EL TORTURADOR
Artículo
de Alfonso
USSÍA en “La Razón” del 25/03/2005
Por
su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo
en este sitio web. (L. B.-B.)
Con un breve comentario al final:
CRISIS DE CAPACITACION (L. B.-B., 25-3-05, 19:30)
Para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco –ya se ha
jubilado el magistrado Zorrilla y recibido su premio de manos de Ibarreche y Azcárraga–, no es delito calificar de
«torturador» al Rey. Para dicho Tribunal, no existe el Artículo 490.3 del
Código Penal, cuya redacción es fácilmente comprensible: «El que calumniare o
injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina
consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la
Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones
o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a dos años, si la calumnia o injuria fueran graves, y con la multa de
seis a doce meses, si no lo son». Pues nada. Ni gravedad menguada ni multa. A
Otegui se le absuelve por respeto a su libertad de expresión, a pesar de que el
diarreico Tribunal considera sus palabras «ofensivas, impropias, injustas,
oprobiosas y ajenas a la realidad».
En tal caso no creo que los magistrados firmantes de la sentencia
consideren delito que un humilde columnista, como el que escribe, opine en
público que sus señorías son unos despavoridos, unos timoratos y unos
pusilánimes. Si llamar al Rey «torturador» no es delito, definir a los
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de «jueces estercolados » carece de importancia.
Por algo parecido se ha querellado contra mí y el que era
director de «ABC», José Antonio Zarzalejos, el que
fuera Presidente del Tribunal de Justicia del País Vasco, Manuel María
Zorrilla, por un artículo publicado
en el querido diario dos
años atrás. No recuerdo bien lo que escribí, pero algo tenía que ver con el
miedo. Lo
siento por el juez Zorrilla,
que ha perdido una buena parte de sus argumentos. Se manifiesta con el honor
herido por mi libre interpretación de un ataque de temor eventual y
probablemente pasajero, y por sus magníficas relaciones con el nacionalismo
vasco en el Poder. Ahí está la muestra. Premio al canto y agasajo del
«Lehendakari» Ibarreche y del consejero de Justicia
Azcárraga. Premio «Manuel de Irujo» por «su
lealtad institucional». Los
nacionalistas vascos no conceden premios gratuitos. Pero vuelvo a la faena que
le han hecho al juez Zorrilla sus compañeros. Si absuelven a quien llama
«torturador» al Rey, pocos argumentos le restan al magistrado Zorrilla por
haber sido tildado de miedoso. El honor de Zorrilla –y el mío a su lado–, no
están por encima del honor del Rey. Lo de Otegui ha sido una gravísima calumnia
y la Justicia ha decidido que no vale la pena empapelarlo. A partir de ahora, a
ver qué pasa. Resulta sorprendente que José Luis Gutiérrez, por hechos probados
reconocidos en la sentencia, haya sido condenado por criticar al difunto Rey de
Marruecos Hassán II, y Otegui se vaya de rositas
después de calumniar gravemente al Rey de España. Está demostrado. Insultar al
Rey en España no es delito, y criticar en España al Rey de Marruecos se
considera intolerable. Claro, que el anterior Presidente del Gobierno fue
públicamente señalado de «asesino» por los pancarteros
y el Fiscal no se enteró porque estaba reunido.
Era «Lehendakari» Carlos Garaicoechea cuando recibió con toda
pompa y circunstancia al Omán de Akimbabakwa, región
autónoma de Ghana, el Rey Osaguiefo Kuntinaku II. Su Majestad ghanesa, que se dejaba acompañar
por sus ministros de Economía y Exteriores, llegó solo al Palacio de Ajuria
Enea.
La noche previa, sus ministros habían sido detenidos por la
Gendarmería francesa en el casino de Biarritz por
hacer trampas en la ruleta.
Escribí del interesante asunto con el buen humor que el suceso requería.
