LA CONSTITUCIÓN, BAJO LA ESPADA DE DAMOCLES DEL 'ESTATUT'

Editorial de “El Mundo” del 06 de diciembre de 2009

Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web

Tras la celebración popular organizada por José Bono el pasado viernes con motivo del XXXI Aniversario de la Constitución, hoy tiene lugar en el Congreso el tradicional acto institucional que este año cuenta con una novedad de gran trascendencia, ya que por primera vez desde 1978 asistirá un lehendakari, el socialista Patxi López. Se trata de un gesto más de la normalidad política que está siendo recuperada en el País Vasco merced al pacto de gobierno suscrito por el PSOE y el PP. Sin embargo, frente a este motivo de celebración, sigue pendiendo sobre la Carta Magna la misma espada de Damocles que hace tres años: la esperada sentencia del Tribunal Constitucional que tendrá que establecer si el Estatuto de Cataluña desborda o no el marco constitucional.

La cuestión no es algo que afecte sólo a la norma catalana. Del fallo del Tribunal depende la propia subsistencia del actual régimen constitucional que los españoles aprobamos en 1978. Porque, en definitiva, lo que el Alto Tribunal tiene que establecer es si en España hay dos Naciones y dos sujetos de soberanía; si en Cataluña la lengua oficial es el catalán, quedando el español como idioma secundario; si las relaciones con el Estado son en régimen de bilateralidad, como si se tratase de dos entes homólogos; si hay una Justicia catalana, separada de la española; si hay cuerpos de enseñantes diferentes del resto de los nacionales y si las competencias que se reconocen en el Estatut son intocables. En definitiva, la sentencia del TC tiene que establecer si la Constitución seguirá vigente en Cataluña, o ya no regirá más que para algunas cosas, a la espera de alcanzarse la soberanía nacional.

Nuestra Constitución, a pesar de que no definía de forma nítida el modelo de Estado, puso las bases para que -mal que bien- funcionase el Estado de las Autonomías, y así fue hasta el año 2005, cuando el Parlamento catalán aprobó un nuevo Estatuto que rompía con ese modelo. El Rey ha dicho que el mayor valor de nuestra Constitución radica en el consenso con el que se hizo y con el que debería reformarse. Pues bien, la aprobación por las Cortes del Estatut ha significado de hecho una grave mutación constitucional, realizada por la puerta falsa de la reforma estatutaria e imponiéndola a la mitad de España, que no la aprobó, al votar el PP en contra de esa norma que después recurrió.

La Constitución, por supuesto, ha rendido un gran servicio al país para nuestra convivencia, y con ciertos retoques en algunos puntos concretos podría seguir siendo una magnífica Norma Fundamental. Pero mientras no se aclare el modelo de Estado, mediante un pacto de los grandes partidos, estaremos pendientes de que un Tribunal Constitucional muy diezmado y presionado nos señale si la Constitución sigue vigente en su plenitud o no. Si el Tribunal Constitucional no declarase inconstitucionales las líneas maestras del Estatut, la Constitución de 1978 dejaría de ser la primera norma de toda España. Pasaríamos del Estado de las Autonomías a las Autonomías sin Estado, ya que éste se quedaría tan hueco como una nuez vacía.

En estas circunstancias, la espada de Damocles que supone el Estatut pende de un hilo finísimo, que es la dignidad intelectual de un puñado de magistrados del Alto Tribunal, que tienen que decidir en medio de un ambiente exterior sumamente favorable a un fallo que no rebaje el contenido soberanista del texto recurrido. Por una parte, el Gobierno, que defiende la constitucionalidad del Estatut; por otra, el PP, cuyos máximos dirigentes aseguran que acatarán la sentencia, aunque sin referirse al fondo del asunto, ya que están deseando pactar con CiU después de las elecciones. Ello, sumado a las insistentes presiones del tripartito, de 12 periódicos de Cataluña y de todos los que han suscrito el polémico editorial. Si bien la opinión de los catalanes dista de ser uniforme, ya que 200 abogados de Barcelona han protestado contra su decano por suscribir el artículo de opinión. Aunque todo conduce a los magistrados a una sentencia complaciente con los poderes públicos, estos hombres han de actuar en conciencia para que la espada de Damocles no caiga haciendo añicos la Carta Magna.