CUANDO EL CONSTITUCIONAL ELUDE SU DEBER
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y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio
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El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso del PP contra
38 artículos y cinco disposiciones de la Ley de Educación de Cataluña, aprobada
el 10 de julio pasado. En principio, el PP no iba a recurrir esta norma, ya que
esperaba el fallo del Constitucional sobre su recurso contra el Estatuto de
Cataluña, presentado en julio de 2006. Ha sido la demora del Alto Tribunal lo
que aconsejó al PP recurrir específicamente la Ley de Educación el mes pasado
con argumentos muy parecidos a los que ya utilizaba en su recurso contra el
Estatuto, en el que se sustenta la nueva ley.
Esta situación no hace más que poner en evidencia por enésima vez el incomprensible retraso del Constitucional, que lleva tres años y cuatro meses deliberando sobre el recurso del PP. A lo largo de este tiempo, el Parlamento de Cataluña ha aprobado decenas de leyes, decretos y otras disposiciones que desarrollan el Estatuto, en flagrante contradicción con la letra y el espíritu de la Constitución. La Ley de Educación es una muestra de ello, pues ignora totalmente las normas educativas del Estado. De entrada, prevé la creación de un cuerpo docente catalán que impide que profesores de fuera de Cataluña puedan dar clases en esa comunidad.
«La
cuestión más crucial que la Ley de Educación plantea es si el legislador
autonómico puede regular a su arbitrio cualquier materia o debe constreñirse a
las materias que la Constitución le atribuye como propias», dice el PP en el
recurso. Tras un repaso exhaustivo de la norma, concluye que el Parlamento
catalán se ha erigido como «un poder constituyente» que vulnera el artículo 27
de la Constitución sobre el derecho a la educación, así como el artículo 3, que
establece que el castellano es la lengua oficial del Estado.
El
repaso que hace el PP de los abusos y las incongruencias de la Ley de Educación
es devastador, pero lo más grave -como insiste el recurso- es que se impide que
los padres puedan elegir la lengua vehicular de la educación de sus hijos.
Hasta ahora, la ley catalana de Política Lingüística, de 1998, garantizaba la
escolarización en castellano hasta los ocho años. Ahora se impone el catalán
como única lengua desde la enseñanza primaria -salvo en su primer curso- hasta
la Universidad, en el contexto de unas políticas de normalización que intentan
borrar el castellano de Cataluña.
Los
populares advierten, con razón, de que se pretenden vulnerar derechos de una
parte considerable de los ciudadanos, y todo en atención a un principio tan
discutible como el de que la enseñanza «cultivará el sentimiento de pertenencia
a la nación catalana». No puede ser más clara la evocación de aquella
asignatura llamada Formación del Espíritu Nacional que el franquismo impartía
como obligatoria o la de las ideologías fascistas de los años 30 en Europa, que
exaltaban la supeditación del individuo a la nación y a la raza. No es casual
que, nada más aprobarse la ley en cuestión, ERC anunciara que ésta serviría
para avanzar «en la construcción nacional» de Cataluña. Ése es el verdadero
propósito de la Ley de Educación y del Estatuto, que tantos puntos en común
tienen.
Lo
que resulta incomprensible es la tardanza en pronunciarse - por decirlo de una
manera benévola- del Tribunal Constitucional. Todo indica que intenta hacer
encaje de bolillos para salvar lo esencial del Estatuto, madre de todas las
arbitrariedades de un nacionalismo que, con la activa complicidad del PSC,
queda reflejado en esta bochornosa Ley de Educación.