LA
PASIVIDAD DEL CONSTITUCIONAL, UN ESCÁNDALO
Editorial de “El Mundo” del 10
de mayo de 2009
Por su interés y relevancia he seleccionado este artículo
para incluirlo en este sitio web
El Gobierno y la oposición reaccionaron
ayer contra la Ley de Educación que está a punto de aprobar el Parlamento de
Cataluña, en la que se impone el catalán como única lengua vehicular del
sistema educativo. UPyD y PP manifestaron su
disposición a recurrir esta norma ante el Tribunal Constitucional si no se
reconoce el derecho de los padres a una enseñanza en castellano y la
Generalitat persiste en un modelo que no reconoce el bilingüismo en las
escuelas.
María Teresa Fernández de la Vega
afirmó que el Gobierno va a «analizar» la ley cuando salga del Parlamento de
Cataluña, pero fuentes gubernamentales aseguraron a este periódico que el
Ejecutivo recurrirá también ante el Constitucional si la ley catalana no asume
la tercera hora de castellano, obligatoria por un decreto del Ministerio de
Educación. Es una cuestión tal vez menor, pero la Generalitat nunca ha aceptado
esta disposición, convirtiéndola en piedra de toque de su rebeldía ante el
Estado.
En realidad, no harían falta esas
iniciativas del Gobierno y la oposición si el Tribunal Constitucional se
hubiera pronunciado ya sobre el recurso que presentó el PP en julio de 2006 en
el que se impugnaban decenas de artículos del Estatuto, entre ellos el que establece
que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña y que debe ser la única
vehicular en la enseñanza.
Han pasado casi tres años y los
miembros del Tribunal Constitucional siguen aplazando su decisión mientras la
Generalitat y el Parlamento de Cataluña practican una política de hechos
consumados que haga poco menos que imposible cualquier marcha atrás.
Rosa Díez pidió ayer la dimisión de los
magistrados del Alto Tribunal por su pasividad. Cada día que pasa parece más
claro que no se atreven a pronunciarse para evitar un conflicto político con el
nacionalismo catalán, cuyos líderes han amenazado con no cumplir la sentencia
si es desfavorable a sus intereses.
Lo menos que cabe exigir a estas
alturas al Constitucional es una clarificación definitiva y sin equívocos sobre
esos artículos que están permitiendo a Cataluña construir un Estado dentro del
Estado, vulnerando de forma flagrante la letra y el espíritu de la
Constitución.
El Supremo ya falló hace cinco meses
que la Generalitat debe garantizar a los padres que lo soliciten el derecho a
educar a sus hijos en castellano. Pero como la sentencia no fue más allá de
reconocer ese derecho, la Generalitat no ha dado ningún paso para cumplirla,
alegando que las cuestiones lingüísticas y educativas son competencia suya.
Teniendo en cuenta este precedente, el
Constitucional debería ser mucho más categórico y preciso sobre esta cuestión,
al igual que sobre temas como la bilateralidad, la financiación, los llamados
«símbolos nacionales», los derechos históricos y el blindaje de las
competencias. ¿Cómo es posible, por ejemplo, convalidar la constitucionalidad
del artículo 110 de un Estatuto que señala que las leyes aprobadas por el
Parlamento catalán tendrán siempre primacía sobre las del Congreso en materia
de competencias exclusivas?
No hay que ser catedrático de Derecho
Constitucional para saber que ello vulnera la Carta Magna. Los miembros del
Constitucional también lo saben, pero les da miedo decirlo en una sentencia. La
prueba es que llevan tres años deshojando la margarita y ganando tiempo para no
mojarse a pesar de que el Tribunal tenía que haber sido renovado hace 17 meses.
La incapacidad del Constitucional para pronunciarse es un verdadero escándalo
político que deslegitima esa institución, máxime cuando estamos ante un asunto
de enorme trascendencia, que afecta de lleno a la arquitectura institucional
del Estado.