EL PLAN IBARRECHE Y EL PAPEL DE ESPAÑA
Artículo de José MUÑOZ CLARES
en “La Razón” del 31/12/2004
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
Si el llamado Plan Ibarreche no es una iniciativa de secesión lisa y llana es
sólo porque sus redactores han acabado asumiendo el inconveniente más serios de
la propuesta: la independencia del País Vasco aboca necesariamente a su salida
de Europa, de la Zona Euro y de las instituciones internacionales en que entró
de la mano de España, y tendría entonces que ponerse a la cola de los aspirantes
a Europa, detrás de Turquía, bajo amenaza del veto que eventualmente pudiera
ejercer España. Para evitar el salto en el vacío que supone abandonar
España/Europa han dado los vascos con una solución inspirada en la incorporación
de Puerto Rico a los Estados Unidos de América: status de libre asociación, dos
estados soberanos reconocidos en el marco internacional deciden unir sus
destinos de una forma limitada para dar salida a una previa dolarización e
invasión económica que hacía de Puerto Rico una mera fachada de independencia.
La propuesta falla por su base: mientras España sí es un Estado con
reconocimiento internacional, Euskal Herría sigue siendo una entelequia política
fragmentada en siete territorios pertenecientes a dos Estados distintos, tal
como el proyecto reconoce, por más que ellos, en un salto lógico inaceptable,
dan por sentado que la afirmación unilateral de existencia in pectore del Estado
vasco ha de suscitar en su entorno, España y Francia incluidas, un respeto
reverencial que propicie el trato de igualdad entre partes desiguales. No
pretendo ser dramático pero ese punto de partida, la independencia para pactar,
es asunto que distintos países hoy consolidados (Portugal, colonias
latinoamericanas, los USA...) ganaron tras una o varias guerras o, en caso
contrario, se obtiene por concesión graciosa del Estado de procedencia. El
Proyecto Ibarreche, sin embargo, obvia el inconveniente afirmando que «el pueblo
vasco tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría
absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento vasco», en lo que no es sino
afirmación unilateral que no tiene en cuenta a España y, además, descubre la
clave del asunto: la propuesta de libre asociación no es sino la forma de
sortear los problemas financieros que se derivarían de la independencia absoluta
cuyo coste estimado ronda el 35% del PIB vasco.
La aspiración explícita del proyecto es la integración territorial de Euskal
Herría, que no sólo se extiende a los territorios «históricos» (Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa, Lapurdi, Behe Nafarroa y Zuberoa, los tres últimos situados en
Francia) sino que aspira a la integración de Navarra (Nafarroa) y también, según
su art. 1.2, a la futura «agregación» pactada de «... los enclaves territoriales
que, estando situados en su totalidad dentro de su territorio, se manifiesten,
libre y democráticamente a favor de su incorporación». Subyace una idea que, por
más que se camufle como «integración» presenta inequívocos tintes imperiales de
los que no se libra el burgalés y controvertido Condado de Treviño cuyos
habitantes, según la página web de turismo de Álava, «...han debido sufrir una
cierta esquizofrenia administrativo-política durante largos siglos: viven en
medio de Álava, a 20 km de Gasteiz, pero no pueden vivir como alaveses».
El desarrollo de esa idea provincianamente imperial lleva a los redactores a
un nuevo acto de unilateralidad de enorme calado pues está prevista (art. 6) la
celebración de «convenios y acuerdos de cooperación entre ambas Comunidades», en
referencia a Euskal Herría y Navarra, con la obligación del «Estado» de
respetarlos «no resultando, por tanto, de aplicación a dichas relaciones, lo
dispuesto en el artículo 145 de la Constitución», que hemos de entender que es
la española. El desmarque constitucional alcanza a la posibilidad de que,
puenteado el art. 145 CE, puedan en el futuro los ciudadanos de ambas
comunidades decidir libremente la formación de una estructura política conjunta»
(art. 6.3), a cuyo fin se tendrá en cuenta la voluntad de vascos y navarros; en
ningún caso se contempla que España tenga nada que decir al respecto como,
igualmente, crea el Parlamento vasco, por sí y ante sí, una nueva sala del
Tribunal Constitucional (art. 16, Tribunal de Conflictos Euskadi-Estado) cuyas
competencias se extienden a «...dirimir la afectación al autogobierno vasco de
las Sentencias recaídas en procesos en los que no hayan sido parte» con
capacidad de discutir la aplicabilidad en Euskal Herría de tales sentencias,
estableciendo además el apartado 5º que otro artículo de la Constitución, en
este caso el 161.2 (que prevé la suspensión cautelar de las resoluciones
recurridas ante el Tribunal Constitucional) no tendrá vigencia en Euskal Herría.
