LA GUERRA DE LA FINANCIACIÓN REABRE LAS HERIDAS EN LOS FEUDOS DEL PSOE

Informe de Fernando Cancio en “La Razón” del 11 de mayo de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el informe que sigue para incluirlo en este sitio web.

Las comunidades socialistas plantan cara al Gobierno ante el modelo de reparto que propone Cataluña  - De la Vega asegura que se cumplirán los plazos del Estatuto y aboga por un consenso

Las regiones socialistas desoyen a José Luis Rodríguez Zapatero y airean sus quejas sobre el reparto de fondos.

Madrid- La guerra entre las comunidades del PSOE está servida. Nadie da su brazo a torcer en la dura contienda de la financiación autonómica, donde se han abierto varios frentes en los que cada uno defiende sus intereses. El modelo vigente es el de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), pero muchas regiones ven en él un régimen obsoleto con datos no actualizados, sobre todo, los referidos al número de habitantes.
Y aquí arranca la primera de las batallas: la de reformar el sistema o no. Entre quienes se oponen al cambio está el ex presidente del Gobierno, el socialista Felipe González, que ya dejó claro el pasado miércoles, en un artículo de opinión en «El País», que sería mejor aplazarlo «para un momento posterior» para que el Gobierno se centre «en la recuperación» económica. Sus palabras han sido el factor clave para reabrir las heridas entre los socialistas. Como era previsible, el presidente de la Generalitat, José Montilla, ha tardado poco en salir a la palestra. Alertó de los riesgos de aplazar el debate, «porque debemos resolver una situación clamorosamente injusta. Cataluña no puede esperar más». A esta reivindicación se sumó ayer la líder del PSC y ministra de Defensa, Carme Chacón, quien calificó la reforma de «urgente».

Y María Teresa Fernández de la Vega tuvo que terciar. La vicepresidenta primera aseguró ayer que se mantendrán los plazos de negociación que están previstos para alcanzar el nuevo modelo de financiación y apostó por el diálogo y el consenso, algo que, actualmente, no existe entre las regiones socialistas.

Entre los más reacios al cambio se encuentra el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que ha repetido en numerosas ocasiones que «no es el mejor momento» para afrontar la financiación autonómica con la situación de desaceleración económica que vive el país.

Exigencias

Sin embargo, en esta «guerra económica» hay otra batalla más dura incluso que la anterior: la de cómo reformar la Lofca, de forma que se agrade a todas las comunidades. Cada una pide más fondos y se niega a perder recursos. Y ahí es donde Cataluña se ha situado en el centro de todas las miradas con la intención de que se aplique el modelo de financiación pactado en su Estatuto, en el que se apuesta, entre otros aspectos, por las relaciones económicas bilaterales con el Estado. Además, apoya la idea de que, a la hora de repartir, se tenga en cuenta lo que aporta cada región a los ingresos estatales. Pero no está sola, ya que la Comunidad Valenciana y Baleares han mostrado su apoyo a la Generalitat.

Estas tres autonomías (dos socialistas y una popular) deberán hacer frente a las críticas y reivindicaciones de otras que creen que, de aprobarse el modelo catalán, saldrían perdiendo. Es el caso de Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, Aragón (todas socialistas), Castilla y León (PP) y Cantabria (PRC). Entre las críticas al plan catalán destaca la reducción del fondo de suficiencia sólo a los ámbitos de la Sanidad, Educación y Servicios Sociales.
La tensión entre comunidades del mismo color es patente desde hace varios meses, lo que obligó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a pedir a los suyos que solucionasen sus problemas «en casa», sin airearlos. Pero los problemas están ahí y día a día las comunidades sacan a la luz más quejas.

Una de las últimas en mostrar su enfado con las intenciones de la Generalitat ha sido Extremadura. Su presidente, Guillermo Fernández Vara, se mostró el pasado miércoles muy tajante y claro al respecto: «Si Cataluña toca nuestros intereses nos van a encontrar, y si quieren cambiar el modelo de financiación, entonces nos vamos a ver las caras». También se ha mostrado en contra Andalucía, primera comunidad en enviar al Gobierno su propuesta de financiación, en 2006. Esta autonomía se opone a que se tengan en cuenta las balanzas fiscales a la hora de repartir recursos y exige que se estudien factores como la densidad de la población, el envejecimiento de la misma, el peso de los ciudadanos en edad escolar o el de los menores de cuatro años. Incluso desde el PSOE andaluz han reclamado al presidente del PP de la comunidad, Javier Arenas, que le traslade a su homólogo valenciano, Francisco Camps, que su alianza con Cataluña y Baleares «no beneficia a Andalucía».

Pero las tensiones y discrepancias son mayores en el norte. Galicia y Asturias decidieron en abril plantar cara juntas al modelo catalán con el objetivo de defender sus intereses. Contrarias también estas autonomías a introducir en la pugna las balanzas fiscales, exigen que se tenga en cuenta el envejecimiento de la población, su dispersión o la orografía. Otras comunidades no tardaron en mostrar su acuerdo con gallegos y asturianos, como Castilla y León o Cantabria, que exigen también que se mantengan los baremos de solidaridad territorial y rechazan cualquier relación económica bilateral.

Así, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, rechaza un modelo que «en el mejor de los casos mantenga a la comunidad en una situación similar a la actual mientras otras mejoran». Para el popular, el debate se debe centrar en tres principios: el Fondo de Suficiencia para garantizar servicios públicos de calidad, el de solidaridad y el de Compensación Interterritorial. Todos se ven perdedores si se aceptan las pretensiones catalanas, pero el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, ya hizo hincapié en que «una relación bilateral a quien beneficia sólo es a Cataluña». «El problema de Cataluña no es el nuestro. La vida es así». Algo parecido opina José María Barreda. El presidente de Castilla-La Mancha considera que en Cataluña «quieren demostrar que ofrecen mucho y reciben poco, y eso es una falacia», informa Ep.

Por su parte, Aragón también defiende sus intereses y se postula en contra del modelo catalán. Su presidente, Marcelino Iglesias, que defiende que la financiación no puede basarse sólo en la población, reivindica la necesidad de tener en cuenta más factores como la dispersión, el envejecimiento, la superficie o el esfuerzo fiscal, ya que, de otra forma, sería «un modelo muy injusto». Por ello, insistió en que Aragón no apoyará ninguna fórmula basada exclusivamente en la población o la renta per cápita y mostró su esperanza de lograr un acuerdo con el Gobierno. Además, critica cualquier tipo de pactos bilaterales: «Estaremos en contra de que la financiación se imponga con criterios en los que se ponen de acuerdo dos».

Y en medio de esta batalla se encuentra el vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien hace un mes ya avisó de que «el problema es complejo» y de que los recursos a repartir son escasos. De momento, y pese a que la práctica totalidad de comunidades socialistas están en contra, prometió que el Gobierno cumplirá con el compromiso incluido en el Estatuto de Cataluña de que antes del 9 de agosto estén definidas las líneas del nuevo sistema para que entre en vigor el próximo año 2009. De esta forma, desoye las reivindicaciones de sus compañeros de partido.