UNA JUEZ ESTUDIA SUSPENDER EL I CONGRESO DE UPYD
Por su interés
y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
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El I Congreso Nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), previsto para el fin de semana del 20 de noviembre, podría ser suspendido por orden judicial. Según ha podido saber EL MUNDO, la titular del Juzgado de Primera Instancia 26 de Madrid ha admitido una demanda presentada por 10 de los 14 dirigentes suspendidos cautelarmente de militancia en junio. Y ha citado a las partes el 11 de noviembre (10 días antes del Congreso) para decidir sobre las medidas cautelares que reclaman. La principal es la suspensión del cónclave porque les han impedido participar, con lo que, dicen, se han violado sus derechos fundamentales. Además, piden que se anulen los expedientes.
Los
14 críticos fueron suspendidos cautelarmente de militancia por una «falta muy
grave» que, en esencia, consistió en poner en marcha una página web alternativa
(estanoeslawebdeupyd.blogspot.com) y anunciar que estaban dispuestos a
presentar candidatura alternativa. Según la dirección, les expedientaron por
«crear una estructura paralela a la del partido» (la web) y «abrir el proceso
de presentación de candidaturas saltándose el Reglamento» (anunciaron que
querían presentar candidatura antes de los plazos establecidos para hacerla
efectiva).
La
consecuencia del expediente -que puede tardar meses en cerrarse- ha sido que no
podrán participar en el Congreso porque ni siquiera se han podido presentar
como delegados. Por eso, 10 de ellos han interpuesto una demanda de tutela
judicial civil. El viernes se conoció que la juez no sólo la ha admitido, sino
que ha fijado fecha para una vista con objeto de estudiar la aplicación de las
medidas cautelares solicitadas.
Uno
de los demandantes, Gerardo Hernández Les, ex miembro del Consejo de Dirección
y ex portavoz en Andalucía, explica que pidieron una medida tan drástica porque
«es la única manera que tenemos de que se nos puedan restituir nuestros
derechos y de que podamos competir en situación de igualdad».
La
demanda -a la que ha tenido acceso este diario-, denuncia varias vulneraciones
de derechos fundamentales por la incoación de los expedientes: del derecho de
asociación, a la libertad de expresión y del derecho a una tutela judicial
efectiva. Además, detalla que UPyD ha vulnerado también la Ley de Partidos y
sus estatutos.
Las
medidas disciplinarias tienen un objetivo, según la demanda: «Evitar que estos
14 militantes activos y cualificados puedan concurrir al Congreso y proponer y
defender su criterio». Además, cita que de cara al cónclave, el censo
definitivo de afiliados -para elegir o ser elegidos delegados- quedó fijado el
pasado 27 de julio (un mes después de que fueran suspendidos de militancia),
con lo que los expedientes han impedido que los críticos participen en el
cónclave, «daño irreparable», según el texto, a sus derechos como afiliados.
Por
eso, la demanda detalla que los dirigentes de UPyD parecen pretender «ganar el
Congreso antes de su celebración, impidiendo la posibilidad de presentarse a
quienes anunciaron su intención de aspirar a la elección y a defender otra
alternativa organizativa con listas abiertas».
Para
Hernández Les, todo este proceso supone «una aberración» porque «han buscado de
forma descarada que no podamos estar en el Congreso para que no defendamos una
propuesta distinta a la oficial». El ex dirigente de UPyD considera, además,
que la crisis que sufre la formación es «absurda e innecesaria» y ha sido
«provocada por la propia dirección por querer imponer un modelo de partido sin
debatirlo».
«Nadie
quería desplazar el liderazgo de Rosa Díez», añadió, «nadie la había
cuestionado; simplemente, manifestamos nuestra intención de presentar una
alternativa y se nos suspendió de militancia».
Los
críticos no ven «nada anómalo» en que anunciaran, antes de plazo, que querían
presentar una candidatura. «La propia Díez también lo ha hecho», añaden. Por
ese motivo, el militante Juan Espino, también suspendido de militancia,
solicitó a la dirección que abriera expediente a Rosa Díez «por idéntica razón»
por la que se expedientó a los 14 críticos, ya que «publicita su propia
candidatura utilizando para ello los medios del partido en beneficio propio»
Los argumentos de la demanda
>La
demanda admitida por la juez denuncia tres presuntas vulneraciones de derechos
fundamentales de los críticos de UPyD: derecho de asociación, a la libertad de
expresión y a una tutela judicial efectiva.
>Dice
que la incoación de expedientes «no es otra cosa que una clásica laminación del
adversario, del oponente, del personaje incómodo (...) ante la inminente
celebración del Congreso».
>Pide
«la suspensión cautelar del I Congreso Nacional de UPyD» porque los expedientes
han «impedido que los demandantes puedan participar» en el mismo, con lo que,
si no se suspende, se les genera un daño «por completo irreparable».