CON EL APOYO DE ETA

 Editorial de  “La Razón” del 31/12/2004

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

El Parlamento vasco fue ayer el escenario donde se fraguó la mayor amenaza contra el Estado de Derecho de nuestra breve historia democrática. ETA, con los votos de tres de los miembros de ese brazo político que Juan María Atutxa se negó a disolver, avaló finalmente el Plan Ibarreche y permitió que saliera adelante. El grupo proetarra jugó sus bazas con maquiavelismo y situó al régimen nacionalista ante un tablero con pocas certidumbres y todos los riesgos. ETA dio al PNV el leve empujón que le faltaba para abrazar la radicalidad. El grupo de Josu Ternera y Otegui mantuvo la incertidumbre hasta unas horas antes de la votación del plan para anunciar después de forma rocambolesca el respaldo de una parte de sus miembros al proyecto separatista e involucionista del lendakari.
   Así pues, la amenaza latente contra la estabilidad democrática y la convivencia pacífica se convirtió en una realidad doliente, en una maniobra de consecuencias ahora mismo poco previsibles. Sobre todo, después de escuchar la soflama del lendakari en la Cámara vasca, cuando proclamó que su plan «no tiene vuelta atrás» y que acabará en un referendum en aquella comunidad, que él sabe imposible.
   Ibarreche, por tanto, ha decidido atropellar abiertamente el ordenamiento jurídico arrogándose competencias de las que legalmente no dispone, para sacar adelante un proyecto excluyente y etnicista. Un plan de imposición de una minoría sobre aquel consenso mayoritario que supuso el Estatuto de Guernica, que ayer, como saludó Eguíbar, recibió el acta de defunción. Una iniciativa que no está al servicio del ciudadano, que no procura el interés general, sino el particular del régimen en el poder. Un texto unilateral del nacionalismo que supone acabar de un plumazo con la unidad de España, y que consagra para el País Vasco no sólo la condición de Estado, sino el derecho de autodeterminación, el ámbito vasco de decisión, la ciudadanía vasca o Poder Judicial propio, entre otros muchos aspectos de manifiesta inconstitucionalidad.
   De cumplirse las previsiones del lendakari, su plan será presentado ahora para su debate y aprobación en las Cortes Generales. Ahí llegará el turno de la responsabilidad y lealtad al orden constitucional de PSOE y PP. Y, aunque es cierto que las torpezas de los socialistas vascos con el Plan López han abierto toda clase de incertidumbres sobre el objetivo final de sus maniobras, la vicepresidenta Fernández de la Vega despejó ayer dudas: «El Plan Ibarreche es contrario a la Constitución y no debe ser aprobado».
   Asistimos, por tanto, a una acción de carácter involucionista contra el sistema que todos los españoles, incluidos los vascos, nos hemos dado, y es la hora de que el Gobierno, con el apoyo de los partidos democráticos, utilice, con firmeza, todos los resortes del Estado de Derecho para que la legalidad no resulte quebrada. No se pueden permitir vacilaciones ni oportunismos ni cálculos de política menor cuando nos jugamos tanto. El Ejecutivo está obligado a convertir su evidente debilidad política en fortaleza institucional y para ello debe ampararse en el otro gran partido nacional. Ibarreche ha decidido caminar de la mano con ETA por el sendero de la ilegalidad, pero, como la banda, también será derrotado.