SIN EL PP, EL "PROCESO DE PAZ" DE ZAPATERO NO PUEDE IR MUY LEJOS
Editorial de “El Semanal Digital” del 14.10.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web.
14 de octubre de 2006. Cada
envite, cada amenaza de ETA y su entorno relacionada con el "proceso de paz"
recibe una respuesta casi inmediata del presidente del Gobierno, y siempre en el
mismo sentido: anunciar una nueva cesión a favor de los terroristas. La última
muestra de esta actitud la representan las declaraciones de José Luis Rodríguez
Zapatero indicando que Batasuna podría ser legalizada con sólo cambiar de
nombre, sin necesidad de renunciar al uso de la violencia para perseguir sus
objetivos.
En efecto, mientras Batasuna siga siendo ilegal, difícilmente se va a poder
formar la mesa de partidos en la que se decidiría el futuro del País Vasco y
Navarra que constituye una de las exigencias fundamentales de los etarras para
mantener el "proceso de paz". El problema es que la Ley de Partidos Políticos
contempla la muy previsible añagaza del cambio de denominación como forma de
intentar burlar sus prescripciones, y señala expresamente que la prohibición de
un partido se extiende a cualquier organización que lo suceda.
Bajo semejante marco legal, las declaraciones de Rodríguez Zapatero sólo se
pueden calificar de incomprensibles. Como gráficamente ha dicho el secretario
general del PP, Ángel Acebes, suponen dar por derogada la Ley de Partidos
Políticos "por las bravas", algo de todo punto inaceptable en el presidente de
un Gobierno democrático.
Pero las palabras más importantes de Acebes han sido las que confirman que su
partido no está dispuesto a reconocer ninguno de los acuerdos que se alcancen en
esa futura mesa de partidos que quita el sueño a Rodríguez Zapatero hasta el
punto de llevarle a admitir lo que sería un verdadero fraude de ley. En tal
sentido ya se había manifestado el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, hace
algunos meses, para escándalo de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la
Vega, que le acusó, paradójicamente, de situarse fuera de la ley por negar a su
Gobierno la capacidad de representar al Estado en este asunto.
Ciertamente, mientras Rodríguez Zapatero sea presidente del Gobierno, sus
decisiones tienen fuerza suficiente para vincular al Estado. Sin embargo, la
esencia de la democracia es la alternancia en el poder, y nadie duda de que el
PP, ahora principal partido de la oposición, volverá algún día al Gobierno y
tendrá en su mano la posibilidad de revertir prácticamente cualquier concesión
que se haya hecho a los terroristas, e incluso de exigir responsabilidades por
aquellas que desborden la legalidad vigente.
La situación no es muy distinta respecto de otra de las grandes apuestas de
Rodríguez Zapatero, el nuevo Estatuto catalán. Una vez en vigor, buena parte de
sus novedades resultan inaplicables sin la modificación de múltiples leyes
estatales que una nueva mayoría parlamentaria podría volver a cambiar. Todo esto
explica bien el interés por marginar al PP de la vida política, que en los
últimos días ha alcanzado en Cataluña unos extremos profundamente inquietantes.