EL PP ULTIMA UN PLAN PARA AUMENTAR LOS PODERES DEL ESTADO Y ZANJAR EL TRASVASE DE COMPETENCIAS

- Su propuesta de reforma constitucional, frente a la del PSOE, otorgará a la Administración central capacidad de acción en materias de las que se están apropiando algunas autonomías - Baraja incluir además una modificación de la Ley Electoral

 Informe de C. Morodo en “La Razón” del 17.05.06

 Por su interés y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web.

Madrid- La dirección del PP tiene ya bastante claro el esquema de la reforma constitucional que, en principio, prevé lanzar después del verano con grandes alharacas, dentro de su decisión de convertir el fortalecimiento de España en su principal bandera electoral. Una vez aprobado definitivamente el Estatuto de Cataluña, y constatado que es el patrón al que el PSOE pretende ajustar el resto de modificaciones estatutarias, Mariano Rajoy y su cúpula entienden que por posición y por principios el PP está obligado a presentar una alternativa que no puede ser otra que la de un cambio de la Carta Magna que dé respuesta a los «millones de españoles», no sólo votantes «populares», «que no quieren que España sea una confederación de naciones».
   Freno al «chantaje». Se estudia incluso reforzar la construcción de esta alternativa con una reforma electoral que responda al propósito de que el Congreso deje de ser en el futuro el lugar de «chantaje» de los partidos nacionalistas, que se sirven precisamente de las necesidades de apoyo del Gobierno central -como se está viendo en esta legislatura- para avanzar en su objetivo de que no haya Estado.
   Tanto en un caso como en el otro ha sido el propio Rajoy quien ha abierto el camino para que el PP se lance a abanderar estas delicadas iniciativas, ya que fue el primero en defenderlas públicamente -FAES, de hecho, lleva ya tiempo trabajando en la propuesta de modificación electoral.
   La gran apuesta afectará, según fuentes de la dirección «popular» consultadas por LA RAZÓN, al fortalecimiento mediante varios mecanismos de las competencias que ahora mismo ejerce la Administración central, incluso a costa de limitar facultades autonómicas que se están demostrando disfuncionales o que son de nueva acuñación al cobijo de la reforma territorial del PSOE. Los trabajos están en fase de borrador, pero se abordan con «a prioris» como el de que tienen que concluir en la definición de un catálogo específico y blindado de competencias exclusivas del Estado -el artículo 149 define un listado genérico que las comunidades pueden recortar, y así lo han hecho y lo están haciendo vía estatutaria, como ocurre con el proyecto catalán, mediante el uso del 150.2-. El PP propondrá suprimir este último, en la línea del informe del Consejo de Estado elaborado a instancias de Zapatero.
   La definición de la reforma constitucional se afronta también desde la decisión de que ha llegado el momento de que el Estado recupere competencias en materias en las que una descentralización maximalista está resultando ineficiente, como está probado con el caso de Medio Ambiente y con el ejemplo paradigmático de la ofensiva autonómica para arrogarse plenos poderes en el control de un bien común como es el agua. Educación es otro delicado asunto en el que el PP defenderá que aumente la capacidad de coordinación y de dirección de la Administración central, o incluso que, en respuesta a algunos de los nuevos estatutos, se vuelva a dotar de contenido al Cuerpo de Inspectores a fin de garantizar que en todas las comunidades se respeta el plan de enseñanzas comunes. El proyecto catalán otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en educación infantil, pero el catálogo de concesiones que el PP ha denunciado y que combatirá en su propuesta de reforma constitucional es muy amplio: cajas de ahorro, función pública, derecho civil, inspectores de Trabajo...
   Base para recuperar el consenso. Una modificación constitucional, como ley fundamental, tiene efectos jurídicos sobre el resto del ordenamiento, pero para salir adelante exige del acuerdo entre los dos principales partidos. Para el PP la inviabilidad de que pueda aprobarse sin contar con el PSOE no es argumento que quite sentido a su «obligación» de presentar una alternativa clarísima de fortalecimiento de España que sea su moneda de negociación para recuperar el consenso con los socialistas. Este discurso nacional, por cierto, tiene que manejarse con mano izquierda a nivel territorial para evitar herir sensibilidades entre los «barones» y que alguno, incluso, se salga de la línea oficial, en un contexto preelectoral delicado y en el que hasta el PSOE ha entrado en el juego de confundir el autonomismo con un proceso de centrifugación del Estado. En la cúpula, sin embargo, hay quienes creen que el cierre de filas ante un discurso «con tanta capacidad de atractivo y de futuro» es lo único que puede evitar a medio plazo una «explosión de reinos de taifas». La reforma constitucional también incluirá, por ejemplo, blindar Navarra de una negociación con ETA.