Y sólo recibí una llamada adversa a mis razonamientos. Un
diplomático español, de parte del ministro, me
trasladó «su malestar y su queja
por haber tratado de forma despectiva al Rey Osaguiefo
Kuntinaku II, con quien España mantenía excelentes
relaciones». Así que llamar «torturador » al Rey de España no es delito en
España y escribir que Osaguiefo Kuntinaku II llegó a Ajuria Enea con una trompa de órdago
puede considerarse una falta grave. Esta nación nuestra –de todos,
nuestra, la de siempre, más de quinientos años nos miran–, es una nación
rarísima. Aquí los asesinos y sus cómplices pueden insultar al Rey. Pero a los
jueces no se los puede ni tocar. Aquí los asesinos y sus cómplices pueden
jalear los asesinatos y quemar banderas de España. Pero a los jueces no se les
puede decir ni mú. Aquí se puede herir el honor del
Rey, pero no el del Rey de Marruecos o de Akimbabakwa.
El primero no existe para los jueces. El segundo es delito grave, y el tercero,
falta considerable. Nada más. Enhorabuena al magistrado Zorrilla por su Premio
«Manuel de Irujo». Estoy seguro de que ha sido merecido.
Breve comentario final:
CRISIS DE CAPACITACION (L. B.-B., 25-3-05, 19:30)
España está sufriendo una crisis grave de
capacitación o idoneidad de sus élites para mantener en funcionamiento el
sistema democrático: todo es improvisación, chapuza, frivolidad y demagogia. No
sólo los jueces retratados por Ussía en el artículo que comento, sino también
los políticos y politólogos, y diversos sectores de las élites profesionales,
están revelando su obsolescencia para dirigir y mantener en funcionamiento el
país. Falta sentido del Estado y de los equilibrios imprescindibles y vitales
para la supervivencia del sistema democrático. Se siguen recitando cansinamente
las cantinelas de hace treinta años, sin que los cambios producidos en España y
el mundo sean capaces de alterar las sinapsis neuronales de los actores
políticos.
Visionemos:
Los actuales dirigentes del PSOE llegan al
poder interno haciendo una "limpia" del partido y despreciando a los
experimentados dirigentes "felipistas" de
la generación anterior; realizan una larga campaña electoral de dos o tres años
basada en la demagogia, la improvisación, la falta de principios ideológicos y
morales y la descalificación de la mitad de los españoles; abren un proceso de
reforma institucional básica sin saber a dónde dirigirse y buscando en
organismos técnicos la solución política a su falta de proyecto; gobiernan sin
fijar un rumbo, dejándose llevar como veletas por el viento, apoyándose en
alianzas demenciales y grupos marginales y desvertebrando la cohesión y
estabilidad del país a base de crear problemas gratuitos donde antes no los había.
Los políticos nacionalistas radicalizan sus
objetivos y estrategias recitando las mismas cantinelas de hace treinta o cien
años, mutilando los sentimientos de identidad de sus propios pueblos, negando
la historia e identidad común y estableciendo metas delirantes que
hundirán la democracia española en su conjunto y las de las nacionalidades en
particular. Lo que definen como una resurrección y la recuperación de un orden
violado por siglos constituirá un suicidio psicótico y estúpido de unos pueblos
empujados al despeñadero por élites delirantes.
Los redactores técnicos del plan Ibarretxe y del Estatuto de Cataluña están atascados en las
mismas propuestas constituyentes infantiloides de los recién ascendidos
PNNS de hace treinta años en las reuniones de los Departamentos universitarios.
Siguen igual, sus neuronas no han sido capaces de abrirse a horizontes más
amplios que Donosti o la Diagonal: no entienden el
autogobierno como igualdad territorial y cívica, sino como asimetría y
privilegio; se declaran federalistas, pero del arrebañamiento,
sin entender el equilibrio entre el centro y la periferia; definen técnicas
jurídicas para violar la Constitución y la lealtad; consideran la
plurinacionalidad de puertas afuera, para romper el equlibrio
cultural e idiomático de sus conciudadanos; se consideran progresistas, pero
están dispuestos a desentenderse de la racionalidad y solidaridad económica con
los demás pueblos de España; presentan balanzas fiscales y se olvidan de las
comerciales, financieras, demográficas y sentimentales.
En fin, pura y simple ineptitud de unas élites
incapaces de percibir la compleja realidad social de sus pueblos y de definir
los equilibrios sociales, económicos, políticos y culturales sin los cuales la
España plural resulta inviable y la democracia se hunde.