ENCRUCIJADA AUTONÓMICA

 Editorial de   “La Razón” del 19 de diciembre de 2008

Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.

 

Zapatero y Montilla se citan para impulsar un modelo de financiación bajo sospecha

Los partidos del Gobierno Tripartito y CiU sellaron el pasado 2 de octubre una resolución conjunta que, con algún matiz, abogaba por desarrollar un sistema de financiación para Cataluña ceñido a lo que ya establece el nuevo Estatut. Era la denominada unidad catalana, un frente común que simbolizaba ante el Gobierno de la Nación la férrea defensa del acuerdo estatutario y su determinación de rechazar el modelo de una negociación conjunta de todas las comunidades. Ese pacto entre los partidos catalanes saltó ayer por los aires después de un deterioro progresivo de ese supuesto clima de entendimiento por las dificultades para cerrar la nueva financiación entre Montilla y Zapatero. En un clima de tensión y duros reproches mutuos, el tripartito, junto al PP y Ciudadanos, rechazó ayer en el Parlamento de Cataluña una moción convergente que recogía fundamentalmente los planteamientos ya conocidos sobre este asunto, mientras que los nacionalistas lograron también tumbar una enmienda de sustitución que modificaba su texto original. CiU achacó a la Generalitat que en estas semanas no ha sido capaz de pasar de las palabras a los hechos, que no ha existido una estrategia común y coordinada y que, pese a no haber avances,  los diputados del PSC apoyaron en Madrid unos Presupuestos Generales del Estado que no recogían el modelo de financiación plasmado en el Estatut. Lo cierto es que el pacto alcanzado el mes pasado entre Rodríguez Zapatero y Montilla para consensuar antes de fin de año el nuevo sistema ha encontrado serios obstáculos, después de otros dos incumplimientos de plazo por parte del Gobierno: el Estatuto catalán fijaba para el pasado 9 de agosto la fecha límite y tampoco hubo pacto a finales de noviembre, la otra fecha que en verano se dieron el Gobierno y la Generalitat. Parece ser que el presidente Zapatero quiere dar un impulso definitivo este fin de semana en un encuentro con Montilla, que acabe de perfilar los detalles centrales del pacto y la estrategia para trasladarlo a la opinión pública y al resto de las comunidades. Sin embargo, nos parece poco probable que el futuro compromiso pueda cimentarse en los preceptos básicos del Estatut como la bilateralidad o la asunción de todos los impuestos por parte de Cataluña. Sencillamente, una iniciativa semejante no debiera pasar el filtro de la constitucionalidad. Las dificultades que se han encontrado para concretar la nueva financiación demuestran que el Estatut ha sido precisamente el enorme pecado de origen que ha lastrado todo este proceso y lo ha abocado a un callejón sin salida, siempre que el Gobierno socialista no acepte atajos ni veleidades constitucionales. La bilateralidad choca frontalmente con principios supremos como la cohesión y la solidaridad interterritorial del país, lo que no quiere decir que el nuevo acuerdo no deba contemplar las correcciones precisas y atender las necesidades justas de Cataluña. La balanza fiscal negativa tampoco puede ser un argumento que refuerce los desequilibrios por ser un instrumento que sólo analiza parcialmente la realidad de las relaciones entre las autonomías y el Estado. De igual forma que con la bilateralidad,  creemos que no es posible ni conveniente una cesión de todos los impuestos, como reclama el Estatut, sino que habrá que limitarse a tramos del IRPF, porque el sistema impositivo es estatal y tiene que estar bajo el control del Estado.
Cualquier acuerdo que contemple y asuma preceptos inconstitucionales sólo alimentará el carácter insolidario de la financiación autonómica y condenará a la inestabilidad al actual marco de convivencia.