LA VERDADERA AGENDA DE ZAPATERO

 Editorial de  la revista “Ojos de Papel” del 7-6-05

http://www.ojosdepapel.com/

 Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

El formateado es mío (L. B.-B.)

Con un muy breve comentario al final:

¡SE VAN A MAREAR! L. B.-B., 8-6-04, 16:30)

Prácticamente todos los analistas se hacen cruces con la estrategia seguida por Rodríguez Zapatero en la forma de abordar el cese del terrorismo vasco y la paz definitiva. Ha dado todos los pasos y señales significativas, no proceder a iniciar el trámite de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas y la moción aprobada en el Congreso para apoyar la posibilidad de negociar con la banda si esta deja las armas, mientras que, a cambio, ETA no ha tomado la menor iniciativa que dé a entender que acepta la invitación gubernamental, al contrario, ha respondido con bombas sin causar muertes, si bien por pura casualiad. En todas estas interpretaciones el denominador común ha sido que ETA era el centro del escenario, pero ¿y si no es la organización terrorista el primer objetivo del gobierno?

El coste de imagen ante la opinión pública pagado por el presidente Zapatero está siendo altísimo, pues ha supuesto dejar en suspenso el pacto Antiterrorista establecido con el PP, que había llevado, junto a otras medidas, a asfixiar a ETA y su entorno político, revigorizando de esta manera indirectamente al nacionalismo radical vasco, junto a la propia organización terrorista. Además, se ha enajenado de forma galopante el apoyo de la mayoría de las víctimas y de las asociaciones cívicas más combativas, que han pasado de la crítica y las censuras hasta llegar a una espectacular movilización que culminó el pasado 4 de junio en Madrid, cuando cientos de miles de manifestantes rechazaron el previsible precio político de una negociación de paz que, no es difícil advertirlo, se abonará en la otra mesa de partidos que acompañará a la destinada a la “desmilitarización” y los presos.

Visto así, el asunto parecería ser obra de una persona y un equipo que, además de sumamente ineptos, incurren en la negligencia de avivar un fuego que se estaba extinguiendo. Sin embargo, es factible plantear una interpretación radicalmente distinta que explique más racionalmente los movimientos del gobierno y el partido en el poder. Desde hace meses, se ha ido consolidando la posibilidad de abrir una negociación con la banda para el definitivo abandono de la violencia. Ningún gobierno renunciaría a explorar una oportunidad así, pero sin perder de vista ni los intereses generales ni la correlación de fuerzas ni el programa político ni el mantenimiento del partido en el poder ni comprometer, sino todo lo contrario, las futuras posibilidades electorales. Actuar en contra de estos criterios sería suicida. Este es el marco general que hace plausible la interpretación que contiene este editorial.

Los socialistas no han roto formalmente el pacto antiterrorista con el PP, se han limitado a presentar una moción en el Congreso de los Diputados, es decir, en la sede de la soberanía nacional, la única reconocida, en la que se acuerda que el gobierno lleve la iniciativa de las negociaciones si la organización terrorista ETA depone las armas. No ha habido un nuevo acuerdo entre partidos que sustituya al anterior, sino que los partidos independentistas, soberanistas y radicales (ERC, PNV, EA, IU, Bloque, Coalición Canaria y Nafarroa Bai, junto a otros menores) han certificado solemnemente en sede parlamentaria que la política respecto a ETA queda en manos del gobierno. Este, pues, ha maniatado a las minorías en un asunto capital. La maniobra táctica contó a su favor con la radical oposición del Partido Popular a dicha resolución, que fue explotada hábilmente por los socialistas, haciendo de su debilidad virtud, para que los partidos minoritarios, deseosos de dejar en completa soledad a los populares, no repararan que daban carta blanca al gobierno ante un problema del que creen poder extraer réditos a su favor. No es difícil plantear gráficamente el problema en el que se han metido: ¿qué capacidad de maniobra les queda a esos grupos si fracasa la oportunidad de la negociación porque ETA continúa con su maximalismo y los atentados y el gobierno retoma el nunca suspendido pacto antiterrorista? ¿qué le podrán reprochar al gobierno después de todos los gestos que, a costa de un elevado coste político, ha arriesgado?