Finalmente, baste con la mención del art. 26 («La organización judicial vasca
culminará en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi...») para que entiendan
que el Proyecto Ibarreche no es otra cosa que una propuesta de constitución
independentista que, curiosamente, sólo reserva al Estado Español competencias
en materia de Defensa y, limitadamente, en Asuntos Exteriores, para que
entiendan que lo que verdaderamente se propone es una secesión en toda regla por
la vía de adaptar la Constitución española a los particulares intereses de los
nacionalistas, dejando en manos de España sólo aquéllos servicios e
instituciones que supondrían una carga económica insoportable para una nación
recién advenida a la categoría de Estado. Los nacionalistas vascos parten de una
inquietante consideración: España estará dispuesta a cualquier sacrificio de su
dignidad con tal de mantener a las antiguas Vascongadas dentro de su territorio.
Frente a ello, a nosotros nos toca dejar a este país a una altura de dignidad
incompatible con el ninguneo a que nos vienen sometiendo, cuya manifestación
paroxística sería esa enloquecida solicitud de que busquemos un nombre para que
la selección española de hockey compita en el ámbito internacional sin
interferir la marcha de la selección catalana.
Parten los nacionalistas de que España está en disolución/liquidación y, en
tal contexto, las iniciativas catalana y vasca no son sino el preludio del
sálvese quien pueda final que conducirá a la desmembración del país en favor de
los territorios fragmentados de los que procedemos tanto nosotros como nuestros
socios europeos; la pérdida de cualquier idea de cohesión, claramente
evidenciada en las querellas interterritoriales por el agua de los ríos otrora
de España, supone un anticipo de la vuelta a taifas; un humorista lo señaló hace
poco en su viñeta: el tren del futuro (por el de Ibarreche) ha partido desde el
Siglo XXI y no parará hasta bien entrado el siglo XII.
Dejando de lado el disparatado recurso al art. 8 de la Constitución
(esperemos que no sean los propios vascos quienes desde la trinchera de enfrente
den lugar a su actualización práctica), algo habrá que hacer pues el rechazo del
plan por la cámara vasca no corta el camino, al contrario, a una futura alianza
nacionalista, sobre todo si, como resulta previsible, los radicales acaban
rompiendo amarras con ETA por pura extinción de ésta. ¿Habrá para entonces algún
político español que se deje de lindezas pactistas y asuma la iniciativa de una
respuesta por lo menos digna contra este despropósito? Porque españoles, por lo
visto, sólo quedamos cuatro: Arturo Pérez-Reverte, el maestro de gramática don
José Perona, José Antonio Martínez-Abarca y yo mismo; el resto, a lo que parece,
es carne de cañón equidistante, presa de esa parálisis intelectual que, bajo
capa de corrección (y por razones históricas que desbordan la extensión de este
texto), hace «incorrecto» que alguien se manifieste sobre algo tan indiscutible
como es la esencia y existencia de España desde antes de que estos secesionistas
recién advenidos hubieran considerado la idea de su secesión.
A mí, el Plan Ibarreche no es que me parezca mal sino que me parece
cumplidamente interesado, constitucionalmente inviable y, desde luego,
desventajoso para una España a la que sólo reservan el papel (el papelón, habría
que decir) del cornudo «consiente» y, a mayor abundamiento, apaleado.
José Muñoz Clares es ex miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia