el castellano.
Si el español va a ser pronto erradicado de las aulas en el País Vasco,
Cataluña va muy por delante en esta experiencia. La catalana Marita Rodríguez,
profesora de física en un instituto, relató la persecución que está padeciendo
por dar clases en castellano, algo que ya es muy inusual en Cataluña, donde se
vigila para que los niños no hablen español en los recreos.
El testimonio de los representantes de estas plataformas resulta
impresionante y debería ser tomado en serio por el Gobierno de Zapatero, que
dice preocuparse tanto de las libertades y se le llena la boca con el
republicanismo cívico, que hasta ahora ha fingido que el problema no existe y
que las denuncias son la expresión de una minoría exaltada. No es así. Estamos,
por el contrario, ante una vulneración de derechos y una violación de la
Constitución que ya no es posible menospreciar.