Por otra parte, la enorme manifestación del pasado 4 de junio favorece objetivamente al gobierno de cara a una negociación. Aunque parezca un contrasentido, tiene más un mayor de maniobra para ceder poco, lo cual le sitúa en una mejor posición pues, como punto de partida, no tenía mucho que ofrecer, una vez que los nacionalistas de todo signo daban por hecho un nuevo y más amplio estatuto y la libertad de los presos, bazas que consideraban ganadas antes de comenzar el proceso. Ahora ya ha quedado claro que será muy difícil y costoso que aquellos que han cometido delitos de sangre puedan salir de la cárcel en un plazo breve. Si el gobierno cede en esta materia sin un arreglo satisfactorio en términos morales y políticos para la mayoría de las víctimas, en lo que están respaldadas como se ha visto por una buena parte de la sociedad española, reduce claramente su expectativas de éxito en futuras contiendas electorales.

Una vez maniatadas las minorías, el gobierno puede, sea cual sea el resultado de los contactos con los terroristas, continuar con su proyecto de reforma constitucional que la derecha está confundiendo con una crisis nacional cuando no es tanto un problema de este tipo en sentido estricto, aunque haya elementos que lo permitan pensar, como de caducidad del sistema político nacido en la Transición. El sistema no tiene eficacia porque carece de autoridad moral suficiente para la izquierda a la hora de afrontar la ofensiva nacionalista.

Para las nuevas generaciones, bien representadas por la sensibilidad intuitiva de Zapatero, ya no puede haber tabúes o restricciones que habiliten una democracia cuya virtud básica sea su carácter funcional. Para ellas existe un problema de orden superior, se trata de dotarle de contenidos morales que validen la legitimidad de la democracia que se quiere refundar y le permitan imponerse por su superioridad moral sobre las alternativas egoístas, insolidarias, particularistas y ventajistas que se presentan bajo la careta de la asimetría, el soberanismo, el unitarismo o el confederalismo.

No se puede negociar a la contra desde un sistema político surgido de las entrañas del franquismo y su herencia. Las necesidades y circunstancias de aquellos tiempos, que aconsejaron hacerlo así, ya que no cabía otra posibilidad, no están vigentes. La erosión constante del sistema por parte de los nacionalistas periféricos, ETA incluida, se ha venido basando en la ilegitimidad moral de ese sistema por razón de la forma de su alumbramiento y por las restricciones democráticas bajo las que nació (la amenaza golpista). El artículo VIII de la Constitución ha sido la vía de agua que ha ido agotando las posibilidades del sistema hasta empantanarlo en un proceso de ilimitado ejercicio de reclamación de mayores cuotas de poder que siempre acaban siendo insatisfactorias. La mayor virtud de la monarquía constitucional, la funcionalidad, se ha degradado casi por completo.

Zapatero se ha propuesto regenerar la democracia española, “republicanizarla” moralmente y articular el Estado bajo un sistema federal, con corresponsabilidad fiscal, evitando la insolidaridad y el separatismo, a fin de garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. Visto así, los nacionalistas tienen las de perder cuando la nueva democracia funcione a pleno rendimiento. Zapatero prescinde del término patria y el complejo entorno de sus sentimentalidades anejas. Cada ciudadano puede sentirse de dónde quiera y de tantos sitios como le apetezca, con lo que desactivado el principal motor que propulsa a los nacionalismos, periféricos y central, el de la identidad.

El problema de Zapatero es cómo llevar a cabo el proceso de regeneración y con qué elementos. Hasta ahora, el paso fundamental para dotar de contenido moral a la democracia española ha ido en la dirección de convertirla en una impugnación frontal del pasado dictatorial franquista y su represión. De ahí la política de gestos con la retirada de estatuas, reparación de los que sufrieron en Mauthausen, las pensiones para los “niños” de la guerra civil en enviados a la antigua Unión Soviética, el apoyo a la recuperación de la memoria histórica, etc. Son avances notables, pero aún queda mucho por delante y no sólo en el capítulo de las deudas de la derecha, ya que la izquierda tampoco ha reconocido su relevante contribución a los errores históricos que desataron la guerra civil.

El segundo gran problema de Zapatero es el material con el que cuenta para reorganizar el Estado y renovar la democracia española. Ahí está su punto más débil, sólo Maragall le puede ayudar si su pulsión nacionalista no le ciega, los demás, ERC, PNV, ya no digamos HB, van en dirección contraria, buscando aprovecharse de su debilidad parlamentaria y de los errores para construir sus propios Estados. Aunque condenen la violencia, la base de partida de estos grupos es que existe un “conflicto” en el País Vasco del que ETA no es más que una expresión. Para ellos, la negociación con la banda supone, por tanto, legitimar el conflicto, lo que implica contrapartidas políticas, no para satisfacer las aspiraciones terroristas sino para dar solución a una cuestión de calado “histórico”.

El tercer obstáculo, también capital, es el nacionalismo españolista de importantes sectores de la derecha, sobre todo al sector jacobino de publicistas y el aznarismo, más abierto y dúctil en términos comparativos que el primero. Aquí básicamente estamos ante un problema de inseguridad y miedo, a que se acabe arruinando el marco de referencias emocionales, de estabilidad política y de confianza vital que es España, y a perder la capacidad para ser alternativa real de gobierno, es decir, a que Zapatero esté tramando una “legitimidad excluyente” en términos parecidos a los de la Segunda República. De ahí procede esa corriente historiográfica reactiva que rehabilita al franquismo como mal menor y que reivindica el origen franquista de la actual democracia. De ahí, también, el desgarro y el tono apocalíptico de las predicciones de un futuro balcánico. Esas interpretaciones están erradas, la izquierda no es que sea antiespañola, por mucha distancia que mantenga frente al patrioterismo melodramático de las ondas y de alguna prensa, es que tiene enormes y comprensibles dificultades para defender en su integridad una monarquía constitucional nacida en unas circunstancias que ya no existen, pero que han fundado el sistema sobre unos valores morales endebles, quebradizos y caducos, que se han transformado en el factor principal de erosión del marco de convivencia nacido en la Transición.

Lo que Zapatero se propone construir es complejísimo y arduo, primero porque no parece tener un plan preciso y segundo porque no da la sensación de ser consciente de lo que esto significa, en términos de asunción de culpas, para la propia tradición política de la izquierda. Quizá la reacción de las víctimas del terrorismo le ayude a entender que la memoria es una calle de doble sentido, que no debe ser instrumentalizada como arma política. También le fallan parte de los materiales, es decir, los aliados políticos. Y, actuando desde los principios, ha quedado definitivamente claro respecto a la negociación con ETA que no se pueden hacer apaños o la memoria persiste y acaba lastrando lo nuevamente construido. Además de sus concepciones, con su ejemplo, Zapatero se ha vedado basarse en soluciones de conveniencia.

Muy breve comentario final:

¡SE VAN A MAREAR! L. B.-B., 8-6-04, 16:30)

Permítanme decirles con toda amabilidad que de tanto darle vueltas explicativas a la situación van a acabar rodando por el suelo. Los únicos que cuestionan la legitimidad de la democracia española actual son las minorías marginales de ERC y sectores de IU, junto con los nacionalismos soberanistas que nunca tendrán bastante hasta que consigan la independencia formal o real.

Por eso es un  error dejarse llevar por el soberanismo insaciable, los republicanos independentistas o por marginales que lo son porque el pueblo los considera como tales. La democracia española actual no puede ir a fundamentar su legitimidad a la Segunda República, reabriendo selectivamente las heridas de la guerra civil y rememorando sectariamente los errores de la derecha sin cuestionar los igualmente graves de la izquierda.

Intentar realizar ese empeño es un objetivo demencial, propio de sectarios irresponsables e ineptos. Y esa es la cuestión: ineptitud agravada por la influencia de tarugos grotescos que lo que pretenden es destruir la unidad del país, debilitando el Estado pàra acabar con él posteriormente.

En esta aventura no existe habilidad táctica, ni sentido del Estado, ni perspecrtiva estratégica: se trata de oportunismo irresponsable, inmaduro y sectario, que nos está encaminando a un laberinto sin salida.